Una patrulla repleta de fuerzas especiales de la policía del Gobierno de Daniel Ortega irrumpió de forma violenta en el rezo que Francisca Machado realizaba por la memoria de su hijo, Franco Valdivia, este 20 de abril, fecha en la que se cumplieron tres años de su asesinato en las protestas sociales que sacudieron Nicaragua en 2018. Los oficiales arrestaron a amigos del joven y a su hermana, Francys Valdivia, la presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), una plataforma que reúne a los familiares de las víctimas fatales de la masacre denunciada por organismos de derechos humanos, y que sigue impune.
La detención, ocurrida en la ciudad de Estelí, en el norte de Nicaragua, donde fue asesinado Franco Valdivia de un disparo letal en la cabeza por un francotirador, fue una de las más violentas registradas desde el 15 de abril. Desde esa fecha, el Gobierno sandinista ha reforzado notablemente la presencia policial en el país para impedir cualquier homenaje o manifestación por el tercer aniversario de la crisis sociopolítica.
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De acuerdo al Monitoreo Azul y Blanco, realizado por una organización opositora que vigila permanentemente la represión en este país, entre el 15 y 20 de abril se han registrado 350 agresiones policiales y de grupos paramilitares. Las víctimas son en su mayoría líderes y ciudadanos opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y familiares de las personas asesinadas en 2018.
“Hay una escalada represiva en el marco de la conmemoración de la insurrección de abril. Continuamos registrando hostigamientos cuya finalidad es violentar el derecho a la libre movilización, el derecho a reunión y el derecho a la protesta cívica, impidiendo que personas opositoras puedan salir de sus hogares. Algunas incluso llevan varios días consecutivos en esta situación”, expresó en un comunicado el Monitoreo Azul y Blanco. Una de esas personas en cautiverio policial es la periodista Kalúa Salazar, quien denunció que oficiales la golpearon y la mantienen encerrada en su casa en la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, para impedir que transmita en Radio La Costeñisima.
También se registran en redes sociales decenas de videos de acoso policial, así como el allanamiento denunciado por la opositora Maria Eugenia Alonso el pasado 19 de abril. Unos 50 antimotines ingresaron a su vivienda y se llevaron dos computadoras portátiles, celulares y una tableta. Aunque la familia solicitó una orden judicial que avalara el allanamiento, los policías ignoraron la petición.
Las principales acciones represivas han sido hostigamientos policiales, detenciones ilegales, allanamiento de viviendas y agresiones físicas, de acuerdo al monitoreo opositor. “Un policía me ahorcó tanto en la patrulla que casi me desmayo. Nos metieron en una celda preventiva, me pidieron que me desnudara y que hiciera sentadillas. Luego el jefe de la policía de Estelí nos decía que una bala lo resuelve todo”, relató Marcus Silva, detenido junto a la hermana de Franco Valdivia. El grupo fue liberado en Estelí horas después, pero el acoso contra ellos continuó la noche de este 20 de abril.
Duelos sin tranquilidad
Francys Valdivia, como presidenta de las Madres de Abril, aseguró que ninguno de los familiares de las víctimas ha llevado procesos de duelo en tranquilidad en Nicaragua. “¿Cómo se vive el duelo en un país que no te permite tener actos conmemorativos, que no hay posibilidad de salir a las calles ni tener misas?”, cuestionó la abogada.
“Nadie, ni ningún gobierno, puede prohibir a los familiares de las víctimas homenajear y mantener viva la memoria; juntarse y recordar. Impedir eso es lo que me parece más insólito”, dijo a EL PAÍS Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La Comisión ha venido denunciando la estrategia del gobierno para aparentar cierta normalidad, pero persiste un estado policial que no permite a la disidencia manifestarse. Sin embargo, más allá de los derechos humanos, las diferencias políticas, es mínimo de humanidad dejar a los familiares de las víctimas homenajear a sus muertos”.
Francys Valdivia alertó antes de ser detenida de que la policía y grupos paramilitares impidieron que la misa en memoria de su hermano fuera realizada en la catedral de Estelí. Cuando regresaron a casa a realizar el rezo, el inmueble ya estaba rodeado, y la calle bloqueada por patrullas.
“Realmente han llegado a extremos totalmente inconcebibles de violaciones a los derechos humanos, revictimización de las personas que fueron asesinadas y de sus familiares más cercanos. El propósito es contener la protesta. Pero también son actos de escarnio a la memoria de las víctimas”, criticó Elvira Cuadra, socióloga y experta en seguridad. “Estas actuaciones hacen parte de la política de represión que el Gobierno de los Ortega Murillo ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense y particularmente en el 2021, por el contexto electoral que vive el país, que significa un incremento de las actividades políticas”.
En contraste a lo que denuncia la familia de Franco Valdivia y los opositores, la vicepresidenta Rosario Murillo inició una campaña llamada “La paz es el camino, Daniel 2021”, en pro del intento de reelección de la pareja presidencial en las elecciones generales previstas para el próximo noviembre. La campaña fue lanzada para contrarrestar los mensajes de los opositores sobre el aniversario de la crisis sociopolítica.
“Lo importante es vivir en un país con valores, donde se respeta la vida y donde el amor construye y el odio ha venido quedando, gracias a Dios, como en los juegos infantiles, atrás, atrás, atrás… Porque con odio aquí, ¡nunca más!”, dijo Murillo este lunes.
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