El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha pedido este domingo “que nadie se equivoque”: cumplirá el “mandato claro” que recibió en las elecciones de noviembre ―tras las que su partido, el Likud, gobierna con la extrema derecha y los ultraortodoxos― y que incluye la aprobación de una propuesta de reforma judicial que ha generado uno de los mayores movimientos de protesta de la historia del país. “El hecho de que durante dos meses enteros nuestros reiterados llamamientos al diálogo no hayan recibido respuesta de la oposición prueba que no le interesa la reforma, sino crear anarquía y derrocar al Gobierno electo. La reforma es solo una excusa”, ha señalado al inicio del Consejo de Ministros semanal, en un discurso lleno de críticas a los medios de comunicación.
Netanyahu ha pronunciado estas palabras medio día después de otra protesta masiva, en la que participaron entre 250.000 y 300.000 personas, según los cálculos de medios locales (500.000, según los organizadores) en distintos puntos del país, con Tel Aviv como epicentro. Los manifestantes ya han adelantado que el miércoles tratarán de evitar que Netanyahu llegue al aeropuerto de Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, para volar a Berlín, como ya intentaron ―sin éxito― el jueves cuando viajó a Roma. Para el próximo jueves, han convocado a su vez otro “Día de la Resistencia”.
Protesta en Tel Aviv contra la reforma judicial, el sábado.JACK GUEZ (AFP)
La reforma busca debilitar al Tribunal Supremo, permitir que el Parlamento tumbe algunas de sus decisiones y cambiar el sistema de elección de los magistrados de la corte en beneficio del Gobierno. El Ejecutivo la defiende como una forma de dar más poder a las instituciones democráticamente electas frente a un Supremo al que consideran político e intervencionista, mientras que sus detractores ven un ataque intolerable a la separación de poderes con el objetivo de eliminar cortapisas al Ejecutivo.
Este domingo se debaten dos enmiendas clave de la iniciativa en la Comisión de Constitución, Ley y Justicia del Parlamento, a la que han regresado tras ser aprobadas el mes pasado en el pleno en primera lectura (de tres). Las otras dos tendrán lugar previsiblemente antes de que acabe el mes, salvo que se aplacen al siguiente periodo de sesiones parlamentarias para dar cabida al diálogo.
El jueves, en un discurso a la nación, el presidente del país, Isaac Herzog, pidió al Gobierno que retire la propuesta porque pone en riesgo “los fundamentos democráticos del Estado de Israel”. Este domingo, Amijai Shikli, ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo y de Justicia Social, ha respondido que ese discurso fue “histérico”. “Respeto mucho al presidente, pero su discurso del jueves fue histérico y no contribuyó a calmar las cosas […]. Desafortunadamente, está funcionado la presión que hacen sobre él. Lo correcto habría sido que se expresase de forma más moderada”, ha declarado Shikli, del partido derechista Likud que lidera Netanyahu, a la radio militar israelí. Herzog proviene políticamente del laborismo, que se opone a la reforma judicial. Su papel como presidente es principalmente representativo, pero puede arbitrar en las crisis políticas en la forma que considere más beneficiosa para el conjunto del país.
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Israel lleva más de dos meses de manifestaciones en las que han participado cientos de miles de personas. Cientos de reservistas han anunciado además que cumplirán solo los cometidos mínimos o no participarán en los entrenamientos, pese a que el ejército, la institución más respetada de Israel, suele quedar al margen de las trifulcas políticas.
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