El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, momentos antes de la ceremonia de toma de posesión del nuevo Gobierno, este martes en Budapest.ATTILA KISBENEDEK (AFP)
Todo ha ocurrido en cuestión de horas. La supermayoría de Fidesz, el partido ultraconservador de Viktor Orbán, ha aprobado este martes la décima reforma de la Constitución húngara para introducir la posibilidad de declarar el estado de emergencia en caso de guerra o crisis humanitaria en un país vecino. A continuación, tras jurar sus cargos, ha tomado posesión el nuevo Ejecutivo de Orbán, que ganó las elecciones el pasado 3 de abril. Para terminar la tarde y cerrar el círculo, el primer ministro ha anunciado su primera medida: ha declarado el estado de emergencia por la guerra en Ucrania, lo que le permite gobernar por decreto.
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Orbán ha asegurado que el objetivo de declarar el estado de emergencia —que refuerza aún más los poderes de su Gobierno, aunque ya tiene una mayoría aplastante en el Parlamento—, es “salvaguardar los intereses nacionales de seguridad de Hungría”. “Para asegurarnos de que nos mantendremos fuera de la guerra y para proteger a las familias húngaras, el Gobierno necesita tener margen de maniobra y estar preparado para la acción inmediata”, ha dicho el dirigente populista e iliberal en un vídeo publicado en Facebook, en el que anunció que las primeras medidas se darán a conocer este miércoles.
La guerra en Ucrania, según el primer ministro húngaro, “representa una amenaza constante” y pone en riesgo “la seguridad física” del país, además del “suministro de energía y la seguridad financiera de la economía y las familias”. “El mundo está al borde de una crisis económica”, agregó en su mensaje, en el que aludió a la subida de los precios causados por el conflicto y “las sanciones de Bruselas”. La inflación está en el 9,5% anual en Hungría y el déficit ha subido en el primer trimestre, según Reuters, debido al gasto que acometió Orbán antes de las elecciones, con una inyección de casi 5.000 millones de euros para familias y pensionistas.
Hungría ya vivía en estado de emergencia, declarado por la pandemia de covid-19, desde hace dos años. La medida expiraba, sin embargo, el próximo 31 de mayo. A principios de mes, la ministra de Justicia, Judit Varga —la única mujer entre los 14 ministros del nuevo Gabinete—, presentó al Parlamento la enmienda de la Ley Fundamental que permite declarar esta medida excepcional por otros supuestos relacionados con la guerra. Con 136 votos a favor frente a 36 en contra, ha salido adelante la décima reforma constitucional que permite al Gobierno activarlo por “conflictos armados, guerra o desastre humanitario en un país vecino”. En 2015, Orbán también declaró el estado de emergencia por la afluencia de refugiados, principalmente de la guerra de Siria.
Orbán inaugura con la jura de su Gobierno de este martes su cuarta legislatura consecutiva y la quinta en su carrera. En las elecciones de abril obtuvo un resultado histórico que consolida sus mayorías de más de dos tercios en el Parlamento. La oposición y la sociedad civil denuncian la deriva autoritaria del primer ministro y que desde que llegó al poder en 2010 ha concentrado todo el poder en manos de personas cercanas a Fidesz. La Comisión Europea ha tenido varias disputas con Budapest a costa de la degradación del Estado de derecho, especialmente por la corrupción en la gestión de los fondos europeos y la independencia judicial.
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El Gobierno de Orbán, aliado histórico del Kremlin, había apoyado las sanciones europeas contra Moscú hasta ahora. Su negativa a vetar la importación de crudo y gas ruso, del que es extremadamente dependiente, tiene bloqueada por el momento la aprobación del sexto paquete de sanciones. El Consejo Europeo de la semana que viene tenía previsto abordar de nuevo el tema, pero Orbán ha pedido no incluirlo en la agenda porque, asegura, es improbable que lleguen a un acuerdo para entonces. Su Gobierno aduce que necesita inversiones millonarias para lograr la independencia de la energía rusa.
La posición de Hungría respecto a la guerra le ha costado un alejamiento de Polonia, su socio más cercano en la UE, que le considera pro-Putin. Budapest ha condenado la invasión rusa, pero se niega a enviar armas a Ucrania o a dejar que las que envíen otros países si tienen que transitar por su territorio para llegar a Ucrania. Para tratar de acallar las críticas, insiste siempre en el esfuerzo que hace para acoger refugiados, aunque el 80% de los que entran en su territorio lo hace para continuar camino hacia otro país.
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