El Estado mexicano incumplió su obligación de investigar la desaparición forzada del joven de 17 años Yonathan Mendoza Berrospe, determinó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU en el primer dictamen emitido por este delito contra México sobre el tema.
En su decisión, publicada este jueves, el organismo de las Naciones Unidas constató que existían pruebas suficientes de la participación de agentes del Estado. Asimismo, concluyó que las autoridades no realizaron las investigaciones correspondientes.
“Esta es una decisión importante que, por primera vez, establece y concreta los estándares para la búsqueda diligente de las personas víctimas de desaparición forzada y para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan hacer comparecer a los responsables ante la justicia”, afirmó Juan José López Ortega, miembro del Comité.
Yonathan Mendoza Berrospe fue desaparecido en diciembre de 2013 a los 17 años en la ciudad de Veracruz, cuando un grupo de seis hombres vestidos de policías entró a su domicilio, lo golpeó y esposó para después subirlo a una camioneta negra.
Los respobsales portaban armas de fuego largas y cortas, pasamontañas, botas policiales y chalecos antibalas con la palabra “policía” en la parte delantera y trasera. Fuera de la casa, otra docena de hombres esperaba, en lo que parecía ser una operación de seguridad.
De acuerdo con los testigos, algunos eran miembros de la Policía Naval, dependiente de la Secretaría de Marina, mientras que otros de la Policía Estatal de Veracruz.
Sus familiares presentaron una denuncia ante las autoridades fiscales del estado y interpuso un amparo ante un juzgado de distrito de Veracruz. Sin embargo, las autoridades no comenzaron a investigar el caso sino hasta 8 años después de los hechos, en 2021, y no comenzaron a buscar a Mendoza sino hasta el 2019, es decir 6 años después de su desaparición.
Además, el caso fue archivado en 2015, debido a que las autoridades no proporcionaron información sobre los hechos.
Ante esto, la madre de Mendoza acudió ante al Comité de la ONU en julio de 2021, poco después de que México reconociera su competencia para casos individuales.
El organismo internacional concluyó que ni la investigación a nivel estatal ni la federal localizaron su paradero, ni llevaron a los responsables ante la justicia. Además, las autoridades no procedieron sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial, ni tomaron todas las medidas necesarias para buscar a la víctima.
Igualmente, consideró que México había violado el derecho de los familiares a conocer la verdad y a la reparación, ya que aún no se conoce el paradero de Mendoza Berrospe, ni se han esclarecido los hechos.
El Comité pidió a México que garantizara una búsqueda e investigación exhaustivas y diligentes de la desaparición forzada del joven, enjuiciara a los responsables, incluidos los agentes involucrados y proporcionara una reparación adecuada a su familia.
Además, el organismo estableció estándares para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada.
“La investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, dijo el Comité en su dictamen. “No puede depender de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que el Estado parte busque efectivamente la verdad”, agregó.
Tras el dictamen, madre de Yonathan, Angélica Berrospe, pidió que continúen las diligencias para localizar a su hijo.
“Yo lo que quiero es que me regresen a mi hijo, yo quiero encontrar a mi hijo. Quiero que nos sigan apoyando para llevar a cabo las búsquedas. No tengo palabras”, dijo en un comunicado emitido por la organización IDHEAS, que acompaña a los familiares de Yonathan Isaac Mendoza.
A su vez, Juan Carlos Gutierrez Contreras, coordinador jurídico de IDHEAS, destacó que “esta decisión es histórica, no solo por ser la primera decisión del CED contra México en el marco del Sistema Universal, sino porque el Comité resalta la obligación que tiene el Estado mexicano de cumplir lo ordenado por Naciones Unidas”.
Actualmente, México vive una crisis histórica con más de 110 mil personas desaparecidas desde que hay registro. Sin embargo, una gran cantidad de estos casos permanecen en impunidad. Debido a ello, muchas de las indagatorias son impulsadas por los familiares, que se enfrentan a violencia y riesgos debido a su labor.
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