Cuatro integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Nayarit enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en hechos relacionados con corrupción, amenazas e investigaciones por la posible venta de armas de uso exclusivo del Ejército a redes delictivas, informó la Fiscalía General del Estado.
En un primer caso, tres ahora exagentes fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de amenazas y cohecho.
La autoridad ministerial señaló en un comunicado que, eran investigados por posibles comunicaciones con grupos delictivos y por su probable responsabilidad en delitos contra la seguridad pública.
De acuerdo con la Fiscalía, durante las diligencias del 3 de junio los imputados habrían intentado frenar las investigaciones; luego de que “amenazaron de muerte y ofrecieron 15 mil pesos para que se dejara de indagar”.
Tras la audiencia, un juez determinó su vinculación a proceso, aunque dejó en libertad condicionada a Gustavo Alonso “N” y Luis Armando “N” quienes deberán firmar periódicamente, pagar una garantía de 10 mil pesos y permanecer suspendidos de sus funciones, además de tener prohibido acercarse a la Fiscalía y a las víctimas.
Roberto “N” fue enviado a prisión preventiva justificada, luego de que el juez consideró que existe riesgo de obstaculización del proceso y posible afectación a las víctimas y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.
En un segundo hecho, la Fiscalía informó sobre la imputación de Francisco Javier “N”, agente activo de la AIC, por cohecho dentro de una investigación por presunta venta de armas.
Según la autoridad, el 9 de junio fue intervenido durante diligencias relacionadas con la presunta comercialización de “armas de uso exclusivo del Ejército a una persona detenida y vinculada a una red delincuencial”.
El imputado presuntamente reconoció su participación en actividades relacionadas con la venta de armamento.
Durante esa intervención, “ofreció dinero a los agentes con la finalidad de evitar el ejercicio de sus funciones y la continuidad de los actos de investigación”, por lo que fue detenido en flagrancia.
Un juez de control validó la detención y dio paso a la imputación, aunque su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que la audiencia continuará el 16 de junio.
Mientras tanto, el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada, según lo determinó un juez de control.