Las declaraciones de impuestos pagados al estado de Nueva York por Donald Trump podrían ser entregadas al Congreso conforme a una nueva ley promulgada el lunes en este estado, donde vive el presidente.
La medida fue promulgada el lunes por el gobernador demócrata Andrew Cuomo, y los republicanos la consideraron una artimaña partidista que no resistirá una impugnación en la corte.
La nueva ley ordena a funcionarios estatales de impuestos a entregar las declaraciones estatales de ciertos funcionarios nombrados y electos si se lo piden por escrito el presidente de alguna de tres comisiones del Congreso: la Comisión de Recursos y Arbitrios, la Comisión de Finanzas, y la Comisión Conjunta sobre Impuestos.
La nueva ley está diseñada como alternativa para que el Congreso obtenga estos documentos, que el presidente no quiere entregar, aunque se prevé que la medida será apelada en los tribunales.
Y no está claro si el Congreso pedirá acceso a las declaraciones estatales de Trump, que —según expertos en impuestos— incluiría mucha de la misma información que su declaración federal.
“Nadie —independientemente del puesto que tenga— está por encima de la ley”, dijo el senador Brad Hoylman, demócrata de Manhattan y patrocinador de la medida.
Ambos lados prevén apelaciones legales y pedidos de interdictos, lo que quiere decir que podrían pasar meses antes de que se entregue cualquier declaración estatal de impuestos.
La Casa Blanca no respondió a un mensaje que se le dejó en busca de comentarios.
Como residente de Nueva York, Trump ha presentado sus declaraciones estatales de impuesto a la renta desde hace mucho.
Él es el primer presidente que rehúsa divulgar sus declaraciones de impuestos públicamente, muchas veces alegando que lo haría si no le estuvieran haciendo auditoría.
El presidente no ha opinado sobre la nueva ley pero ha acusado varias veces a los demócratas de Nueva York de usar sus cargos para acosarlo tanto a él como sus aliados.
Los republicanos en Nueva York dicen que si bien la ley fue escrita contra Trump, podría ser usada contra cualquier otro funcionario que paga sus impuestos en el estado.
“Esto es netamente político”, dijo el presidente del Partido Republicano Nick Langworthy. “Es para tratar de desquitarse políticamente”.
Langworthy pronosticó que la ley “no resistirá una impugnación en la corte”.
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