La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, consideró improcedente presentar una controversia constitucional contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara obras del gobierno federal como asuntos de seguridad nacional.
A través de su cuenta de Twitter, la ministra en retiro argumentó que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”.
El pasado 25 de noviembre 53 senadores de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, así como del grupo plural, exhortaron a la presidenta del Senado impugnar el decreto presidencial, al considerar que viola la Constitución y atenta contra la división de poderes.
“Desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado”, sostuvo Sánchez Cordero, aunque reconoció que “lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial”.
Explicó que “otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”.
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En su mensaje en redes, Sánchez Cordero expresó que “la presidencia del Senado representa la unidad”.
“Y esto implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos”.
El acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de este año, “declara de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno federal.
Con este propósito, ordena a todas las dependencias otorgar la “autorización provisional” a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras.
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Especifica que en esta categoría entran todos los proyectos de infraestructura del gobierno federal en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
Al siguiente día de su publicación diputados federales de la coalición ‘Va por México’ anunciaron que presentarán una controversia constitucional ante la SCJN contra el acuerdo que “declara de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno federal, el cual llaman ‘decretazo’.
Los dirigentes de las bancadas del PRI, PAN y PRD afirmaron que no se van “a quedar de brazos cruzados” ante una acción del titular del Ejecutivo Federal que calificaron como “autoritaria”.
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Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó la publicación del decreto y señaló que evade diversas normas constitucionales y legales que tienen como objetivo “proteger los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos”, entre otros.
Ante esta situación, el Consejo hizo un llamado “a defender la legalidad y el Estado de Derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones”.
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