Nueve años después del cese del terrorismo y a dos y medio de su disolución no hay indicios de ETA. Sus 197 presos son los restos del naufragio. Sólo una ínfima minoría de ellos —no llegan a 15, según Instituciones Penitenciarias— defiende el terrorismo, y la mayoría asume la legalidad penitenciaria. Desaparecido el terrorismo, no tiene sentido que la política penitenciaria siga los criterios de la lucha antiterrorista, cuya primera expresión en este ámbito era la dispersión y alejamiento para romper su cohesión. En esta situación, tiene sentido dar pasos para que los presos cumplan su condena en cárceles próximas al lugar de arraigo. Desde que llegó a Interior, Fernando Grande-Marlaska ejerce esta práctica legal a través de las Juntas de Tratamiento de las prisiones que elevan las propuestas de traslado, analizando caso por caso. Son ya 84 los presos acercados esta legislatura por este procedimiento. También se han acelerado sus cambios de grado. 42 de los 197 presos han pasado del primer grado al segundo.
En marzo, el Gobierno traspasará a Euskadi la gestión de prisiones, reconocida en el Estatuto vasco. No es descartable un pulso de Instituciones Penitenciarias con quienes, siguiendo el caso de los presos catalanes del procés, planteen una interpretación flexible de la ley para beneficiar a los de ETA. Para evitarlo, Instituciones Penitenciarias está evitando que el acercamiento de presos desemboque en prisiones vascas. El obstáculo de fondo es que la Ley Penitenciaria es más exigente con los presos etarras que con los comunes para pasar al tercer grado (semilibertad). Se les exige una declaración de arrepentimiento, pero el colectivo de presos rechaza ese paso. Sortu podría desempeñar un papel clave por su influencia en ese colectivo. El partido rechaza el terrorismo en sus estatutos, pero no se arrepiente de su pasada complicidad con él. Es una asignatura que tiene pendiente, especialmente con las víctimas, y que los partidos democráticos exigen para su homologación. Es un paso necesario.
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