Un brote de paperas azota 57 centros de detención de inmigrantes en 19 estados desde septiembre, de acuerdo con el primer reporte del gobierno federal estadounidense sobre el problema.
El virus enfermó a 898 inmigrantes adultos y 33 empleados de los centros de detención, dijeron en su reporte el jueves los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Nuevos casos continúan mientras migrantes son detenidos o transferidos entre instalaciones, dice el reporte. Hasta la semana pasada, había brotes en 15 instalaciones en siete estados.
En respuesta al reporte, el portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Bryan Cox dijo que los profesionales médicos en los centros de detención examinan a todos los reclusos en las 24 horas tras su arribo para asegurarse de que la enfermedad no se disemina.
Cox dijo que algunos detenidos provienen de países en los que las enfermedades transmisibles están menos controladas que en Estados Unidos y traen con ellos los riesgos de infección.
El reporte de los CDC dijo que más de 80% de los pacientes fueron expuestos al virus cuando estaban detenidos. Las paperas causan inflamación glandular, fiebre, dolores de cabeza y, en casos severos, pérdida de oído y meningitis.
En Estados Unidos, la vacunación ha reducido drásticamente el número de casos de paperas. Solamente unos pocos centenares de casos son reportados cada año, con brotes ocasionales en universidades u otros lugares donde las personas están en contacto cercano.
En los brotes en los centros de detención, 13 personas fueron hospitalizadas, dijeron los CDC.
Una gran porción de los casos ha ocurrido en Texas. El Departamento de Salud de Texas hizo una alerta en diciembre, seguido en enero por los departamentos de salud de otros seis estados, lo que motivó lo que los CDC llaman “una respuesta nacional coordinada al brote”.
ICE ha dado más de 25,000 dosis de la vacuna contra las paperas, el sarampión y la rubeola en las instalaciones afectadas.
Los CDC no identificaron los centros involucrados, pero dijo que 34 de ellos son operados por compañías privadas.
Un abogado de inmigración basado en Nashville, R. Andrew Free, dice que el problema “tiene todas las características de una crisis de salud pública. ICE ha demostrado que es incapaz de garantizar la salud y la seguridad de las personas en sus instalaciones”.