Un tribunal de Ecuador negó el miércoles el recurso de fianza solicitado por la defensa del informático sueco Ola Bini, quien seguirá en prisión preventiva por el presunto delito de vulneración de sistemas informáticos del Estado y por su relación con el fundador de WikiLeaks Julian Assange.
La jueza Yadira Proaño, del tribunal de alzada de la Corte Nacional de Justicia (Supremo) que estudio la solicitud de caución, negó el recurso por considerar que la Fiscalía aún no ha podido determinar cuáles son las víctimas fácticas del delito por el que se investiga a Bini.
Por esa razón, comentó la jueza Proaño al finalizar la audiencia del miércoles, no ha podido calcular el monto de una eventual reparación integral (indemnización) por el delito relacionado y con la que se podía fijar la fianza.
Además, aceptó la posición fiscal que advertía de una total falta de colaboración de Bini con la indagación, al negarse a entregar los códigos para que las autoridades puedan descifrar cierta información encriptada de los ordenadores que se le fueron incautados el día de su detención.
Con la negativa de fianza, el informático sueco de 36 años seguirá en una situación de prisión preventiva, con fines de investigación, en la que se encuentra desde el pasado 11 de abril, cuando fue detenido.
José Charry, abogado de Bini en Ecuador, aseguró que “no existe un motivo jurídico” para que se le haya negado la fianza, lo que es “una frustración” para la defensa jurídica del sueco que, según el letrado, ha padecido de una “continua vulneración de derechos”.
El informático sueco, agregó, es también “víctima del poder del Estado” y del mal trabajo de la Fiscalía, que aún no ha podido determinar cuáles son los sistemas informáticos estatales que fueron supuestamente vulnerados por Bini.
Charry se mostró preocupado porque en la audiencia del miércoles no se argumentó que se negaba la fianza por inadmisible, sino porque la Fiscalía no ha entregado aún la lista de las presuntas víctimas del delito que se investiga, lo que supone -a su juicio- que el Ministerio Público “no ha hecho bien” su trabajo.
Ecuador detuvo a Ola Bini el mismo día que puso fin al asilo de Julian Assange, bajo la premisa de que ambos pudieron formar parte de una red que vulneró la integridad de los sistemas informáticos del pequeño país suramericano.
Además, la amistad de Bini con el fundador de WikiLeaks fue esgrimida por la acusación fiscal, así como una supuesta falta de colaboración del sospechoso y la cantidad de literatura informática y equipos tecnológicos decomisados en su detención y en el allanamiento a su vivienda en Quito.
La detención del informático ha despertado críticas de varias ONG de derechos por la libertad de expresión y prensa, así como una petición de explicaciones por parte del Gobierno de Suecia.
El pasado 7 de mayo un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria solicitó al Estado ecuatoriano que proporcione información sobre la detención y advirtió de que expresará públicamente sus “preocupaciones” sobre el caso.
El propio Bini también ha escrito una carta al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en la que le solicitaba que se esclareciera su situación, y en donde le instaba a conocerle y conocer el trabajo que hacía antes de su detención.