Los indultos de los líderes independentistas catalanes que va a conceder el Gobierno han marcado la agenda política de las últimas semanas y, previsiblemente, seguirán haciéndolo en las próximas. Aunque pocos perdones han levantado tanta polvareda como los otorgados ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no es el primero que da el paso de otorgar medidas de gracia controvertidas. Ha habido otras muchas, acordadas por Gobiernos del PSOE y del PP, aunque en pocas ocasiones el Ejecutivo ha tenido que argumentar su decisión sin contar con el apoyo ni del tribunal sentenciador ni de la Fiscalía, como ha ocurrido ahora. La mayoría de precedentes, eso sí, se aprobaron con escasa difusión pública y, en muchos casos, de tapadillo. Estos son algunos ejemplos.
Un cabecilla del 23-F
Alfonso Armada
Las peticiones de indulto más incómodas a las que se enfrentó el Gobierno de Felipe González llevaban el nombre de dos de los principales responsables del intento de golpe de Estado del 23-F: el teniente coronel Antonio Tejero y el general Alfonso Armada. El Tribunal Supremo avaló las dos, pero el Ejecutivo solo concedió el de Armada. Lo justificó en el precario estado de salud del general, que entones tenía 69 años y llevaba más de un año ingresado en un hospital por las secuelas de una embolia. En el caso de Tejero, el Gobierno descartó la medida de gracia pese a que la Sala de lo Militar del alto tribunal había informado a favor alegando razones de equidad e incluso de “conveniencia pública” porque “contribuiría al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado”.
Políticos corruptos
Juan Hormaechea, Carlos Navarro, Josep Maria Servitje
Son muchos los políticos que se han beneficiado de la medida de gracia, en la mayoría de las ocasiones, por delitos de corrupción. Los han concedido Ejecutivos del PSOE y del PP y se han beneficiado dirigentes de todo el espectro político. Entre los otorgados por los socialistas están los dos perdones que recibió el expresidente de Cantabria Juan Hormaechea, condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por un delito de malversación y otro de prevaricación cometido durante su primer Gobierno (1987-1990), al que había llegado como independiente pero dentro de las filas de Alianza Popular. El Gobierno de González le perdonó la pena de cárcel en 1995, pero el Tribunal Constitucional ordenó repetir el juicio y el expresidente cántabro volvió a ser condenado, esta vez a tres años. Fue de nuevo un Gobierno del PSOE, el de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, el que indultó a Hormaechea por segunda vez.
Entre los corruptos perdonados por el PP destacan tres de los condenados por financiación irregular en el PSOE en el caso Filesa: Carlos Navarro (sentenciado a 11 años de cárcel), y Luis Oliveró y Alberto Flores (10 años). El Gobierno de José María Aznar incluyó sus indultos en un paquete de 1.443 medidas de gracia otorgadas en diciembre de 2000 para celebrar el Año Jubilar. A los condenados de Filesa se les redujo la pena a la mitad con un indulto parcial que contó con el informe favorable del Tribunal Supremo.
El Gobierno de Mariano Rajoy también perdonó a corruptos, entre otros, un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol, Josep Maria Servitje, ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, que había sido condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos a cuatro años y medio de cárcel. El Ejecutivo eliminó la penas de prisión y la cambió por una multa de 3.650 euros, en contra del criterio de la Audiencia Provincial de Barcelona y la Fiscalía, que habían informado en contra de la medida de gracia.
Condenados por acciones de los GAL
José Barrionuevo y Rafael Vera
El Ejecutivo de José María Aznar indultó la víspera de la Navidad de 1998 a 10 de los 12 condenados por el secuestro de Segundo Marey en 1983. Entre los favorecidos con esta medida estaban el exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Ambos llevaban apenas tres meses y medio en la cárcel y también fueron perdonados con el beneplácito del Supremo, que les había condenado a 10 años de prisión. Fue el propio tribunal el que propuso que la medida de gracia fuera parcial, de dos tercios de la pena, lo que en la práctica supuso su salida de prisión al concedérseles el tercer grado. El Consejo de Ministros justificó su decisión en el “respeto” a la opinión del tribunal, que alegó que había transcurrido mucho tiempo, 15 años, desde que se cometieron los delitos, que los autores no actuaron “con fines de carácter personal o egoísta” y que no iban a reincidir.
Terroristas de ETA, Terra Lliure y los Grapo
Tanto gobiernos populares como socialistas han concedido perdones a condenados por terrorismo. Los ejecutivos de la Unión de Centro Democrático (UCD), y especialmente los primeros del PSOE, otorgaron indultos a antiguos activistas de ETA. Casi ninguno se hizo público en su momento, pero distintos responsables políticos han admitido después que se otorgaron estas medidas en casos excepcionales tras un estudio exhaustivo para comprobar que el beneficiario se había desvinculado de los planteamientos etarras.
El Gobierno de José María Aznar nunca admitió un indulto a un miembro de ETA, pero sí perdonó en uno de sus primeros Consejos de Ministros, en junio de 1996, a 15 exmiembros de la organización terrorista catalana Terra Lliure. Estas medidas de gracia comenzó a estudiarlas el último gabinete de González, pero un error en la tramitación dejó la decisión en manos del PP, que lo otorgó aunque no lo hizo público.
El Ejecutivo de Zapatero, por su parte, firmó en 2007 el indulto de Sebastián Rodríguez, Chano, que en los últimos años se había convertido en un laureado nadador paralímpico cuyo perdón reclamaron desde deportistas a políticos del PP. Antes de convertirse en atleta, Chano había sido condenado a 84 años de cárcel por el asesinato, en 1984, del empresario y presidente de la patronal sevillana Rafael Padura. Durante su estancia en prisión, el terrorista protagonizó una huelga de hambre que le dejó en silla de ruedas.
Un juez de la Audiencia Nacional
Javier Gómez de Liaño
En el mismo paquete con más de un millar de indultados en el que se perdonó a tres condenados del caso Filesa, el Gobierno de Aznar incluyó el indulto del magistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el caso Sogecable. La Fiscalía había informado a favor alegando la “notoria trayectoria profesional” de Liaño y un supuesto “clamor popular” que el Supremo consideró “absolutamente minoritario” en el informe que envió a Justicia desaconsejando la medida de gracia. La Sala de lo Penal consideró que no había razones “ni de justicia ni de equidad” y advirtió de que la privación definitiva del cargo del juez, que ya estaba ejecutada, no podía ser objeto de indulto. Pese a ello, el Ejecutivo abrió la puerta al exjuez a que reingresara a la carrera, aunque le prohibió volver a ejercer en la Audiencia durante 25 años. Un año después, el Supremo anuló esta posibilidad al declarar que vulneraba la ley del indulto, pero el Tribunal de Conflictos le devolvió la condición de juez al reconocer la potestad del Gobierno para definir el alcance de la medida de gracia. No obstante, Liaño pidió una excedencia y ahora ejerce como abogado.
Dos comandantes del Yak-42
Entre los indultos más polémicos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy ocupan un lugar especial los concedidos en abril de 2012 a los dos únicos condenados por el caso Yak-42 que aún seguían vivos, los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García. Ambos fueron condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), cuando regresaban de Afganistán. La petición de indulto había estado sobre la mesa del último ministro de Justicia de Zapatero, Francisco Caamaño, pero este no la tramitó al faltar la opinión de los familiares de las víctimas, quienes se opusieron al indulto alegando que los comandantes no se habían arrepentido ni tampoco habían colaborado con la justicia. Por contra, tanto la Fiscalía como el tribunal sentenciador se pronunciaron a favor del indulto, por considerar desproporcionada la pérdida de la carrera militar que acarreaba la inhabilitación.
El banquero
Alfredo Sáenz
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero indultó al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz en noviembre de 2011, en el último Consejo de Ministros antes de dejar La Moncloa tras perder las elecciones que dieron la mayoría absoluta a Rajoy. Sáenz había sido condenado a tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer su oficio de banquero por un delito de acusación falsa y denuncia falsa cometido en 1994. La medida de gracia contó con el informe favorable de la Fiscalía y desfavorable del Tribunal Supremo, que no vio razones de justicia ni de equidad. El alto tribunal acabó anulando parte del indulto al entender que el Gobierno se “extralimitó” porque al conceder la medida de gracia canceló los antecedentes penales del banquero, una decisión con la que se le permitía seguir ejerciendo su actividad. Sáenz, no obstante, dimitió en abril de 2013, cuando el Banco de España estudiaba su cese.
Los doblemente indultados
Jesús Gil y José María García
Algunos condenados se han beneficiado del indulto en más de una ocasión. Le ocurrio a Hormaechea, pero también al que fuera presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, y al periodista José María García. En el caso de Gil, la primera medida de gracia se la otrogó Franco en 1972, cuando le perdonó una cuarta parte de la condena de cinco años de cárcel por homicidio involuntario que le había sido impuesta por la muerte de 58 personas al hundirse el restaurante de la urbanización Los Ángeles de San Rafael (Segovia), del que era propietario. En 1994, cuando Gil ya era alcalde de Marbella y presidente del Atlético, el Gobierno de González lo indultó por una pena de dos meses de arresto mayor y suspensión de cargo público a la que había sido condenado por vender una parcela de la urbanización segoviana que había sido embargada dos años y medio.
García, por su parte, fue indultado un mismo día (el 13 dejulio de 1990) de dos condenas por desacato penadas cada una de ellas, con dos meses y un día de arresto mayor, más una sanción de 100.000 pesetas y otra de 30.000. La primera se la impuso el Tribunal Supremo en 1984 por llamar “payaso” a Pío Cabanillas cuando era ministro; y la segunda, la Audiencia Provincial de Zaragoza en 1987 por desacato a José Luis Roca, cuando era diputado de las Cortes de Aragón y presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El Gobierno le conmutó cada pena por una multa de 300.000 pesetas.
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