Rogelio Muñiz Toledo
El número de partidos indica inmediatamente, aunque sólo sea de modo aproximado, una característica importante del sistema político: la medida en que el poder político está fragmentado o no fragmentado, disperso o concentrado. Giovanni Sartori*
El 7 de enero inició el proceso para el registro de nuevos partidos políticos nacionales. También están en curso los correspondientes a la constitución de partidos locales en las entidades federativas en las que hubo elección del titular del poder ejecutivo el año pasado.
Los resultados de las elecciones de 2018, y la existencia de nuevos partidos nacionales y locales a partir de 2020, modificarán los equilibrios y el funcionamiento del sistema de partidos y los efectos de este en el resultado de las elecciones intermedias de 2021 y las presidenciales de 2024.
El actual sistema de partidos, que data de los años 90 del siglo pasado y que puede ser caracterizado como de pluralismo moderado, ha dado paso a tres alternancias en el poder ejecutivo federal y al cambio de partido gobernante en la mayoría de las entidades federativas del país, en algunas de ellas con más de una alternancia.
Desde que en 1989 se dio la primera alternancia en un gobierno local -con el triunfo del PAN en Baja California-, solo en los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo y México el PRI no ha perdido las elecciones para gobernador, aunque conviene recordar que en las más recientes de Coahuila y el Estado de México los procesos electorales dejaron muchas dudas sobre su legalidad y en Colima se anularon dos de las últimas cuatro, por la ilegal intervención del gobierno estatal en la elección.
Las elecciones de 2018 han modificado los equilibrios en el sistema de partidos. El surgimiento de un partido que podría convertirse en hegemónico (Morena), el debilitamiento de las que fueran las tres principales fuerzas políticas en los últimos veinte años (PAN, PRI y PRD) y el probable registro de nuevos partidos -con la posibilidad de que los dos que lo perdieron pudieran volver a obtenerlo- modificarán el funcionamiento del sistema de partidos.
Además, aún persisten elementos en la regulación constitucional y legal de la competencia electoral que limitan la competitividad del sistema de partidos: el procedimiento para el registro de nuevas fuerzas políticas y las reglas de financiamiento público de los partidos políticos.
El proceso de registro de nuevos partidos es muy complejo y costoso, además de que a partir de 2008 solo es posible constituir partidos nacionales cada seis años y no cada tres, como sucedía anteriormente. En mi opinión, esta restricción al derecho fundamental de asociación política debería estar prevista en la Constitución y no solo en la ley. Así lo plantearon ese año diversos partidos a la Suprema Corte y le solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad de esa disposición; sin embargo, por mayoría de seis votos, la Corte declaró la validez de la norma y desde esa fecha solo se abre el proceso de registro de partidos nacionales, y desde 2014 también de los locales, después de cada elección presidencial o de gobernador, según sea el caso.
El financiamiento público continúa siendo excesivo, lo cual ha sido nocivo para el sistema de partidos porque, entre otras cosas, genera incentivos para un alto gasto en su operación y en los procesos electorales, así como el uso discrecional de los presupuestos de los partidos. Aún no se realiza la reforma constitucional ofrecida por todos los partidos para disminuir por lo menos a la mitad los recursos que se les asignan anualmente -este año recibirán 5 mil millones de pesos solo por financiamiento federal- y faltaría también, como lo ha propuesto la oposición, revisar la fórmula de distribución de esos recursos, que actualmente favorece excesivamente a los partidos con mayor votación, en detrimento de la competitividad del sistema de partidos.
En este proceso de registro de nuevos partidos políticos nacionales habría al menos una asociación con una alta probabilidad de convertirse en partido: la que encabeza la excandidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala; ella y el expresidente Felipe Calderón estarían trabajando en la constitución de un partido que se denominaría “Libertad”. Además, los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social (PES), que perdieron el registro en la última elección, intentarían obtenerlo nuevamente.
En el caso del PES habría que esperar a que el Tribunal Electoral resuelva si confirma o revoca la decisión del INE. A pesar de que al igual que el Partido Nueva Alianza, el PES no alcanzó el porcentaje de votación requerido para conservar el registro, y de que en el caso del primero el tribunal ya confirmó la pérdida del registro, ha trascendido que en el caso del PES se estaría considerando revocar el dictamen del INE, con lo que por una resolución jurisdiccional se le reintegraría al sistema de partidos, decisión inédita que solo se explicaría por razones políticas.
De los cinco partidos que entre 1991 y 2000 perdieron el registro y lo volvieron a obtener -PDM, PEM (posteriormente PVEM), PT, PPS, y PARM-, solo dos, el PVEM y el PT, lo han conservado.
En 2020 sabremos cuántos partidos más tendremos y si los legisladores han cumplido o no el ofrecimiento de reducir el costo de financiar el sistema de partidos.
*Politólogo italiano. Especialista en partidos y sistemas de partidos
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.