El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que llegará hasta el final en las instituciones europeas para mantener la reforma laboral que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. Casado ha aprovechado su participación en el XXIV Congreso de la Empresa Familiar para arremeter contra los planteamientos del Gobierno en el mercado laboral y pescar en río revuelto por las discrepancias que han surgido en los últimos días entre las vicepresidentas primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En ese sentido, recordó que la financiación europea está vinculada al cumplimiento de las directrices sobre flexibilidad laboral. “Lo que se está haciendo es lo contrario de lo que pide Europa”, remachó Casado.
Casado también atacó la gestión de los fondos europeos después de mostrar la preocupación por su reparto. “Si en los fondos de cohesión territorial se han ejecutado un 42%; si en los programas propios el grado de ejecución no ha llegado al 24%, ¿qué nos hace pensar que 70.000 millones vayan a ser bien ejecutados?”, se preguntó. Para Casado la situación pasa por un “mar de incertidumbres”. “Estamos a tiempo de rectificar e ir al camino del reformismo, el europeísmo, el diálogo social y los consensos, la solución está ahí, diciendo la verdad de que podemos salir de esta y que va a requerir esfuerzos”, añadió.
El líder conservador, que se presentó como orgulloso de estar con los empresarios familiares, en referencia a la ausencia de Pedro Sánchez por tercer año consecutivo, ha hecho un ejercicio de elocuencia en materia económica ante los 500 asistentes al Congreso y, tras vaticinar que el crecimiento económico no superará el 5%, destacó que España atraviesa un “momento de incertidumbre muy preocupante que hace que francamente no se pueda celebrar la evolución económica”. En ese sentido, enumeró las lacras que a su juicio lastran la economía española: la depresión del crecimiento, la deuda, el déficit estructural, el despilfarro del gasto, el aumento de las desigualdades, el desempleo y el aumento de la fiscalidad.
Reformismo urgente
Ante eso, propone un reformismo “posible y urgente, que lleva muchos, demasiados años sin ponerse en marcha”. A su juicio, hay que abordar una reforma institucional para dar más coherencia territorial, defender el estado de bienestar y lograr un aumento de la competitividad centrada en una menor fiscalidad, flexibilidad laboral, menos burocracia, mayor formación y seguridad jurídica. En ese punto, defendió ante los empresarios lo que sabe que reclaman: la supresión del impuesto de sucesiones y del de donaciones, reducción del impuesto de sociedades y el IRPF para las empresas por las perdidas de la pandemia y no subir las cotizaciones sociales a autónomos.
También recordó la instauración de la mochila austriaca como uno de los objetivos de su grupo y la modificación de la regulación del teletrabajo, así como el fomento de la formación dual con la colaboración de las empresas para dar paso a la seguridad jurídica. A su juicio, por un lado, es clave la despolitización de los organismos reguladores y de la justicia y, por otro, de introducir certidumbre regulatoria en sectores como el energético. “Lo que está pasando es lo contrario”, manifestó, para recordar que su grupo propone sacar de la factura de la luz los costes que no están asociados a la generación eléctrica y la supresión del impuesto de generación y reducción del IVA al 4%.
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