Ofrece Encinas todos los recursos para acabar con la impunidad en caso Ayotzinapa

La próxima semana se anunciará el monto de los recursos que se destinarán a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Iguala.

El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aseveró que en el caso Iguala no hay una verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas, por lo que se contará con todos los recursos materiales para acabar con la impunidad.

Al quedar instalada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, expresó que esta comisión tiene como objetivo crear las condiciones materiales, físicas y humanas de parte del gobierno federal para que los familiares de los normalistas conozcan la verdad y el paradero de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Agregó que la comisión representa un mecanismo extraordinario que surge en un entorno de transición política, por lo que se espera que su desempeño genere un nuevo modelo de intervención gubernamental, que en coordinación con las víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil, permita avanzar en las investigaciones y el esclarecimiento de la desaparición de más de 300 mil mexicanos.

Para ello se establecerá la interlocución política con los titulares y dependencias públicas, federales y locales que puedan proporcionar información para el pleno esclarecimiento del caso, detalló Encinas Rodríguez ante los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dijo a los padres de los normalistas que se diseñará e implementará una política de incentivos para personas físicas que detenten información sobre el caso, incluyendo personas que actualmente están privadas de su libertad, creándose la figura de posibles colaboradores eficaces en el desarrollo de esta investigación.

En el acto, efectuado en la Secretaría de Gobernación, manifestó que se impulsará la asistencia técnica y de cooperación internacional, para lo cual ya se ha tenido contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México, procurando que a la brevedad posible se suscriban los acuerdos de cooperación correspondientes.

Asimismo, apuntó que se creará el programa de asistencia para víctimas, con el que se garantizará salud, acompañamiento psicosocial, becas educativas, condiciones necesarias para apoyar a los familiares de las víctimas que fueron asesinadas, apoyo que no solamente será para los familiares de los estudiantes desaparecidos, sino que se tratará de ayudar a todos aquellos que sufrieron alguna afectación física o emocional por los hechos de 2014 en Iguala.

La comisión acudirá a todas las fuentes relevantes de información, a los archivos de las diversas dependencias federales y locales, así como a los expedientes penales.

Indicó que iniciaron sus trabajos tomando como punto de partida los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el equipo argentino de antropología, así como los informes del mecanismo creado por la CIDH, el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, sin descontar el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

También se toman en cuenta las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), las sentencias y mandamientos emitidos por el Poder Judicial, como las resoluciones del Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas, así como los organismos internacionales y se avanzará en los lineamientos que la propia comisión defina, expuso.

Encinas Rodríguez detalló que la comisión estará conformada por tres representantes de los padres de los jóvenes desaparecidos, tres funcionarios del gobierno federal, una organización acompañante de la sociedad civil y contará con una secretaría técnica, que será ocupada por Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos.

El organismo sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes y podrá realizar los encuentros que considere necesarios, como se había realizado desde el mes de agosto de 2018, cuando de manera informal se reunían una vez a la semana.

La sede de la comisión se establecerá en Abraham González 48, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se alojará un equipo de trabajo para cumplir con su mandato.

Finalmente, adelantó que la primera reunión ordinaria se llevará a cabo el 23 de enero próximo.

Recompensas o beneficios 

El subsecretario Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer que se recurrirá al esquema de recompensas o beneficios de ley para quienes otorguen información sobre el caso Iguala, incluso quienes estén privados de su libertad.

Advirtió que no habrá borrón y cuenta nueva en las indagatorias de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, por lo que se retomarán todas las líneas de investigación y las indagaciones efectuadas sobre ese asunto.

Entrevistado al término de la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Iguala, indicó que la semana próxima se anunciará el monto de los recursos que se destinarán para esta instancia.

“Creo que básicamente será por los beneficios de ley; nos estamos refiriendo a gente que tiene información y que está compurgando una pena y puede aportar mucha información (sobre el caso)” expresó.

Cuestionado sobre el tiempo que llevarán las nuevas indagatorias del caso, indicó que ese asunto lleva ya más de cuatro años; “hay que reconstruir muchas de las investigaciones”, aunque se pretende concluir lo más breve posible sin generar falsas expectativas.

Encinas Rodríguez comentó que las investigaciones iniciarán “con lo que no se hizo, lo que se hizo mal”, de tal suerte que se cuenta con claridad de dónde empezar.

A pregunta expresa, indicó que “todos los servidores públicos, independientemente de la institución a la que hayan participado estarán formando parte de la investigación”.

En su turno, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, resaltó la puesta en marcha de la Comisión, así como su integración y los objetivos que persigue para esclarecer los hechos de septiembre de 2014 en Iguala.

“Tengo la esperanza de que se puede influir en el cambio de la investigación”, expresó en entrevista por separado, al resaltar la importancia de que pronto se contará con un fiscal general de la República que también conocerá de estos hechos. (Ntmx)




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