SANTA FE – Nuevo México y la ciudad más grande del estado demandaron el lunes al gobierno del presidente Donald Trump, en la primera querella de su tipo por parte de una entidad que busca frenar la pronta liberación de solicitantes de asilo en las comunidades locales, además de exigir un reembolso por labores humanitarias para albergar temporalmente a los migrantes.
La gobernadora demócrata, Michelle Lujan-Grisham, señaló el “menoscabo del deber” al momento de anunciar la demanda en contra del secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan y altos funcionarios migratorios. La ciudad de Albuquerque también fue nombrada como demandante.
A través de un comunicado, dijo que el presidente Donald Trump “sólo está interesado en satanizar a las personas vulnerables que llegan a nuestra frontera, avivando temores infundados sobre seguridad nacional sin tomar medidas para proteger de manera sustancial y proactiva a los inmigrantes y a nuestras comunidades en la frontera sur del tráfico de personas y drogas”.
El Departamento de Justicia se negó a comentar el lunes sobre la querella.
La demanda es la primera de su tipo por parte de un estado. Es similar a la denuncia presentada en abril por el condado de San Diego, que también impugna la cancelación del programa migratorio federal que brindaba ayuda a los migrantes con llamadas telefónicas y demás trámites de traslado para llegar a su destino final en Estados Unidos.
El programa federal de “liberación segura” fue cancelado en octubre de 2018 en medio de una oleada de migrantes centroamericanos que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. Por lo general, los solicitantes de asilo son liberados casi de inmediato, y algunas ciudades de Nuevo México como Las Cruces, Albuquerque y Deming han sufrido parte del impacto.
“En 2019, decenas de miles de solicitantes de asilo y sus familiares a los que se les habría brindado asistencia formal con necesidades básicas y proporcionado los medios para viajar a su destino final en el país, han sido abandonados para arreglárselas por sí mismos en localidades de Nuevo México cercanas a la frontera”, asegura la demanda. “Los gobiernos locales y la autoridad estatal se han visto obligados a intervenir”, agrega.
La demanda, presentada en un tribunal federal de distrito en Albuquerque, pide el restablecimiento de la asistencia federal previa para los solicitantes de asilo.
Desde abril, alrededor de 9,000 solicitantes de asilo fueron liberados en Las Cruces, una ciudad de unos 100,000 habitantes, según la demanda. La denuncia afirma que Deming, que cuenta con alrededor de 14,000 habitantes, ha recibido a unos 4,700 migrantes.
Albuquerque, a 250 millas al norte de los puertos de entrada con México en El Paso, Texas, recibe entre 150 y 250 solicitantes de asilo a la semana. La ciudad ha destinado 250,000 dólares para labores humanitarias.
El estado pagó alrededor de 750,000 en fondos de emergencia a los gobiernos locales para compensar los gastos resultantes del cambio en las prácticas federales de asilo, además de movilizar a empleados de distintas agencias estatales.
Por lo general, las familias de migrantes permanecen una o dos noches en un albergue local antes de iniciar el traslado para reunirse con familiares o conocidos en diversas partes del país.
Desde hace tiempo, las familias que llegan a la frontera han sido liberadas y se les permite establecerse con amigos o familiares en Estados Unidos en lo que sus casos se abren paso por el sistema legal, un proceso que suele tomar años.