“Nuestra economía está loca: los intermediarios ganan más dinero que los productores”

Los agricultores dedicados a las naranjas, los limones y las mandarinas están aterrados. El dragón amarillo, la enfermedad más devastadora de los cítricos, aporrea las puertas de España. La peste, desatada por una bacteria, ya aniquila los árboles de Asia, África y América. El microbio amarillea las hojas y deforma los frutos, provocando además un sabor desagradable, entre amargo y salado, que arruina las cosechas. No tiene cura. Solo en Florida (EE UU), la plaga ha provocado pérdidas de más de mil millones de euros.

La bacteria del dragón amarillo no viaja sola, sino a lomos de la psila africana, un diminuto insecto con alas de origen subsahariano. En 2014 sonaron todas las alarmas. El insecto se detectó por primera vez en el continente europeo, en las comarcas gallegas de A Barbanza y de O Salnés, a ambos lados de la ría de Arosa. El Ministerio de Agricultura preparó en seguida un plan de contingencia y autorizó el uso de un insecticida, el tiametoxam, para luchar contra el bicho alado portador del microbio y evitar una catástrofe que dejara los supermercados sin naranjas, limones y mandarinas.

El tiametoxam es el paradigma de la encrucijada en la que se encuentran los pesticidas en el mundo. En 2013, la UE restringió el uso de este insecticida en aplicación del principio de precaución, por sus presuntos efectos sobre las abejas. Hace poco más de dos meses, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) confirmó que el tiametoxam supone un riesgo para las abejas “en general”. Y, este viernes, la UE ha decidido prohibir totalmente su uso al aire libre. Mientras tanto, la empresa pública ChemChina, controlada por el Partido Comunista chino, puso 39.000 millones de euros sobre la mesa para comprar la multinacional suiza Syngenta, la propietaria del tiametoxam.

El mismo pesticida es un veneno según Greenpeace, un insecticida aceptable en algunos usos según la EFSA y una joya geoestratégica para China, el país que vio nacer la peste del dragón amarillo. Con 1.400 millones de bocas que alimentar, China no renuncia a nada. Abandera el cultivo de plantas transgénicas, demonizadas en Europa, y compra la I+D agrícola mundial. ChemChina también ha adquirido la israelí Adama, el imperio mundial de los pesticidas genéricos para plantas: herbicidas, insecticidas y fungicidas.

“Hay que regular los fitosanitarios, pero no ser tan estrictos que nos los carguemos todos. Impides la producción agrícola europea y facilitas la importación de alimentos de países terceros a los que no se les exigen los mismos requisitos”, lamenta José Ramón Díaz, ingeniero agrónomo de Asaja, la mayor organización agraria de España, con más de 200.000 afiliados. La familia de Díaz tiene olivos en Cuenca. Están muy preocupados por la bacteria Xylella fastidiosa, apodada en los medios de comunicación “el ébola de los olivos”, que ya ha arrasado un millón de árboles en Italia y se extiende desde hace pocos meses por España. La enfermedad, diseminada por la cigarra y otros insectos, tampoco tiene tratamiento fitosanitario todavía. Bruselas recomienda arrancar los olivos en 100 metros a la redonda de uno infectado.

La propia UE presume, con razón, de que sus leyes sobre pesticidas son “las más estrictas del mundo”. En 1991, la Comisión Europea comenzó a reevaluar los ingredientes activos presentes en los mercados europeos. Desde entonces, las autoridades han aprobado 429 y han rechazado 828. Hace dos años, la principal agrupación de agricultores europeos, Copa-Cogeca, presentó un informe que alertaba de que nuevas condiciones, cada vez más exigentes, podrían significar la retirada de otras 75 sustancias activas. El documento dibuja una debacle. Sin estos pesticidas, asegura, los rendimientos de los cultivos caerán un 92% en zanahoria, un 60% en manzana, un 65% en pera, un 40% en aceituna, casi un 40% en tomates y cítricos y un 15% en cereza.

Sin embargo, la organización ecologista Greenpeace exige más prohibiciones hasta “llegar progresivamente a un futuro de agricultura ecológica, 100% libre de pesticidas químicos”, según explica su portavoz, el filósofo portugués Luís Ferreirim. La ONG ha encabezado durísimas campañas contra tres insecticidas —imidacloprid y clotianidina, fabricados por Bayer, y tiametoxam, de Syngenta, los tres prohibidos el viernes por la UE para su uso al aire libre— y contra el glifosato, el herbicida más utilizado del planeta. El glifosato, libre de patente, versátil y barato, se usa contra las malas hierbas en campos de cereal, frutales, olivares, viñas y cultivos industriales. Se emplea en casi cuatro millones de hectáreas en España, el 28% de la superficie de cultivo, según los datos de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA).

“La UE, claramente, no podría vivir sin usar pesticidas. Tendría que importar todos los alimentos”, sostiene José Vicente Tarazona, un veterinario español al mando de la unidad de pesticidas de la EFSA. “Yo no me imagino una Europa en la que no tengamos un buen jamón de bellota o un buen chorizo, en la que todo sean hamburguesas de vacas americanas. Creo que producir alimentos en Europa es fundamental y que, hoy por hoy, depende en parte de la utilización de pesticidas, sea en agricultura ecológica o convencional”.

Pese a su fama, efectivamente, la agricultura ecológica también utiliza pesticidas tóxicos, como el cobre, el azufre y el spinosad, un insecticida de origen natural y dañino para las abejas. “Los pesticidas, como los medicamentos, cuanto menos se usen, mejor. La situación ideal es que tuviéramos medicamentos que curasen todas las enfermedades, pero que nuestra salud fuera tan buena que nunca tuviéramos que utilizarlos. Con los pesticidas es lo mismo”, reflexiona Tarazona.

El veterinario recuerda haber visto en un documental en televisión el caso de un pueblo de Latinoamérica en el que los terratenientes fumigaban sus inmensos monocultivos con herbicidas desde avionetas, que incluso sobrevolaban escuelas. “En España tendrían a la Guardia Civil en la puerta en 10 minutos”, asegura Tarazona. Una directiva europea de 2009 prohíbe la pulverización aérea de pesticidas, salvo autorizaciones excepcionales, como las concedidas en España por plagas de procesionaria en los pinares. En países como EE UU, Argentina y México sí es habitual fumigar desde el aire.

El debate sobre los pesticidas es radicalmente diferente fuera de la UE. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamamiento en julio de 2013 para “acelerar la retirada de plaguicidas altamente peligrosos del mercado en los países en vías de desarrollo”. Días antes, 23 niños murieron en un pueblo de Bihar (India) tras ingerir en su escuela un almuerzo contaminado con el insecticida monocrotofós, prohibido en la UE. El colegio cocinaba con aceite almacenado en un antiguo envase del producto.

“Desde el punto de vista de los pesticidas, es más seguro comer en Europa que en cualquier otro sitio del mundo”, zanja Tarazona. La EFSA, recuerda el veterinario, coordina un programa europeo de vigilancia de residuos de plaguicidas en alimentos. En el último informe anual, con datos de 2015, casi el 99% de las 2.186 muestras analizadas en España cumplían los límites máximos permitidos por la ley. Las excepciones suelen estar relacionadas con topes fijados para garantizar la seguridad del operario en el campo. “En los últimos años no hemos encontrado ninguna razón de preocupación para los consumidores por residuos de pesticidas”, subraya Tarazona.

La exposición crónica a pesticidas se ha relacionado con trastornos del desarrollo, con la esterilidad y con varias enfermedades como el cáncer, sobre todo en agricultores y en mujeres embarazadas y niños de comunidades agrícolas, según recordaba un reciente editorial de la revista médica The Lancet. La Organización Internacional del Trabajo calcula que un 60% de los niños que trabajan en el planeta lo hacen en la agricultura. Además, 250.000 personas cada año ingieren pesticidas como método de suicidio, según cifras de la OMS.

La abogada turca Hilal Elver, relatora especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, ha reconocido en un reciente informe que “resulta sumamente difícil demostrar la existencia de un vínculo definitivo” entre la exposición a los plaguicidas y la aparición de enfermedades o de daños en los ecosistemas. “Esta dificultad se ha visto exacerbada por una negación sistemática (alimentada por la agroindustria y la industria de los plaguicidas) de la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas, y las tácticas agresivas y poco éticas empleadas en el ámbito de la mercadotecnia se siguen sin cuestionar”, denuncia la relatora.

“Todos queremos que los fitosanitarios sean de bajo riesgo para el operario, que no aparezcan residuos en los alimentos y que no haya impactos en el medio ambiente”, afirma el ingeniero agrónomo Carlos Palomar, director general de la patronal española AEPLA, que representa a fabricantes de fitosanitarios como Bayer, Syngenta, Monsanto y Basf. “Los productos europeos tienen total garantía. Es una pena esta histeria, esta deriva histérica, de prohibir cualquier cosa con el principio de precaución. El riesgo cero no existe”, opina.

Palomar pone el ejemplo de un cultivo de lechugas. Nadie quiere pulgones en su ensalada. Y la mejor solución hasta ahora, según el ingeniero, son los insecticidas ahora restringidos por sus presuntos efectos colaterales sobre las abejas. “Los quieren prohibir, pero nunca hay abejas en un campo de lechugas”, señala Palomar.

El sector factura 1.100 millones de euros al año en España. Según AEPLA, para desarrollar una nueva sustancia activa se necesita una inversión de unos 250 millones de euros, más casi una década de investigación. “En la UE se están eliminando sustancias en las que se ha hecho una inversión tremenda en I+D”, lamenta el director general.

Palomar enumera plagas hijas de la globalización, inexistentes en España hasta hace unos años. La mosca de alas manchadas, autóctona de Asia, apareció por primera vez en Europa en Tarragona, en 2008, y se ceba con las cerezas, que preña de larvas. Se han llegado a contabilizar 65 en un solo fruto. Nuevas cepas del hongo de la roya amarilla del trigo atacan los campos de cereal por toda España, expandiéndose desde Navarra. Y la peligrosa polilla guatemalteca, llegada a la península Ibérica en 2015 a través de A Coruña, agujerea las patatas. Los excrementos de sus larvas provocan la pudrición de los tubércu­los. “Hay que buscar un equilibrio entre un riesgo aceptable y los beneficios de los fitosanitarios”, defiende el portavoz de AEPLA.

Los fabricantes luchan contra la visión de los pesticidas como venenos, pregonada por organizaciones ecologistas como Greenpeace. “Hay una batalla grande para recuperar la imagen de que somos medicinas de las plantas. Estamos yendo a los colegios, a clases de niños de 9 o 10 años, para explicarles la producción agrícola”, apunta Palomar.

“Los ecologistas manipulan mucho la opinión pública”, opina Elisa Viñuela, catedrática de Entomología Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid. Viñuela es experta en control biológico: el uso de bichos buenos para eliminar bichos malos. Estudia parasitoides que crecen “como un alien” dentro de la mosca blanca, una de las principales plagas de tomates, pimientos y calabacines.

“La directiva europea de uso sostenible de los plaguicidas, de 2009, ya nos obliga a utilizar los plaguicidas como última opción”, sostiene. Los agricultores recurren, por ejemplo, a los mencionados bichos buenos, a la rotación de cultivos y a la instalación de mallas contra insectos. “En cualquier caso, identificar lo natural con bueno y lo sintético con malo es un error muy grave. Los griegos y los romanos se envenenaban con cicuta”, advierte la catedrática.

“Los pesticidas se usan mal”, certifica la microbióloga Dolores Fernández Ortuño, de la Universidad de Málaga. La investigadora trabaja con una de las enfermedades más devastadoras para las fresas, provocada por el hongo Botrytis cinerea. “Es el moho grisáceo que ves sobre la fruta en tu casa”, ilustra. Ante la aparición de resistencias a algunos fungicidas, el equipo de Fernández Ortuño analiza las cepas del hongo que le envían desde cooperativas agrícolas de Huelva y recomienda un tratamiento personalizado. Con enfoques como este se podrían ahorrar toneladas de pesticidas inútiles. Hace un mes, científicos del CNRS francés alertaron de la desaparición de un tercio de las aves agrarias en los últimos 17 años y señalaron al abuso de pesticidas en la agricultura intensiva.

“Yo puedo estar en contra del mal uso de los antibióticos en las personas, pero no a favor de su prohibición. Hay determinadas enfermedades a las que es imposible enfrentarse con la agricultura ecológica, como la Botrytis cinerea y el oídio de las cucurbitáceas [otro hongo que arruina cosechas de sandías, melones, pepinos y calabacines en el sur de España]. El control químico es fundamental en estas enfermedades”, sentencia la microbióloga.

El ingeniero agrónomo José Luis Alonso Prados, responsable de la evaluación de pesticidas en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, resume la situación con pocas palabras: “Una agricultura excesivamente intensiva no es sostenible. El objetivo es que sea respetuosa con el medio ambiente, viable económicamente para el agricultor y aceptada socialmente”. Casi nada.