Organizaciones de defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes en el país se pronunciaron contra la salida de México del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), tras la difusión de la suspensión de la prueba para estudiantes de secundaria.
La prueba PISA consiste en la aplicación de un examen a estudiantes de 15 años para medir sus habilidades en lectura, matemáticas y ciencia, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). México, como miembro de la organización, participa en el estudio desde el año 2000.
En un posicionamiento conjunto, señalaron que la educación es un bien público y un derecho humano, “cuya realización plena requiere de la corresponsabilidad de todas y todos”. Por lo tanto, “las y los ciudadanos debemos activar nuestra libre expresión y nuestro derecho a la participación, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, para pedir cuentas, proponer y colaborar en la promoción y defensa de lo que corresponde al interés superior de la niñez”.
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Enfatizaron que el artículo tercero constitucional establece el mandato que la educación será de “excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad…”. Frente a ello, sin una medición constante y confiable, no hay manera de saber si el mandato se va cumpliendo en el tiempo.
Consideraron que las evaluaciones son un “elemento de diagnóstico que favorece el ajuste de las intervenciones educativas”, como ocurre en otros derechos como el de la salud, por lo que “el diagnóstico de la condición de cada niña, niño y joven es requisito para la intervención sólida y oportuna a su favor”.
“En el derecho a la educación la evaluación permite corregir ausencias y omisiones en la acción educativa, focalizar poblaciones, rediseñar prácticas, reasignar presupuestos y, en general, tener elementos para superar la inequidad y la exclusión; si se emplean debidamente, son un elemento crucial de la consolidación y de la restitución de derechos de infancia y juventud en su proceso educativo, entendido como el despliegue libre de todas sus potencialidades”.
Foto: Cuartoscuro
Las organizaciones recuerdan que México participa en el programa PISA desde sus inicios, en el año 2000 y que a lo largo de estos años los resultados de las evaluaciones han permitido identificar algunas limitaciones estructurales del sistema escolar, así como propiciar prácticas efectivas, implementadas por autoridades y por los docentes mismos de educación básica y media superior.
“Gracias a los análisis nacionales y contextuales de los resultados de PISA, se ha podido focalizar acciones para los estados y subsistemas con mayores carencias y para superar elementos de inequidad y de exclusión”, mencionan.
Los cuestionarios de contexto aplicados por PISA permiten conectar el desempeño de los estudiantes con la escolaridad de sus familias, su estado socioemocional, las opiniones de sus directivos y maestros sobre la escuela y sus procesos, todo lo cual favorece ajustes y acciones adicionales para no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás.
Refieren que el cierre de las escuelas debido a la pandemia de Covid-19 desestructuró el sector educativo, por lo que se requiere un diagnóstico sólido sobre la situación actual.
Entre los avances logrados por PISA en México destacan un marco curricular común y la facilitación del tránsito entre distintos tipos de bachillerato; la ampliación de horas dedicadas a matemáticas en el plan de estudios; el acento en la lectura de comprensión como una meta dentro de los primeros años de primaria, entre otros.
También ha servido para el diseño y ejecución de programas de la actual administración pública federal, como “Educación Dual” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con su acento en las habilidades concretas reconocidas para la trayectoria educativa.
“La evaluación no sirve si no se usa, y no se usa si se pierde la continuidad de los esfuerzos; llama la atención que, del dinero público de nuestro país, en 2020 ya se hizo la inversión y las correspondientes transferencias internacionales para aportar al diseño de los instrumentos, las muestras y los reportes, pero lo que esté en vilo ahora es la seguridad de que el operativo de campo mexicano se realizará en tiempo y forma”, indican.
Los firmantes emplazan a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Mejora de la Educación (MEJOREDU) para que aclaren con precisión que México estará listo a participar en el operativo de PISA en el año 2022 así como para que afirmen su compromiso con la transparencia en el fondeo, la ejecución y la difusión social de los resultados.
“La opacidad y falta de datos, en todos los casos, algo que favorece que permanezca la injusticia y la desigualdad, lo más conservador que pueda darse; en cambio, una visión progresista de la justicia educativa es una en la que niñas, niños y jóvenes ejercen su derecho a una educación que brinde aprendizajes relevantes y fortalezca su ciudadanía pasa por tener diagnósticos sólidos y conocidos públicamente”, finaliza el texto.
Las organizaciones firmantes son las siguientes, por orden alfabético:
• #Abre mi Escuela
• Coordinación del Pacto por la Primera Infancia
• COPASE (Baja California)
• Fundación Juconi México, A.C.
• Inclusión Ciudadana, A.C.
• Melel Xojobal (Chiapas)
• Mexicanos Primero
• Mexicanos Primero Michoacán
• Mexicanos Primero Jalisco
• Mexicanos Primero Sinaloa
• Plan Internacional
• #PresencialEsEsencial
• Promotora Social México
• Las organizaciones integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en
México – REDIM
• Las organizaciones integrantes de la Red por la Infancia y la Adolescencia –
RIA (Puebla)
• Las organizaciones integrantes de la Red Jalisco Educado (Jalisco)
• Save The Children en México
• Servicios a la Juventud
• Los ocho representantes de Sociedad Civil en el SIPINNA
• Vía Educación (Nuevo León)
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