La vicepresidenta Yolanda Díaz junto a Pepe Álvarez (UGT), Unai Sordo (CCOO), Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), en un encuentro celebrado en enero de 2020.Jaime Villanueva
La inflación rampante es el tema del momento. En diciembre los precios se dispararon un 6,5% interanual, el mayor incremento en tres décadas. En este contexto, patronal y sindicatos han iniciado ya las conversaciones para alcanzar un pacto de rentas a varios años que brinde estabilidad frente a los aumentos de precios. Sería el siguiente capítulo por zanjar tras la subida del salario mínimo y el pacto de reforma laboral. Para CC OO y UGT, se trataría de firmar una senda de subidas salariales a tres años que garantice el poder de compra de los trabajadores. Para la CEOE, este acuerdo solo se podría suscribir siempre que las alzas salariales sean razonables y ofrezcan un horizonte de moderación.
En una reunión celebrada el miércoles, el Ministerio de Trabajo emplazó a los agentes sociales a que alcancen pronto un acuerdo que dé certidumbre y blinde la economía del mordisco de la inflación. Aunque la patronal quiere mantener fuera al Gobierno, la foto daría al Ejecutivo un importante revulsivo en medio de las quejas sobre el encarecimiento de la cesta de la compra. “Esto es un asunto bipartito. El Gobierno no tiene nada que decir aquí”, dice una fuente patronal todavía irritada por una negociación del salario mínimo que se zanjó al margen de la CEOE en menos de 24 horas.
Con la rúbrica del V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC), tanto las patronales como los sindicatos sectoriales tendrían una guía esencial para encarrilar las negociaciones de convenios. “Hay una importante pérdida de capacidad de compra para los trabajadores. Si se firma el acuerdo, se evitaría mucha conflictividad laboral en los próximos meses. Por eso, es importante cerrarlo cuanto antes”, explica una fuente sindical.
Aunque lo normal sería que las negociaciones se alargaran hasta casi mitad de año, miembros de los sindicatos y del Gobierno presionan para que el pacto pueda estar listo en mes y medio. No obstante, el Ministerio de Economía se muestra más cauto y prefiere esperar a que la inflación se modere en los próximos meses antes de firmar subidas salariales. Algunas voces de la CEOE también quieren aguantar pensando que les beneficiará. Los aumentos salariales pactados en convenio se situaron el año pasado en una media del 1,47%, frente a una inflación media anual del 3,1%.
Sin embargo, fuentes sindicales recuerdan que el escenario internacional apremia. Se corre el riesgo de que el conflicto en Ucrania alimente todavía más el encarecimiento de los combustibles, enquistando las presiones inflacionistas.
Ante el peligro de que la inflación sea más persistente, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido en varias ocasiones un pacto de rentas que modere los incrementos salariales y asegure que los precios no se descontrolan. Son los llamados efectos de segunda ronda: al subir los salarios sin aumentar la producción, solo para compensar la pérdida de renta, existe el riesgo de que la inflación tome todavía más fuerza y las empresas pierdan competitividad. De suceder así, obligaría al Banco Central Europeo a endurecer antes su política monetaria y encarecer la deuda a pesar de que la economía todavía se esté recuperando de la pandemia.
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Por su parte, los sindicatos defienden que no se utilice el IPC medio anual, una medida que el Gobierno ha empezado a usar este año para la revalorización de las pensiones y que el año pasado estuvo en el 3,1%. Las centrales insisten en que siempre se ha usado el interanual, ahora en el 6,5%. Algunas fuentes sindicales hablan de empezar la negociación reclamando aumentos del 5%, algo que la CEOE rechaza de plano. Otras consideran que es el momento de recuperar las cláusulas de revisión salarial, que están solo en el 15% de los convenios y que garantizarían la inflación real con efecto retroactivo. El acuerdo tendría en principio un horizonte a tres años, entre 2022 y 2024.
Dinamizar el consumo
“Solo aceptaremos una senda que sea razonable”, subraya un alto cargo de la CEOE. Fuentes patronales se quejan de que los excedentes empresariales aún se encuentran lejos de los niveles previos a la pandemia y recalcan que no debe repercutirse a la economía una inflación llegada de fuera y causada por los combustibles. En cambio, los sindicatos defienden que las subidas salariales dinamizarán el consumo.
Las negociaciones se adivinan tensas. La subida del salario mínimo deja menos margen a la CEOE, que teme el efecto arrastre que pueda provocar en los convenios. Calcula que en torno a un 30% se verían afectados por el alza del SMI y sostiene que ya hay cinco comunidades en las que este supera el 60% del salario medio y otras seis en las que se acerca mucho. Al fijarse el objetivo de que el salario mínimo sea un 60% del sueldo medio, cuanto más se suban las retribuciones más se empujará al alza el SMI.
El anterior ANC se estableció para el periodo 2018-2020. Pero la pandemia impidió que se negociara otro. Ahora se va a enriquecer incluyendo cuestiones de igualdad y salud laboral. También se pretende que sirva para afinar el contenido de la reforma laboral. El decreto recoge muchos aspectos que deben desarrollar los agentes sociales. Y además se buscará limar algunos puntos al margen del Gobierno. La CEOE presionará aduciendo que el empleo podría resentirse. Y los sindicatos quieren pautar la utilización del fijo discontinuo, el contrato estrella de la reforma laboral que se ofrece como alternativa al temporal. Es un indefinido al que se llama según las necesidades periódicas de trabajo. Sin embargo, cabe el riesgo de que al fomentar su uso las empresas quieran emplearlo como si fuera una suerte de contrato de cero horas, por el que se llama al trabajador solo cuando se le necesita sin pagar nunca el despido. Los sindicatos tratarían de asegurarse de que no sea así. La negociación se plantea ardua. No será fácil poner letra a la música.
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