La Audiencia Nacional ha condenado este viernes a ocho años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar durante lustros a entidades bancarias y a empresas para que les pagasen a cambio de que no iniciasen acciones judiciales contra ellas o pusieran en marcha campañas de descrédito en su contra. Aunque este fallo inflige un duro golpe a los dos acusados, se queda muy lejos de las pretensiones de la Fiscalía, que solicitó una pena de 116 años de prisión para Pineda y de más de 24 años para Bernad.
Esta resolución, de 195 páginas y firmada por los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, marca un punto de inflexión en unas pesquisas que estallaron en 2016, cuando se activó la Operación Nelson y se arrestó a los dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias. Desde entonces, Pineda ha defendido su inocencia. De hecho, cuando quedó en libertad en 2019 tras tres años en prisión preventiva, acusó a la Fiscalía de mentir y falsificar pruebas contra él. E, incluso, se presentó como víctima de un enorme complot urdido por el BBVA y el comisario José Manuel Villarejo, a quien la entidad financiera habría pagado para elaborar un informe que propiciara su detención.
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Sin embargo, el relato que hacen los jueces es muy distinto. La Audiencia Nacional dibuja una compleja trama movida por el “afán de lucro” de Pineda, a quien se sitúa en la cúspide. Este fundó Ausbanc en 1986 con el objetivo de “obtener sumas dinerarias” y, para ello, urdió una red de extorsión que, a la vez que presentaba demandas contra sus víctimas, instaba a acuerdos para la solución extrajudicial de los conflictos. Un juego a dos bandas para conseguir “un beneficio económico”, subrayan los magistrados, que le imponen cinco años de cárcel por un delito continuado de extorsión y otros tres por estafa. Descartan, en cambio, los de pertenencia a organización criminal, acusación y denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal.
La condena a Bernard, que comenzó a colaborar con el presidente de Ausbanc en 2012, se queda en tres años de cárcel por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y otro año por el mismo delito en grado de tentativa. La sala también impone un año de prisión a Ángel Garay, adjunto a la presidencia de Ausbanc; y seis meses a María Mateos, directora del departamento jurídico, considerados ambos cómplices.
El tribunal absuelve, en cambio, a los otros seis acusados que se sentaron en el banquillo: una abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, y cinco directivos de Ausbanc, Alfonso Solé, María Teresa Cuadrado, María Isabel Medrano, Rosa Aparicio y Luis María Jordana.
El ‘modus operandi’
Según la sentencia, Pineda ideó un sistema para intentar que las entidades cediesen a sus extorsiones. La trama presentaba demandas contra empresas y bancos, mientras buscaba acuerdos con ellas por la puerta de atrás. Una “acción colectiva” que, según insisten los jueces en su fallo, no era más que un “mero instrumento” para que “accediesen a sus pretensiones económicas”, cerrando después con Ausbanc “convenios publicitarios” o de otro tipo. Así, en el caso de que aceptasen rubricar estos acuerdos, “se abandonaba cualquier reclamación”. Pero, si se negaban, comenzaban los problemas.
Cuando las entidades rechazaban las propuestas de los condenados —”ya fuera porque el acuerdo publicitario supusiera un desembolso desmedido o porque el jurídico era inasumible”, explican los magistrados—, la trama ponía en marcha una campaña de desprestigio, “bien a través de publicaciones de noticias que no respondían a la realidad”, bien a través de la “difusión hiperbólica” de un acontecimiento aislado que le afectase o, incluso, “con la escenificación de manifestaciones a la puerta de la sede bancaria”.
Así lo explica la Audiencia Nacional: “Las campañas de ataque a la marca o a sus directivos se modulaban en función de si finalmente se rendían a sus pretensiones económicas, suscribiendo los convenios o retomando los que se habían dado por concluidos”. Además, prosigue la sentencia, los condenados enmascaraban los pagos de quienes sucumbían, que desembolsaban el dinero a través de publicidad en las revistas de Ausbanc; con “estudios de mercado” que elaboraba la entidad con las quejas de consumidores y reseñas de sentencias judiciales; o con “patrocinios y otros eventos”.
La relación con Manos Limpias
El tribunal explica que la relación entre Pineda y Bernad comenzó a finales de 2012 y se prolongó hasta 2016, cuando estalló la Operación Nelson. Según los magistrados, ambos iniciaron sus sucios negocios cuando el presidente de Ausbanc se dio cuenta de que, además de a través de las demandas civiles, podía “obtener copiosas sumas de dinero” mediante los procesos penales. Y Manos Limpias podía desempeñar ahí un papel clave, personándose como acusación popular en instrucciones judiciales de “gran repercusión mediática”.
El pacto se cerró, según la sentencia. Ausbanc nutría así de fondos a Manos Limpias, que vivía en gran medida de aportaciones gratuitas, mientras Bernad permitía que Pineda se personase, a través del pseudosindicato, en procesos penales. Todo, con la “exclusiva idea” de exigir dinero a los investigados, a cambio de instar a su desimputación o apartarse de la causa.
El ‘caso Nóos’
A lo largo de su resolución, la Audiencia examina una treintena de operaciones bajo sospecha, que incluye relaciones con “la mayoría de entidades bancarias del país”. Entre las 13 compañías a las que Pineda tendrá que indemnizar se encuentran el BBVA, a quien deberá abonar 1,5 millones de euros; Unicaja (904.328 euros); Liberbank (1,4 millones de euros); Bankia (586.850 euros); Barclays (149.750 euros); Caixabank (24.200 euros); Nissan Ibérica (36.300 euros) y Europistas (406.000 euros).
La sentencia también aborda procedimientos judiciales con gran repercusión mediática, como el caso Nóos, que sentó en el banquillo a Cristina de Borbón, que resultó absuelta, y a su marido Iñaki Urdangarin, que acabó condenado. El tribunal considera probado que, en octubre de 2015, Bernad se reunió con Jaume Giró, entonces director general de la Fundación La Caixa y actual consejero de Economía del Gobierno catalán, para proponer la retirada de la acusación de Manos Limpias contra la infanta a cambio de dos millones de euros. Pineda también lo intentó con Gonzalo Barretino, directivo del Banco Sabadell, a quien pidió tres millones de euros. Tanto Giró como Barretino los denunciaron entonces ante la policía, aunque los magistrados absuelven a Pineda y Bernad por este episodio, al considerar que no “se desenvolvieran en un clima de presión” para conseguir su objetivo.
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