El jurista e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, dijo que la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años más, aprobado la víspera por el Senado de la República, es un “tema crítico” que denota una falta de respeto por la Constitución y un “llamativo descuido” en el proceso legislativo.
Confió en que en la Cámara de Diputados será corregido este artículo transitorio y, en todo caso, si el caso llegara a la propia SCJN sería rechazado por unanimidad por ser inconstitucional.
“Pensar que un artículo transitorio de una ley ordinaria puede modificar el contenido de dos artículos constitucionales es realmente un acto de ignorancia y podemos estar seguros de que en la Cámara de Diputados esto no será aprobado, y si lo fuera podemos estar seguros de que por unanimidad, así lo afirmo categóricamente, en la Corte se declararía inconstitucional esa adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, mencionó durante una entrevista con Aristegui en Vivo.
Valadés, quien fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, enfatizó que “no hay duda alguna” de que el artículo 97 de la Constitución establece que el período del presidente de la Corte es de cuatro años improrrogables y en el artículo 100 se establecen los periodos de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Estoy convencido de que en algunos casos, y éste es uno muy evidente, se están tomando decisiones de manera precipitada poco reflexionada y sin tener en cuenta un referente fundamental que es la Constitución, pero por otra parte me da mucho gusto que sea la sociedad y en particular los medios de comunicación quienes se preocupen más en este momento por la Constitución que algunos de nuestros legisladores”, apuntó, aunque destacó que hubo voces en el Senado que se pronunciaron en contra.
El jurista hizo énfasis en que tanto el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, como los ministros no pueden pronunciarse en estos momentos sobre el tema, ya que sería prejuzgar sobre procesos legislativos o leyes en trámite y ello afectaría su análisis de la constitucionalidad de esas leyes, en caso de que les toque decidir al respecto.
No obstante, aclaró que el comunicado del CJF lo “dice todo” ya que expresa su sorpresa frente a la adición y precisa que la misma no formó parte del proyecto original en el que sí intervinieron integrantes del Poder Judicial Federal. Calificó el pronunciamiento como “sensato” y “oportuno”.
Dijo que el argumento del senador del Partido Verde Ecologista, Raúl Bolaños-Cacho Cué (quien presentó la propuesta) es “sorprendentemente frívolo” y de “una enorme ligereza”, ya que decir que la pandemia ralentizó el trabajo de la SJCN y por ello hay que darle un “tiempo de compensación” a su presidente es una “mala broma” y es jugar con la Constitución de manera muy irresponsable.
Si se aceptara este argumento, dijo, se podría aprovechar para pedir una ampliación de período a otras autoridades electas: “Tampoco creo que tenga ese segundo propósito de generar un espacio para otra hipotética prórroga de mandato en otros niveles del poder público mexicano”.
Aplaudió la rapidez con la que los medios de comunicación y las redes sociales reaccionaron ante esto, aunque la “opinión dominante” no sea adversa a la propuesta.
“Han convertido a las víctimas en victimarios y parece como si fuera el Poder Judicial Federal, los integrantes del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte, los que estuvieran interesados en prorrogar su mandato y quienes hubieran propiciado, patrocinado o consentido este acto de desacato a la Constitución. Eso no es así, categóricamente no es así, pero sí ha sido ese una parte del efecto que tuvo ayer y que está teniendo hoy. Ojalá que la sensatez prevalezca”, aseveró Valadés.
Recordó que en 2016 se prorrogó el período de varios de los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que también es inconstitucional. Sin embargo, entonces se adujo que si bien los magistrados habían rendido protesta, no habían empezado a desempeñar el cargo, lo que ahora ni siquiera ocurre.
Descartó que exista un paralelismo con la intención del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de ampliar su mandato porque en este caso “el agraviado es el Poder Judicial Federal, a quien se exhibe de manera que no merece”.
En torno al aval del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo aprobado en el Senado, matizó que al no ser abogado no se le ha explicado lo que dice la Constitución: “Estoy seguro de que cuando el presidente de la república conozca sus preceptos tendrá que modificar su opinión”.
No obstante, dijo que calificar como “conservadores” a quienes se han manifestado en contra de la reforma “es una forma de ir generando estigmas que penetran en el animo de la sociedad”.
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