La reciente publicación de los Pandora Papers desató investigaciones contra los líderes mundiales involucrados, indagaciones fiscales y esfuerzos por reformar los sistemas financieros, pero también hubo reacciones contra quienes participaron en el proyecto para revelar el uso de paraísos fiscales por los ricos y poderosos.
“Varios periodistas que trabajaron en los Pandora Papers enfrentan una seria reacción violenta por investigar los asuntos financieros ocultos de los poderosos; en otros casos, funcionarios de alto perfil han intentado denunciar y desacreditar sus informes, con amenazas legales o difamaciones personales”, dice Asraa Mustufa, editor digital del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El pasado 3 de octubre, se reveló información proveniente de más de 11.9 millones de registros financieros obtenidos por el ICIJ y compartidos por organizaciones de noticias de todo el mundo.
Esta filtración contiene documentos de 14 proveedores de servicios offshore y revelan las cuentas secretas de más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto nivel en más de 90 países y territorios, incluidos 35 líderes nacionales.
En esta investigación global dirigida por el ICIJ, tomaron parte más de 600 periodistas pertenecientes a 150 organizaciones de medios, de 117 diferentes países y territorios.
Sin embargo, mientras en algunos países las autoridades reaccionaron con importantes reformas financieras, otros gobiernos respondieron con medidas represivas legales y regulatorias, amenazas legales y ataques verbales contra los periodistas que difundieron la información sobre las offshore.
En Honduras, por ejemplo, los legisladores tomaron medidas para colocar a algunos periodistas y actores de la sociedad civil bajo el escrutinio, mientras que en otros países los líderes y sus aliados lanzaron ataques o trataron de desacreditar a periodistas. Incluso, en Rusia, un cabildero pro-Kremlin que solicitó con éxito al gobierno restricciones regulatorias para los medios independientes anunció ahora una medida similar contra la organización que dirigió la investigación de Pandora Papers.
Si bien la red global continúa trabajando para apoyar a los socios de periodismo que enfrentan represiones, señala Mustufa en un comunicado publicado en la página del consorcio, la reacción acalorada también es un signo de qué tan dañinas pueden ser las revelaciones de Pandora Papers para los ricos y poderosos de todo el mundo.
Esas reacciones van desde un cambio legal que podría llegar a criminalizar el trabajo de los periodistas que investigan el lavado de dinero, como en el caso de Honduras, hasta un intento de impedir que las organizaciones de noticias rusas participen en los proyectos del ICIJ.
Sin embargo, a partir de los Pandora Papers, continúan las investigaciones contra varios presidentes, en países como Ecuador, Montenegro o Chile, mientras que el papel de Estados Unidos en cuanto al secreto financiero está en el centro de atención como nunca antes.
Bajo escrutinio en Honduras
En Honduras, el Congreso Nacional aprobó cambios en las leyes contra el lavado de dinero del país y otras leyes que designarían a las organizaciones de la sociedad civil que investigan, evalúan o analizan la gestión pública, incluido el trabajo del gobierno, como “personas políticamente expuestas” o PEP, señala el ICIJ en un reportaje publicado este miércoles.
“Los grupos que podrían verse afectados son organizaciones de noticias sin fines de lucro, incluido un socio de ICIJ, Contra Corriente“, destaca.
La nueva ley invertiría una herramienta clave contra el lavado de dinero, la designación PEP, y la volvería en contra de los periodistas y grupos de la sociedad civil que investigan la corrupción, agrega.
Según los reguladores financieros de Estados Unidos, el término PEP comúnmente se refiere a “individuos a quienes se les ha confiado una función pública prominente, así como a sus familiares inmediatos y asociados cercanos”. Sin embargo, la ley hondureña pretende aplicar esa categoría a los ciudadanos comunes que intentan monitorearlos.
La ley señala a los grupos que reciben o administran fondos de ayuda extranjera, lo que se requiere esencialmente de cualquier pequeña organización de medios seria en América Central, donde no abunda el financiamiento al periodismo de calidad.
“Si bien el significado y la importancia de esta designación no están claros”, explica el consorcio, “los grupos de la sociedad civil temen que este cambio confuso pueda usarse para criminalizar su trabajo“.
En Rusia, los periodistas de ICIJ también han sido objeto de represión, un cabildero de los medios dijo que planea pedir al gobierno que designe al consorcio como una organización “indeseable” en el país, lo que impediría que las organizaciones de noticias rusas participen en sus proyectos.
Alexander Ionov, fundador de la ONG Movimiento Antiglobalización en Rusia, anunció el día después de que se publicaron por primera vez los Pandora Papers que preparaba una queja sobre las actividades de ICIJ para la oficina del fiscal general.
Ionov ya antes ha presentado quejas contra organizaciones de noticias independientes para impulsar medidas legales y regulatorias contra ellas.
Si procede la queja de Ionov, en Rusia sería delito trabajar con ICIJ, incluso compartir enlaces de su sitio web, plantea el consorcio.
Para Roman Anin, editor IStories, socio ruso de ICIJ, la solicitud de Ionov demuestra el deseo de mantener solo los canales de televisión estatales para que los lectores rusos obtengan información solo de los medios censurados, no de los independientes.
Tratan de aislar de la verdad a los ciudadanos, sentencia Anin en la página del ICIJ.
Con información del ICIJ
Source link