En un nuevo giro de tuerca de la deriva autoritaria del primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, el Parlamento de este país ha aprobado este martes una ley que prohíbe los contenidos que hagan referencia a la homosexualidad en los colegios y en programas de televisión dirigidos a menores. La legislación ha salido adelante con el cómodo apoyo de su partido, Fidesz, y los votos de la formación ultranacionalista Jobbik, y supone un cañonazo más en el ya indisimulado desafío de Budapest contra Bruselas en materia de Estado de derecho y respeto de los derechos fundamentales. Desde el Parlamento Europeo, que en marzo declaró oficialmente la Unión Europea una “zona de libertad” para las personas del colectivo LGTBI, reclaman que la Comisión inicie acciones legales contra el país.
La nueva ley, que los críticos comparan con la que aprobó Rusia en 2013 contra la “propaganda gay” generando un magma de creciente hostilidad contra personas homosexuales, bisexuales y transgénero, prohíbe compartir información de lo que Budapest considera que promueve la homosexualidad o el cambio de género. “Hay contenidos que los niños menores de cierta edad pueden malinterpretar y tener un efecto perjudicial en su desarrollo”, explicó un portavoz del gobierno húngaro citado por The Guardian. La medida implica que tampoco podrán emitirse anuncios que muestren solidaridad con las personas gays, si van dirigidos a los menores. En 2019, Coca-Cola enfureció al Fidesz con una publicidad protagonizada por parejas del mismo sexo y esloganes promoviendo la igualdad.
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Hungría sigue siendo uno de los países más homófobos del club de los Veintisiete. En un eurobarómetro de finales de 2019, una mayoría de la población (el 51%) mostraba su desacuerdo con la afirmación de que las personas gays, lesbianas y bisexuales deberían tener los mismos derechos que las heterosexuales (en España, en cambio, era solo el 6%).
Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha hecho sin embargo a lo largo de su mandato iniciado en 2019 bandera por la causa. En su discurso del Estado de la Unión, pronunciado el pasado septiembre, aseguró que no descansaría hasta “construir una Unión de igualdad”. “Las zonas libres de LGBTQI son zonas libres de humanidad. Y no tienen cabida en nuestra Unión”, añadió en referencia al casi centenar de municipios y ciudades que se habían autoproclamado como tal en Polonia, el otro gran vector de homofobia en la UE.
En noviembre, la Comisión lanzó un plan teledirigido contra Varsovia y Budapest para proteger al colectivo LGTBI ante el retroceso de libertades propugnado por estos dos Gobiernos. El Ejecutivo comunitario incluso ha frenado la llegada de fondos europeos a varias de las autodenominadas “zonas libres de ideología LGTBIQ” polacas. En marzo, la Eurocámara incrementó la presión hacia el Este, aprobando por una robusta mayoría una resolución que declara la UE “zona de libertad para las personas de LGTBIQ” y denuncia como su existencia alienta “la discriminación y los ataques” contra esta comunidad.
“El Parlamento Europeo ya ha tomado medidas. ¡La Comisión debe ahora asumir sus responsabilidades, actuar e iniciar un procedimiento de infracción contra Hungría!”
Pierre Karleskind, eurodiputado francés
El eurodiputado francés Pierre Karleskind, autor de la resolución del Parlamento Europeo, asegura que la normativa aprobada solo tres meses después supone “un pasó más” de Orbán “en su horrible retórica anti-LGBTI”. “Ya es suficiente”, protesta a través de Whatsapp este político del grupo liberal Renew. “El Parlamento Europeo ya ha tomado medidas. ¡La Comisión debe ahora asumir sus responsabilidades, actuar e iniciar un procedimiento de infracción contra Hungría!”, reclama al Ejecutivo de Von der Leyen.
Bruselas expresó en marzo, a través de la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que la orientación sexual no es “ideología”, y que ir en contra de este principio contraviene el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, en el que se consagra “el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad”.
“La Comisión Europea no puede seguir haciendo la vista gorda ante los continuos ataques legislativos lanzados por el Fidesz contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas LGBTI en Hungría”, ha denunciado a través de un comunicado Evelyne Paradis, directora ejecutiva de la rama europea la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés). Paradis considera que Bruselas debería cerrar el grifo de los fondos mientras no se retire la nueva ley “antipropaganda al estilo ruso” y considera que la UE debería usar “todas las herramientas disponibles” para frenar la deriva. Esto incluye los procedimientos del artículo 7 del Tratado de la UE (que permite sancionar a los Estados miembro por violar los valores fundamentales de la Unión), ya activados por la Eurocámara contra Hungría y Polonia, pero bloqueados en el Consejo por falta de consenso.
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