Por Diana Manzo
Integrantes del “Comité de Víctimas por Verdad y Justicia” (CoVic) de la masacre ocurrida en Asunción Nochixtlán, Oaxaca donde fueron asesinadas seis personas el 19 de junio de 2016, manifestaron su desacuerdo con la actuación del Ministerio Público Federal y denunciaron que “los han tratado mal, y sus voces no han sido escuchadas”.
Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas y Sergio Luna, padre de Oscar Luna Aguilar, asesinado el 19 de junio de 2016, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) se apresuró al ejercer la acción penal en contra los mandos policiacos Juan Peralta Alavez y Carlos Guerrero Romero y que eso es “un distractor para justificar una supuesta procuración de justicia”.
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“Es una justicia a medias la detención de los dos mandos policiacos, nosotros queremos a los autores intelectuales”, recalcaron al señalar que la masacre de Nochixtlán es un “crimen de Estado” y el Estado está en deuda con las victimas.
Sergio Luna, quién perdió a su hijo Oscar en esa masacre, recalcó que “no es un hecho aislado, no se trata solo de delitos de lesiones y homicidios, se trata de un crimen de lesa humanidad, en el que deben ser investigados y castigados todos los autores materiales e intelectuales” y señaló a políticos como Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Gabino Cué Monteagudo, Carlos Santiago Carrasco, Germán García Ávila Moreno, Renato Sales Heredia, Francisco Galindo Ceballos, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, Salvador Camacho Aguirre y Manelich Castilla Craviotto.
“Para nosotros detener a dos mandos policiacos es una justicia a medias que obedece al pacto de impunidad de la 4T con un sector del PRI y es el Fiscal de la República Alejandro Gertz Manero con su alfil Germán Adolfo Castillo Banuet, que es el Subprocurador de Control Regional de la FGR, quienes están encargados de operar dicho pacto de impunidad”, dijo.
Molestos y consternados con el actuar de las autoridades de justicia recordaron que “ha sido todo un viacrucis para las victimas encontrar justicia desde hace más de 5 años”, cuando los asesinados y decenas de heridos se manifestaban en contra de la reforma educativa que formaba parte del denominado “Pacto por México”.
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Dijeron que tanto ellos como víctimas y sus asesores jurídicos fueron enterados sorpresivamente a través de una notificación del Juez Penal Federal unas horas antes de la audiencia por la detención de los mandos policiacos.
Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas lamentó que el trato que han recibido por las instituciones sea inadecuado, porque han sido revictimizados, despreciados, amenazados, intimidados y también víctimas de una violencia institucional permanente y sistemática por parte de la FGR.
“La FGR no nos informó de absolutamente nada, a pesar de que hemos estado muy pendientes y exigiendo participación activa en la investigación; por ello, hacemos pública la violación a derechos de las víctimas del caso por parte de la FGR, al dejarnos en estado de indefensión y sin la oportunidad de participar y coordinarnos técnicamente con el ministerio público federal en la formulación de la imputación a los responsables del crimen de estado perpetrado en Nochixtlán el 19 de junio de 2021”, recordó.
Describieron que es una situación lamentable el actuar de la FGR al ejercitar acción penal y solicitar orden de aprehensión contra dos elementos policiales y no contra la totalidad de los autores, coautores y partícipes de la masacre, lo cual propicia una cadena de impunidad.
“Para las víctimas, la masacre de Nochixtlán fue un crimen de Estado y se inscribe en la historia de nuestro país como un caso más de víctimas de la conducta sistemática represiva del estado mexicano contra los movimientos sociales”, concluyeron.
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