La publicación del informe final de la comisión de la Cámara de Representantes que ha investigado durante el último año y medio los hechos que condujeron al asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, y, en particular, la recomendación efectuada por sus nueve miembros (siete demócratas y dos republicanos) de que el Departamento de Justicia procese al expresidente Donald Trump por cuatro delitos (incitación a una insurrección, conspiración para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso) ensombrece todavía más su panorama judicial.
La segunda mitad de 2022 ha sido nefasta para el exmandatario republicano en ese frente: empezó en agosto con la entrada y registro por parte del FBI en su residencia oficial de Mar-a-Lago, en Florida, en la que se buscaban (y se encontraron) cientos de documentos clasificados y secretos que Trump no tenía autorización para sacar de la Casa Blanca tras el final de su presidencia.
Los esfuerzos de Trump por entorpecer la investigación del Departamento de Justicia mediante el nombramiento de un maestro especial que bloqueara la misma mientras examinaba uno a uno cada documento intervenido, inicialmente amparados por una juez de distrito en una decisión embarazosamente mal fundamentada, fueron liquidados sin ambages por el Undécimo Circuito Federal de Apelaciones (la orden, para mayor escarnio, fue dictada por dos magistrados nombrados por el propio Trump —y otro por George Bush hijo—).
Anticipándose a la decisión del Undécimo Circuito y al dictamen de la Cámara de Representantes, el fiscal general Merrick Garland nombró en noviembre a Jack Smith, fiscal especializado en crímenes de guerra en La Haya, con la misión de concentrarse en la investigación de los papeles de Mar-a-Lago y de la insurrección del 6 de enero.
Por lo tanto, en cualquier momento con posterioridad a las Navidades podemos esperar del fiscal especial Smith una decisión sobre la incoación de un procedimiento penal en una o en ambas investigaciones (en principio, la relativa a los papeles de Mar-a-Lago debería ser la primera, dado que como investigación es probablemente menos compleja y está más avanzada).
Lo más llamativo, sin embargo, es que estas son solo las dos investigaciones más importantes, pero ni mucho menos las únicas, que pueden concluir en una acusación formal contra el expresidente Trump. Este mismo mes de diciembre se ha condenado a dos de las empresas de su grupo societario por fraude fiscal (un caso en el que Trump no estaba acusado, pero que puede acabar volviéndose contra él, especialmente una vez que, tras años de peleas, la Cámara de Representantes obtuvo este mes y ha decidido publicar sus declaraciones tributarias, que Trump, al contrario que todos los expresidentes antes de él, se había negado en redondo a hacer públicas). Dicha publicación puede abrir nuevos frentes judiciales contra él. Por otra parte, siguen en pie numerosas demandas de mujeres que acusan a Trump de agresión y/o acoso sexual.
Todo ello conforma, como digo, un panorama judicial muy sombrío, en el que las posibilidades de que Trump finalmente tenga que acudir a juicio son cada vez más elevadas. Tanto en el caso de los papeles de Mar-a-Lago como en el caso de la insurrección del 6 de enero los indicios contra Trump son bastante claros, al menos por los datos que se han hecho públicos hasta el momento.
A eso hay que añadir el hecho de que Trump no sería ni mucho menos el único acusado en ninguno de los dos procedimientos (de hecho, el Comité de la Cámara de Representantes ha recomendado el procesamiento de varios de sus colaboradores). Y el incentivo para éstos de obtener penas inferiores a cambio de delatar a sus superiores resulta evidente y sin duda será explotado por Smith y su equipo.
Y en mitad de esta jungla de potenciales querellas, apelaciones, mociones, y vistas orales, el expresidente anunció el mes pasado su intención de volver a presentarse a las elecciones de 2024, con dos intenciones ligeramente contradictorias entre sí.
En primer lugar, todo parece indicar que uno de los factores primordiales en la decisión de Trump de volver a presentarse es la creencia de que dicha decisión hace más difícil que el procesamiento se llegue a producir -aunque la trayectoria de Smith parece indicar que, si considera que tiene material suficiente para procesar al expresidente, el hecho de que éste se vaya a presentar nuevamente a las elecciones no va a inhibirle en modo alguno-.
Al mismo tiempo, si Smith acaba querellándose formalmente contra Trump en uno o ambos de los casos que hemos estado comentando, Trump confía al menos que un eventual procesamiento provoque que los votantes republicanos, como en las caravanas del Oeste de antaño, “le rodeen con sus vagones” y hagan causa común con él, creando un relato de “persecución política” con el que pretende influir en los Tribunales.
¿Puede alguno de los actuales casos impedir que Trump llegue a presentarse? Sí —porque, al menos en los dos supuestos que Jack Smith está investigando, una condena penal conllevaría al mismo tiempo su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público—, pero con un caveat importante: es prácticamente imposible que, por rápido que actúe el equipo de Smith, se puedan tramitar dos procedimientos tan complejos —especialmente el relativo a la insurrección del 6 de enero— de manera tal que haya sentencias firmes antes de noviembre de 2024.
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