Luego de registrar denuncias de amenazas y actos de hostigamiento a personas defensoras de derechos humanos y periodistas por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y funcionarios públicos, como consecuencia de su legítima actividad monitoreando y documentando el flujo migratorio en Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado al Estado mexicano para que garantice condiciones adecuadas y seguras para que desempeñen sus labores.
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A través de un comunicado la CNDH y la ONU-DH condenaron estos “actos de amedrentamiento y obstaculización de la labor que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realizan”.
“Ambos organismos llaman al INM, a la Guardia Nacional y al resto de autoridades involucradas a garantizar que los compromisos del Estado mexicano, expresados públicamente, de respetar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas sean efectivamente implementados por su personal participante en los operativos migratorios. La actuación de los funcionarios públicos debe apegarse a la legalidad y los derechos humanos”, enuncia el comunicado.
Ambas instancias destacaron que la labor de periodistas y medios de comunicación resulta fundamental para dar a conocer a toda la sociedad la situación en Chiapas, la realidad que enfrentan las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas y el proceder de las autoridades.
“Esta labor ha sido fundamental para identificar posibles casos de violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades en las tareas de control migratorio que, incluso, afectarían a distintos grupos en situación de mayor vulnerabilidad como mujeres embarazadas y niños y niñas, entre otros”, puntualizaron la ONU y la CNDH.
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Finalmente, la CNDH y la ONU-DH pidieron a las autoridades que garanticen que las políticas de control migratorio sean aplicadas con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, con independencia de su situación migratoria, “con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad, así como a víctimas del delito; todo ello en línea con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.
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