La organización denunció que los emplean sin tener contrato firmado y sin servicios de salud.
Por Diana Manzo
El Centro de los Derechos del Migrante, organización que brinda acompañamiento a trabajadoras y trabajadores agrícolas H-2 A que ingresan a Estados Unidos como migrantes legales exclusivamente para emplearse en los campos agrícolas, en su reciente informe da muestra de los abusos que actualmente están padeciendo miles de jornaleros, entre ellos oriundos de Oaxaca, por la pandemia del Covid-19, porque los emplean sin tener contrato firmado y sin servicios de salud.
Los trabajadores agrícolas, que solo el 6 por ciento son mujeres, viven una trata clandestina revela el informe, el cual para conocer estos datos realizó una encuesta a 100 personas quienes dieron cuenta que se vive un desequilibrio de poder permite a los empleadores eludir impunemente las leyes y reglamentos.
“El programa H-2A limita el poder de negociación ya que el programa vincula a las y los trabajadores a un solo empleador y muchos de ellos tienen que solicitar préstamos para asegurar su trabajo”, explica el informe publicado.
También señala que en una encuesta realizada a 100 trabajadores agrícolas el año pasado, los resultados indican que el 100 por ciento experimentó al menos una violación legal grave de sus derechos, y el 94 por ciento experimentó tres o más.
Al igual el 86 por ciento dijo que las mujeres no fueron contratadas o se les ofreció un salario menos favorable o trabajos menos deseables que los hombres; el 45 por ciento experimentó condiciones de hacinamiento y/o condiciones insalubres de vivienda, el 35 % no tenía el equipo de seguridad necesario para hacer el trabajo y el 43% no recibió el salario prometido.
Evy Peña, directora de comunicación y desarrollo en el Centro de los Derechos del Migrante, resaltó que esta situación que vive la comunidad agrícola inmigrante de México que entra a Estados Unidos de forma legal mediante una visa H-2A es el resultado de un programa unilateral pero que no se ha transparentado del todo.
Tan solo el año pasado, explicó, un cuarto de millón de mexicanos ingresaron a trabajar en los campos estadounidenses, pero en circunstancias que hasta hoy no son claras y lo único que se ha hecho visible es que viven una “trata legal sabedora de ambos gobiernos”.
“La llegada del Covid-19 vino a reafirmar el desolador panorama para los trabajadores agrícolas, porque ellos ingresan a Estados Unidos contratados por reclutadores de reclutadores, finalmente no saben a quién le firmaron su contrato porque pasan en manos de mucha gente, además de que pagan por ir, inclusive algunos trabajan para pagar ese empleo que le dieron, eso es sumamente grave, porque además de todo eso, las condiciones de hacinamiento en que viven y la falta de accesos a la salud viene a complicar la vida de las personas”, afirmó.
Dijo que aunque técnicamente los empleadores deben darle vivienda gratuita, no lo hacen, les cobran por su viviendas, además están antihigiénicas por decirlo de buena forma, porque están llenas de animales roedores.
La defensora también agregó que para nada se respeta “la sana distancia y la limpieza de manos”, por lo que esto agrava la salud de los miles de personas que cruzan el norte de México buscando ganar dinero para sus familias.
Agregó que en el caso de los trabajadores indígenas y mujeres la situación es peor porque al no contar con traductores en sus lenguas nativas, la violación a sus derechos es más visible.
Por último, dijo que ante este panorama han puesto a disposición el área legal y acompañamiento a los trabajadores agrícolas, lo hacen a través de su plataforma en las redes sociales y también han buscado ser interlocutores de las quejas con el gobierno estadounidense que hace un par de semanas anunció un beneficio donde se permite el descanso obligado a los que presenten algún síntoma relacionado con el Covid-19.