Organizaciones de las Naciones Unidas y otras instancias internacionales, así como políticos reprobaron la decisión de Nicaragua de despojarlas de su nacionalidad y patrimonio a 94 políticos opositores, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y otros, y declararlos prófugas de la justicia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) calificó la decisión de arbitraria, ya que no se realizó “siquiera un juicio” y advirtió que se trata de una “nueva ola de violaciones a los derechos humanos”.
Asimismo, hizo un llamado al Estado a “cesar de inmediato la persecución y represalia” contra defensores y “voces disidentes”, y restituirles todos sus derechos y libertades.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hizo eco a esta condena al subraya que quitar la nacionalidad a una persona por sus opiniones es “contrario a todo derecho”. Afirmó que es “otra forma de tortura ejercida por la dictadura en Nicaragua”.
A esto se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien repudió la resolución y urgió a proteger a la defensora Doña Vilma Nuñez de Escorcia, de conformidad con las medidas provisionales otorgadas por el organismo.
Por su parte, Amnistía Internacional instó a la comunidad internacional a tomar medidas sobre lo que calificó como “nuevos abusos”, e intervenir para proveer protección a las personas defensoras en riesgo.
El acto también fue reprobado por el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, quien apuntó que dicha acción “aleja más a los nicaragüenses de la democracia”.
Este miércoles, los Juzgados de Distrito penal de Audiencia de Nicaragua declaró traidores a la patria a 94 nicaragüenses, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, académicos y otras personalidades que previamente se han pronunciado en contra del régimen actual.
Con esta decisión, les retira de su nacionalidad y se les decomisan sus bienes, al tiempo que se les declara prófugos de la justicia.
En la lista se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y al excomandante de la revolución Luis Carrión. También se incluyeron periodistas como Carlos Fernando Chamorro y defensores de derechos humanos, como Vilma Núñez, entre otros.
El poder judicial nicaragüense acusó a los imputados de cometer “delitos en perjuicio de la Paz, la Soberanía, la Independencia y la auto determinación” del país. Asimismo, los señaló de desestabilizar a la nación.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio, recalcó EFE.
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