Por Karina Cancino
Tepic.- El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculado a proceso por el presunto delito de falsificación de documentos, relacionados con una propiedad de 58 hectáreas en Aután, municipio de San Blas; esta es la cuarta vinculación que enfrenta el extitular del Ejecutivo.
Cabe recordar que ya está vinculado a proceso por dos presuntos delitos del fuero común -ejercicio indebido de funciones y delitos electorales-; y del ámbito federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y esta es la cuarta.
Mientras tanto el exmandatario se mantendrá en prisión preventiva justificada en el penal federal de El Rincón.
Sobre el actual caso, el 11 de noviembre de 2020 el exmandatario debía enfrentar un juicio civil por presuntamente adjudicarse 58 hectáreas en el ejido de Aután, municipio de San Blas, pero no se presentó ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia y en cambio sus abogados llevaron la copia de de un justificante médico que justificaba conjuntivitis, y por ello no pudo acudir.
A la par de este juicio civil se desahogaba la causa penal 850/2020, donde el denunciante Rubén Castillo se dolió de que en 2012, el ex mandatario falsificó su firma para apropiarse del predio ya mencionado, que era apto para cultivo y pastoreo; aunado a que se encontraba junto al rancho El Sueño, que el ex gobernador presumía como suyo, públicamente.
El predio en disputa, desde abril de 2018 se encuentra asegurado por la Fiscalía General del Estado, y forma parte de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contenidos en la carpeta NAY/TEP-IIICI/003/2018-.
El último listado de ejidatarios que mantenía el Registro Agrario Nacional (RAN) -con folio de reconocimiento de asamblea ejidal 181700006340- del 19 de octubre de 2017, reconocía a Roberto Sandoval Castañeda como el ejidatario 227, desde el 29 de marzo de 2015.
Hasta el momento la situación jurídica del exmandatario es de vinculación a proceso por tres presuntos delitos -dos del fuero común: ejercicio indebido de funciones; delitos electorales; y uno del fuero federal por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se mantendrá en prisión preventiva justificada hasta que terminen las investigaciones complementarias, que cada una tiene como plazo 4 meses; pero se sabe que interpuso un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito de amparo en materia penal con sede en Tepic, para seguir el proceso en libertad; será hasta el 29 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia para conocer si es amparado o no.
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