CARRIZO SPRINGS, Texas — Un antiguo campamento junto a un camino de tierra en una zona rural de Texas que supo albergar a trabajadores de la industria del petróleo es el nuevo centro de detención de migrantes menores de edad, al que los jóvenes son enviados después de ser detenidos por la Patrulla de Fronteras, cuyas instalaciones atestadas y en condiciones mugrientas generaron una condena unánime de todo el mundo.
Adentro de un cerco de alambres de púas que rodea la instalación hay canchas de fútbol, una enorme carpa con aire acondicionado que hace de comedor y vehículos rodantes donde los niños asistirán a clases y podrán llamar a sus familias.
Los dormitorios rodantes estaban divididos en dos habitaciones para trabajadores de los pozos de petróleo, pero fueron transformadas en una sola sala que puede acomodar a 12 personas en literas. Tienen además una salita de estar.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) dijo que hay unos 225 menores retenidos en la instalación de Carrizo Springs, que será ampliada y podrá albergar a 1.300 menores.
El gobierno indicó que la nueva instalación permitirá a la Patrulla de Fronteras desprenderse de los niños más rápidamente y evitar que sean alojados en sitios como uno en Clint, Texas, donde un grupo de abogados informó el mes pasado que unos 250 menores estaban siendo retenidos en celdas y recibían alimentos, agua y atención sanitaria inadecuados.
El DSSH dijo que la instalación de Colorado Springs ofrece un ambiente cómodo a los niños mientras esperan ser ubicados con familiares o patrocinadores.
Pero defensores de la causa de los inmigrantes y otros asocian estos centros con cárceles de menores y temen que su aislamiento –se encuentra a 180 kilómetros (110 millas) de San Antonio, la ciudad grande más cercana– haga que resulte más difícil encontrar abogados para ayudar a los adolescentes con sus casos.
Activistas afirman que los centros de detención más grandes del DSSH –una instalación en Homestead, Florida, un antiguo local de Walmart en Brownsville, Texas, y el campamento ahora clausurado de Tornillo, Texas– traumatizaron a los menores por su hacinamiento y por la escasez de personal.
“Todo esto es parte de un sistema que no tiene moral”, declaró el representante demócrata Joaquín Castro.
El costo es muy alto: un promedio de 775 dólares diarios por cada menor. El DSSH piensa pagarle a la organización sin fines de lucro Servicios Bautistas para los Menores y la Familia hasta 300 millones de dólares hasta enero para que administre la instalación de Colorado Springs.
El gobierno permitió a la Associated Press visitar el centro el martes y distribuir fotos y videos, aunque la AP no pudo mostrar los rostros de los menores por cuestiones de privacidad.
Varones y niñas son alojados en distintos edificios y tienen actividades separadas. Decoraron sus habitaciones con figuras de superhéroes y las banderas de sus países, incluidas las de El Salvador y Guatemala. Muchos menores sonrieron y saludaron a los visitantes. Varias niñas tejían sombreros y brazaletes.
Una serie de carpas funcionan como enfermería, con enfermeras que atienden a los niños, muchos de los cuales presentan piojos y síntomas de gripe.
El desayuno es a las siete de la mañana. Luego juegan al fútbol y tienen seis horas de clases de lectura, redacción, estudios sociales, ciencias y matemáticas.
En la clase de lectura del martes, se pidió a los estudiantes que practicasen el Juramento de Fidelidad a la bandera estadounidense en inglés. Muchos lo hicieron con dificultades hasta que los maestros llamaron a uno para que se parase al frente de la clase y ayudase a los demás. Cuando terminó, todos aplaudieron.
El DSSH dijo que el objetivo es procesar a los menores de esos centros de detención lo más rápidamente posible. Indicó que ahora el trámite toma un promedio de 45 días, comparado con los 93 días de noviembre del año pasado. Una de las razones de que ahora tome menos tiempo es que se eliminó el requisito de que se tomen las huellas digitales de los parientes antes de que se los lleven.
El centro de detención abre en medio de una ola de migrantes que son detenidos en la frontera y de miles de menores que cruzan sin sus padres, escapándole a la violencia y la pobreza de sus países en Centroamérica.
SBMF manejaba también el centro de Tornillo, que abrió el año pasado, cuando miles de menores eran separados de sus padres por el gobierno de Donald Trump. Tornillo llegó a albergar 2.800 menores antes de ser cerrado en enero.
El director de SBMF Kevin Dinnin dijo que se negó en diciembre a recibir más menores en Tornillo porque los chicos estaban siendo retenidos demasiado tiempo allí, lo que motivaría su clausura. Agregó que se propuso no volver a abrir instalaciones de emergencia ese tipo, pero que las condiciones en los centros de detención de la Patrulla de Fronteras eran tales que tuvo que cambiar de parecer.
“Nuestra filosofía ha sido evitar que haya menores en los centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”, manifestó Dinnin.
Jonathan Ryan, director de RAICES, organización que ofrece asistencia legal, dijo que su agrupación está lista para enviar abogados a Colorado Springs, pero que espera el visto bueno del gobierno.
“Queremos ir adentro y trabajar con esos chicos”, expresó Ryan. “Menores que fueron detenidos, que soportaron privaciones y estuvieron enjaulados bajo custodia de la Patrulla de Fronteras, pueden ser liberados sin haber tenido acceso a asesoría legal”.