El vicepresidente Pablo Iglesias saluda a Ximo Puig, en una conferencia de presidentes celebrada este verano.Chema Moya / EFEUn informe de nueve páginas, fechado el pasado 12 de agosto, con número de referencia 19-52029 y firmado por dos inspectores de la Sección de Ingeniería e Informática Forense de la Policía Científica, se ha convertido en una baza para Pablo Iglesias en el caso Dina, donde se investiga el robo del móvil a Dina Bousselham, una antigua asistente del líder de Podemos, y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación. La causa dio un giro el pasado mayo cuando el juez Manuel García-Castellón retiró la condición de víctima al vicepresidente segundo del Gobierno y centró sus pesquisas en averiguar cómo se dañó una tarjeta de memoria que pasó por sus manos antes de llegar a la Audiencia Nacional. Tras un verano lleno de reveses para el partido en los tribunales, este nuevo documento policial le insufla aire. Los dos agentes que lo han elaborado concluyen que el deterioro que presentaba el dispositivo bajo sospecha es “compatible” con los intentos de recuperación de contenido que hacen las empresas especializadas en ello.“La tarjeta presenta daños en la parte posterior izquierda producidos por el lijado de la cubierta protectora”, detallan los inspectores en el apartado de conclusiones. “El citado lijado deja al descubierto los puntos de conexión directa a la memoria de la tarjeta, por lo que sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento. Este lijado se suele realizar mediante la utilización de un lápiz de fibra de vidrio o bien mediante lija de grano muy fino”, continúa el informe, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso EL PAÍS, que añade: “La técnica descrita en el punto anterior sería empleada por los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo”. Y remacha: “Al no poder realizar la lectura del contenido de la memoria no se puede determinar si existen daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, qué partes están afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron”.Esta información resulta clave para Iglesias y su antigua asistente, Dina Bousselham, en esta enrevesada causa judicial que arranca cuando los investigadores hallan en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde 2017, “una importante cantidad de documentos” que parecen “provenir de una extracción de datos” del móvil de Bousselham —cuyo robo había denunciado el 1 de noviembre de 2015— y que acabaron publicados en varios medios, como la web Okdiario. Una copia de esa información acabó en la extinta revista Interviú, adonde llegó en un sobre anónimo, según dijeron sus antiguos directivos, que entregaron una réplica a Villarejo y otra a Iglesias. El líder de Podemos la guardó y no se la dio a su colaboradora hasta meses después para no meterle “más presión”, según declaró el vicepresidente en julio.Un intrincado recorrido que no acaba ahí. Bousselham contó que no pudo acceder al contenido de la copia que le había dado su jefe y que enviaron el dispositivo a una empresa de Gales para tratar de recuperarlo, pero no tuvieron éxito. Es entonces cuando, tras abrirse la causa judicial en la Audiencia Nacional, la asesora se lo remitió al juez García-Castellón, que lo recibió dañado y empezó a sospechar a raíz de varias contradicciones en las declaraciones de la antigua ayudante de Iglesias. Quería saber dónde y cuándo se había estropeado esa prueba. A raíz de ello, el magistrado ordenó varias actuaciones. Una es este nuevo informe de la Policía Científica. También pidió a la compañía británica que le informara en qué estado se encontraba la tarjeta cuando la recibió. La compañía respondió que estaba “físicamente intacta” y “no presentaba daños”. Y añadía que, al retirar el revestimiento de plástico, pudo “eliminar” alguna parte de la misma.Estas conclusiones de la Científica y la respuesta de la empresa de Gales suponen un respiro para Podemos, que lleva todo el verano acumulando reveses en los tribunales: además del giro del caso Dina, un juzgado de Madrid lo ha imputado tras una denuncia de su exabogado por financiación irregular y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de delito en la contabilidad que presentó sobre las elecciones del 28 de abril de 2019. De hecho, aún le queda un largo viacrucis. Parte de él, en esta causa. Su exletrado José Manuel Calvente declarará este septiembre como testigo en la Audiencia Nacional después de acusar a la formación de “urdir” un montaje en la causa sobre el robo del móvil a Bousselham y el juez ha pedido también a la policía que revise la denuncia que la excolaboradora de Iglesias y su pareja pusieron en 2015 tras la sustracción del teléfono. Todo ello, mientras Podemos intenta reconducir la investigación y volver a centrarla en la policía patriótica y su guerra sucia contra el partido.
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Pablo Iglesias insiste en recuperar la condición de víctima en el ‘caso Dina’
