Todo dependerá del día del juicio. Si Jonathan Torres Farrat, de 17 años, dice delante del Tribunal Provincial de La Habana que se arrepiente, que efectivamente se retracta de cualquier cosa que haya hecho, cualquier mínima cosa, saldrá de la cárcel ahora y no con 25 años, cuando su hijo recién nacido tenga la misma edad de su sentencia. Este es el mensaje que el abogado le ha dejado saber a su madre, para que a su vez se lo haga llegar a él a la prisión. Es la noche del 21 de marzo y Bárbara Farrat se mece en un sillón en la sala de su casa, ubicada en la Calzada de 10 de Octubre, mientras afuera hay varios agentes que no le permiten salir a la calle. A las 8:23 PM comienza un video en directo a través de Facebook en el que dice: “Mi nombre es Bárbara Farrat Guillén, soy la madre del menor Jonathan Torres Farrat, el cual se encuentra preso hace siete meses”.
Con una rabia evidente que ha aprendido a contener, la piel llena de surcos a sus 33 años, las cejas tatuadas, el pelo trenzado y teñido de rojo desde la mitad hasta las puntas, Bárbara se ha convertido en un rostro familiar para los cubanos, como madre que es de uno de los menores de edad detenidos durante las protestas populares del pasado 11 de julio, las mayores ocurridas en la isla en más de seis décadas desde el triunfo de la revolución. Hasta entonces era manisera y su esposo también. Por años ambos tostaron los granos de maní, hicieron cucuruchos con hojas de papel, prepararon, según la demanda, maní salado o garapiñado. “Todo lo vendía acá en mi barrio. Tenía buena clientela”, dice. Después de la persecución de las autoridades cubanas, vive básicamente de ayudas y de la pensión que recibe por su condición de paciente seropositiva.
Días después de aquel estallido social único a lo largo de la isla, en el que participaron miles de personas, Bárbara, que nunca había estado involucrada en ningún tipo de resistencia política contra el Gobierno, se declaró abiertamente activista por los Derechos Humanos. “Hoy me declaro activista, porque este Gobierno destruye familias, este Gobierno no cree en su pueblo”, se le oyó decir en Facebook. Todo lo que el Gobierno ha atajado desde el pasado mes de julio es lo que Bárbara ha terminado siendo. Una disidente. Desde esa fecha, los padres de los detenidos en las protestas —la mayoría muy jóvenes— se han dividido en quienes prefieren no denunciar porque consideran que así no molestarán a sus hijos en la prisión; quienes han pedido disculpas públicamente en la televisión nacional y han mentido con tal de que los liberen o los dejen en paz, y quienes como Bárbara han decidido denunciar el estado de injusticia desatada contra los manifestantes. A unos y a otros Bárbara los entiende perfectamente. “No creo que la mejor solución es quedarse callados, pero son padres. Simplemente son padres”, dice.
Desde que Jonathan está detenido en la cárcel Jóvenes de Occidente en La Habana, conocida como Manto Negro, Bárbara ha hecho huelgas de hambre, ha renunciado a tomar su tratamiento para el VIH, ha convocado a ayunos por los presos políticos, ha denunciado los casos de otras madres de menores de edad detenidos tras las protestas, ha sido detenida ella misma por la policía, asediada, maltratada y amenazada con el destierro o con negarle las visitas a su hijo al penal, lo más importante que ahora mismo tiene. Esas visitas suelen ser, naturalmente, tristes. Unas veces asiste Farrat, otras su esposo y otras la pareja de Jonathan y su hijo. Jonathan es padre de un bebé que nació el pasado 27 de octubre, cinco meses después de que entrara a prisión. Farrat solicitó que Jonathan pudiera ir al hospital materno a reconocer a su hijo, pero le fue negado. Tampoco ha podido inscribirlo con sus apellidos. El día en que se conocieron, el bebé salió del hospital directo a la cárcel, y Jonathan no paraba de llorar. Los oficiales le permiten que los días de visita lo tenga en brazos durante el tiempo que dure la estancia. El resto de los familiares solo pueden darle un abrazo cuando llegan.
En el último encuentro de Bárbara con su hijo, Jonathan se había enterado de la petición fiscal de ocho años de privación de libertad por participar en la manifestación que comenzó en el municipio de San Antonio de los Baños, y que se extendió por varios territorios de la isla. Se le acusa de los delitos de desorden público, atentado y propagación de epidemias. Farrat llevaba un mensaje para su hijo de parte del abogado, el aviso de que su libertad inmediata dependía de su arrepentimiento el día del juicio. La respuesta de Jonathan fue precisa: “No tengo nada de qué arrepentirme. Si yo me arrepintiera, mi padre tal vez estuviera muerto”.
El 11 de julio del 2021, Jonathan cumplió 17 años. Mientras Bárbara estaba en casa preparando “algo rico de comida”, platanitos fritos, yuca con mojo, lo que más le gusta comer, el hijo salió a buscar al padre cuando supo que había estallado una manifestación en el barrio. Todavía Bárbara dice que su hijo no salió a manifestarse. Era su cumpleaños. Se lo ha explicado a la policía, a la Seguridad del Estado, al abogado. Pero los guardias cargaron con él. “Yo pensé que como es un muchacho iba a decir que se arrepentía, pero me dio una lección”, se le oye decir a Bárbara en su última transmisión en vivo. “Al punto que lo miré y le pedí disculpas y le dije que tenía la razón, que no tenía nada de qué arrepentirse. Tiene 17 años. Cada día me sorprende más”.
Hasta el momento se desconoce la fecha del juicio de Jonathan. “Se puede demorar lo mismo un mes, cinco meses, el tiempo que les dé la gana”, asegura Bárbara. Desde el estallido social, los tribunales cubanos han celebrado juicios a 519 personas, de un total de 1443 detenidos, de acuerdo con las estadísticas actualizadas del grupo Justicia 11J, integrado por ciudadanos que de manera independiente se unieron para rastrear nombres, edades, raza o lugar de residencia de las personas detenidas tras las protestas, a falta de información oficial, completa y transparente proveniente de las autoridades de la isla.
Aunque se han ido conociendo datos sobre esos juicios a cuentagotas. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Cuba (TSC) dio a conocer las sentencias contra 129 cubanos que participaron en las manifestaciones de La Habana y que estaban acusados por hurto y sedición: 31 de ellos fueron condenados a penas de entre 20 y 30 años de cárcel, 25 a entre 15 y 19 años de prisión y 48 a entre 10 y 14 años. Un acusado fue absuelto, y otro recibió una pena de cuatro años “de trabajo correccional sin internamiento”.
Los juicios militares y las sentencias ejemplarizantes de hasta 30 años de prisión han sido el mayor escarmiento a los manifestantes, sus familiares y los cubanos en general. Son un mensaje directo de lo que podría pasar si alguien se atreve nuevamente a tomar las calles.
“El abogado no quiso ser parte del circo”
Del 20 al 23 de diciembre se celebró el juicio de Walnier Luis Aguilar, a quien notificaron el 16 de marzo que estaba condenado a 23 años de privación de libertad por sedición, el delito por el que han impuesto sanciones más elevadas, de acuerdo con las autoridades, para quienes alteran “el orden constitucional establecido en el país” y ponen “en riesgo la seguridad del Estado”.
“Como no tengo abogado, la sentencia me la dio mi hijo. El abogado nos abandonó en el juicio, porque no quiso ser parte del circo que estaban armando. Tiró los papeles y me dijo que no me podía defender. No lo entendí en ese momento, pero después sí, porque los juicios eran un montaje. No se podía hacer defensa, no se podían enseñar las fotos de las golpizas que les dieron a los manifestantes”, asegura el padre de Walnier, Wilber Aguilar García.
En el momento en que estallaron las protestas, su hijo había ido a comprar malangas a un puesto situado en la Calzada de La Güinera, uno de los barrios de La Habana donde más personas han sido procesadas por manifestarse y el lugar donde murió a causa de un disparo de la policía Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, la única muerte reconocida oficialmente por las autoridades cubanas.
“Tengo testimonios oficiales de que la jueza que dictó la sentencia empezó a llorar cuando todo el mundo salió. No pudo resistir el dolor porque sabe que la injusticia que se está cometiendo es mucha. ¡La jueza empezó a llorar después que se acabó el juicio!”, dijo Wilber en uno de sus muchos videos en Facebook, donde denuncia la situación de su hijo y otros presos políticos.
Walnier, quien tiene problemas cognitivos, cumplió hace unos días en la cárcel 22 años. Es negro, alto, fornido. En las fotos, parece feliz junto a sus dos hijas, muy pequeñas pero que llevan la cuenta de cuándo toca visitar a su padre, y han sabido detectar el momento en que la familia prepara la bolsa de alimentos para llevar a la cárcel. “Extraño la unión de la familia”, dice Wilber. “Aquí están en juego muchas cosas, aquí está en juego la separación de un padre y un hijo, la separación de una madre y su hijo, de una esposa de su esposo y de sus hijas. Han destruido una familia”.
Por las denuncias que constantemente hace de la situación de su hijo y de otros presos en redes sociales, Wilber ha sido amenazado por la policía política cubana. “Yo he pasado por muchos acosos, intimidaciones, pero no me he doblegado. Han acosado a muchos padres, a abogados, las personas tienen miedo. Pero no hay una ley en este mundo que me pueda decir que no puedo defender a mi hijo”.
Para el día en que Walnier cumplió los 22 años, le pidió a su padre que comprara un cake y le cantaran felicidades. Hay un video donde aparece toda la familia y una música de fondo que suena: “Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz”.
¿Habrá amnistía?
Si el martes 22 de marzo Niurka Rodríguez García recibía una llamada de la cárcel, significaba que su hija, Yunaiky de la Caridad Linares, había depuesto la huelga de hambre que comenzó cuando supo que había sido condenada a 14 años de cárcel por participar en las protestas que tuvieron lugar en la barriada habanera conocida como la Esquina de Toyo. Recibió la llamada. Eso era un alivio. La policía cargó con Yunaiky no el 11 de julio, sino el 21, cuando un oficial de la Seguridad del Estado le pidió a su abuela, de 62 años, que le permitiera hablar con ella. “Dijo que la traía rápido, que era solo para hablar, y todavía la estoy esperando”, dice la madre.
El juicio a Yunaiky y a otros 32 manifestantes tuvo lugar a finales de enero, a puertas cerradas, con el acceso de solo un familiar y sin que permitieran la entrada de la prensa. Días después del juicio, la madre relató en Facebook que Yunaiky se había arrepentido de haberse subido a una patrulla policial a modo de protesta en su barrio, donde hubo confrontaciones entre militares y civiles y donde se reportaron disparos. No obstante, la joven de 24 años dejó claro ante el juez que no se arrepentía de haber salido a pedir libertad en una marcha pacífica.
Sus declaraciones bastaron para que las autoridades le prohibieran las visitas al penal y la bolsa de comida de cada semana. “¿Por qué?”, se preguntó la madre entonces en una publicación en Facebook. “¿Qué hizo? ¿A quién mató? Están tomando represalia con ellos y con los familiares. Métanse con todo menos con la comida, que ahí no se da tan buena comida como para quitarle lo que los familiares les llevamos”.
A Niurka la vida le ha cambiado desde que se llevaron a su hija presa. No duerme bien. Se la pasa pensando en cómo sacarla de ese lugar. “La veo fuerte y firme en sus ideales”, dice ahora, que le han permitido las visitas y que puede verla un día por semana en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao.
A Yunaiky también la acusan del delito de sedición. Según el exjuez cubano Frank Ajete, este delito ya no encuentra cabida dentro de los ordenamientos modernos. “Es un delito desfasado, lo que pasa es que la justicia tiende a ir mucho más lento que la sociedad. El cubano es un código penal que data del año 1986. El delito de sedición le ha venido muy bien a las autoridades cubanas en estas circunstancias, tiene castigos muy altos, castigos muy fuertes, le ha servido al poder para obrar dentro de una truculenta legalidad”, dice. “Luego, creo yo, esas penas serán conmutadas porque es mucha la presión internacional, y el Gobierno se lavará la cara. Si mañana el presidente dice que va a amnistiar a algunos presos, queda como un acto de benevolencia, pero con el recordatorio de que la próxima vez quizás no lo sea. Es una forma de dar un escarmiento dentro de una aparente legalidad”.
El día del juicio a los manifestantes de Toyo, varios familiares de los procesados fueron expulsados del Tribunal de Diez de Octubre por aplaudir lo que había dicho uno de los acusados en su defensa. Luego a muchos que protestaron junto a otros activistas a las afueras del lugar los detuvieron en la 11na Estación de San Miguel del Padrón. A los familiares de Yunaiky los liberaron luego de que su abuela se desmayara. “El juicio fue toda una farsa”, dice la madre. “Y ellos lo sabían todo desde el primer momento. Ya sabían qué hacer”.
A raíz de las injusticias cometidas en el marco de estos juicios, parte de la sociedad civil se ha dedicado a localizar los rostros y nombres de algunos de los jueces y fiscales involucrados. A estas denuncias, la Unión Nacional de Juristas de Cuba advirtió que todo aquel que intente subvertir la justicia será castigado con “todo el peso de la Ley”.
Una petición de 18 años de cárcel por gritar ‘El pueblo tiene hambre’
Actualmente se mantienen en cárceles cubanas 759 participantes de las protestas del 11 de julio, que estallaron en medio de una pandemia que ha dejado más de 8.000 muertes, un colapso del ya deteriorado sistema de salud y una escasez agravada por la nula llegada de turistas extranjeros a causa de las restricciones sanitarias. Como caldo de cultivo de las protestas también está el mayor acceso a Internet, los antecedentes de resistencia política como el Movimiento San Isidro o la canción como Patria y Vida, que les sirvió de himno a los manifestantes el día en que se tiraron a las calles.
Permanecen encarcelados, entre muchos otros, Yoan de la Cruz, de 26 años, la persona que hizo la primera transmisión en vivo de las protestas en Cuba, quien acaba de recibir una sentencia de seis años de privación de libertad. Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, condenadas a tres y siete años, respectivamente. Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, de 18 años, a quien le piden 15 años de prisión, cuya esposa ha dicho que en el juicio las autoridades ni siquiera sabían reconocer quién había participado de la marcha o quién había tirado o no una piedra. Las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez, de Placetas, Santa Clara, a quienes les piden ocho años en prisión. El licenciado en Matemáticas y Computación Samuel Pupo Martínez, de Cárdenas, cuya petición fiscal es de 18 años. Los tres hijos de Elizabeth León, a dos de los cuales la Fiscalía le pide 20 años de prisión. El adolescente Brandon David Becerra, con una petición fiscal de 18 años por gritar que “el pueblo tiene hambre”. Rowland Jesús Castillo, de 18 años, cuya petición fiscal es de 23 años de privación de libertad. Su madre, enferma de cáncer, no sabe cómo lidiar con tanto.
Son muchos más nombres, con edades y rostros. La mayoría de quienes están en prisión aún o han recibido altas condenas provienen de barrios marginales y de familias a quienes les cuesta llenar la bolsa cada semana. A estas familias las acompaña una parte de la sociedad civil organizada, que se ha dispuesto desde las detenciones a ayudar con la compra de alimentos. La familia del preso Andy García es la principal promotora del proyecto Ayuda a los valientes del 11J, que entrega bolsas de comida y aseo personal a los presos políticos, una especie de oasis en medio de la crisis generalizada que atraviesa el país.
Varias organizaciones internacionales y gobiernos han denunciado los juicios políticos a los detenidos a raíz de las protestas. Ante cualquier cuestionamiento, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel ha dado una respuesta: “Cuba es un Estado soberano, responsable por la defensa de su seguridad y su soberanía. No tiene que rendir cuentas a nadie más que a su pueblo. Los procesos penales se realizan bajo la observancia del principio de legalidad”, ha indicado. El gobernante, el mismo que dio la orden de atajar cualquier manifestación, aseguró a finales del pasado año que en Cuba “no hay presos políticos”.
Cuando Bárbara Farrat, la madre de Jonathan, habla del país que quiere, dice: “Una Cuba sin Díaz-Canel. Donde te puedas expresar, puedas defender los derechos de tu hijo, que no te metan presa por decir la verdad, que no te asedie la policía. Deseo una mejoría para el pueblo cubano, que el cubano no tenga que emigrar para tener una vivienda digna, para tener alimentos en el frío. Y el mayor deber de una madre es hacer que su muchacho sea un muchacho bueno. No es porque sea mi niño, pero yo creo que lo logré”.
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