Las cuartas elecciones generales celebradas en Israel en los últimos dos años han vuelto a arrojar como resultado un escenario político paralizado del que es responsable el primer ministro en funciones Benjamín Netanyahu —procesado por fraude, soborno y abuso de poder—, que busca permanecer en el cargo durante el mayor tiempo posible para asegurarse la inmunidad.
Tras un largo recuento, iniciado al cierre de las urnas el martes y finalizado en la noche del jueves, el bloque de partidos que apoya a Netanyahu ha obtenido 59 escaños, dos menos de los necesarios para obtener la mayoría en la Kneset, formada por 120 diputados. En sí mismo, este dato ya es un revés para un político que aspiraba a lograr el apoyo de una mayoría absoluta en la Cámara tras una campaña en la que ha tratado de sacar el máximo rédito electoral tanto del exitoso programa de vacunación israelí contra la covid como de los avances diplomáticos logrados desde las anteriores elecciones por intervención directa del gran aliado exterior de Netanyahu durante estos años: Donald Trump. El establecimiento de relaciones con Baréin y Emiratos Árabes y Marruecos no parece haber pesado en el ánimo de un electorado muy polarizado en torno a la figura del mandatario.
Frente al político derechista se sitúa ahora en el Parlamento una amalgama de formaciones que van desde la izquierda a los liberales, pasando por los partidos árabes o incluso la derecha nacionalista. Su único denominador común es la oposición a que Netanyahu —el primer ministro que más tiempo lleva en el cargo en la historia de Israel— siga al frente del Gobierno.
No es Israel la primera democracia donde la fragmentación del voto reflejada en el Parlamento fuerza la existencia de gobiernos en funciones o débiles, de presupuestos generales sin aprobar para el año en curso y de convocatorias sucesivas de elecciones. Pero en este caso concreto, la aparente situación sin salida gira en torno a un solo nombre y a las circunstancias judiciales que atraviesa.
Netanyahu ha dado sobradas muestras de estar dispuesto a llevar al límite los mecanismos institucionales israelíes para permanecer en el cargo, aunque ello constituya un perjuicio para el país al que se supone que sirve. La táctica dilatoria de un acusado es legítima, pero no lo es tratar de aprovechar los privilegios de un cargo público para evadir el proceso. Y eso es exactamente lo que Netanyahu lleva haciendo meses al precio de la parálisis administrativa y política de Israel. Una nueva convocatoria electoral para otoño no es ahora mismo un ejercicio teórico de politólogos, sino una posibilidad real.
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