Dice un viejo adagio político que para llegar a acuerdos en un Consejo de Ministros hay que poner de acuerdo al Ministerio de Hacienda con las demás carteras. En el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no es tan sencillo. Se juega a tres bandas: Economía y Hacienda van tradicionalmente de la mano, otros ministros de la órbita del PSOE son menos ortodoxos (habitualmente José Luis Escrivá, Reyes Maroto y puntualmente José Luis Ábalos), y los ministros de Podemos están más a la izquierda y son más partidarios de fuertes estímulos anticrisis. El debate sobre las ayudas directas a las empresas, un plan de 11.000 millones de euros que en principio se aprobará mañana martes en Consejo de Ministros, reproduce a la perfección ese esquema. La Moncloa ha metido presión a la vista de que la crisis se alarga y Economía no termina de poner sobre la mesa una propuesta. Pero a menos de 24 horas de ese Consejo hay claras diferencias entre unos y otros, con Podemos muy lejos de lo que defienden Economía y Hacienda, y con matices importantes que objetan otros ministros socialistas.
La vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han diseñado un esquema con tres fondos: uno para reestructurar las deudas del ICO, otro para recapitalizar empresas a través de créditos participativos y deuda subordinada, y un tercero para transferencias directas a las empresas a través de las autonomías. Calviño y Montero han dejado claras sus reticencias a este tercer fondo, que según las fuentes consultadas tendría una potencia de fuego que inicialmente iba a ser de unos 2.000 millones, pero que fuentes de Economía apuntan que va a ser superior. Otros ministros socialistas preferirían una potencia de fuego mayor. Gana peso la posibilidad de que ese dinero se focalice en los sectores más castigados (turismo y hostelería, básicamente, como sucedió con las ayudas a los autónomos), tal y como figura en los documentos enviados por el Gobierno a Bruselas, y Economía pretende condicionar las ayudas al pago de costes fijos (alquileres, salarios y demás) de las empresas.
Podemos ha puesto sobre la mesa una propuesta muy distinta. Nacho Álvarez, el negociador del partido que lidera Pablo Iglesias, plantea un esquema que envió el domingo por la noche a Economía con un objetivo claro: que las ayudas directas a las empresas —esto es, las transferencias directas— supongan la parte del león del plan. Podemos pretende que concentren “al menos 8.000 de los 11.000 millones”, a la vista de que el problema fundamental de las empresas españolas no es en este momento de deuda, sino “de falta de ingresos”. “La reestructuración de deuda del ICO y el mecanismo de recapitalizaciones deben ser instrumentos secundarios; el fondo de ayudas directas debe ser el prioritario”, según un documento al que ha tenido acceso este diario. Fuentes gubernamentales consultadas subrayan que Podemos reclamaba antes 4.000 millones con otros 4.000 millones aportados por las comunidades y ahora pide 8.000 millones dejando fuera a las autonomías. De todas formas, Economía insiste en que está ultimando un paquete por valor de 11.000 millones.
Además, hay un puñado de diferencias adicionales que anticipan un choque de trenes en el Consejo de Ministros. A diferencia de lo que defienden Calviño y Montero, Podemos cree que el fondo de ayudas directas “no se debe transferir a las comunidades autónomas”, ante la posibilidad de que “se altere la competencia de mercado en todo el territorio nacional”, siempre según el citado documento. Tampoco Escrivá es partidario de dejar en manos de las autonomías ese instrumento. Podemos, además, rechaza que las ayudas se focalicen en los sectores más afectados y se muestra a favor de extender ese fondo a todas las empresas que hayan registrado caídas profundas de la facturación, en torno al 30%-40%, unas cifras de caídas que sí se parecen a las que maneja Economía. Por último, Podemos discrepa también en la condicionalidad: Economía y Hacienda vinculan las ayudas al pago de gastos fijos, mientras que el partido morado quiere condicionarlas al mantenimiento del empleo y al abandono del régimen de tributación por módulos por parte de las empresas que reciban fondos.
Varios ministerios han participado durante el fin de semana en el diseño del controvertido paquete, imprescindible para evitar una oleada de suspensiones de pagos de la que viene avisando el Banco de España. El Gobierno reaccionó a la primera ola de la covid con los ERTE y los avales del ICO para salvar empresas y tejido productivo, pero queda claro que hace falta un nuevo estímulo fiscal: la crisis se alarga y los últimos datos de empleo muestran a las claras que la economía española ha vuelto a griparse, con cifras de nuevo por encima de la barrera de los cuatro millones de parados. El Gobierno lleva meses trabajando en un plan de ayudas a las empresas que, en principio, debería estar listo mañana. Pero a escasas horas del Consejo de Ministros persisten las diferencias en el diseño de ese esquema: bajar de las musas al teatro no va a resultar sencillo a juzgar por la falta de consenso entre PSOE y Podemos, e incluso, por las diferencias de matiz que existen entre los ministros del PSOE.
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