La máxima instancia del tribunal electoral peruano denegó 270 pedidos del fujimorismo de anular votos de Pedro Castillo, el candidato que ganó en las urnas por más de 44.000 sufragios en el balotaje del 6 de junio. Desde el lunes de esta semana, solo restaban procedimientos administrativos para la proclamación del maestro rural como presidente electo, pero los abogados de Keiko Fujimori anunciaron la noche del martes que volverán a presentar recursos. Mientras tanto, Castillo teje alianzas que le permitan una base para gobernar, dado que su competidora no reconocerá los resultados y lo califica de “presidente ilegítimo”.
El profesor y dirigente sindical de izquierda ha obtenido el respaldo de los principales gremios de trabajadores y de organizaciones civiles que han creado el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, para defenderse de los políticos conservadores y militares en retiro que llamaban a la intervención de las fuerzas armadas para impedir “el comunismo”.
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El 15 de junio, el escrutinio oficial dio por ganador a Castillo con una diferencia de 44.058 votos sobre la candidata de la derecha, pero el fujimorismo presentó cientos de pedidos para anular mesas de votación donde ganó masivamente el maestro rural. El Jurado Nacional de Elecciones pasó un mes procesando los casos: el lunes, los cuatro magistrados de esa entidad terminaron la revisión y publicación de resoluciones. Todas las peticiones fueron rechazadas -por infundadas- en primera y en segunda instancia. Los magistrados encontraron que no hubo falsificación de firmas, ni suplantaciones de miembros de mesa, ni colusión para llenar actas como alegan Fujimori y aliados.
Durante ese periodo, Castillo ha sido reconocido como presidente electo por los gobernadores regionales en una asamblea realizada en Cusco, y por 30 alcaldes, así como por los decanos del Colegio Médico del Perú y el Colegio de Tecnólogos Médicos, clave en la lucha contra la pandemia de la covid-19.
Castillo necesita apoyos en el Legislativo, pues postuló a la presidencia como invitado por el partido Perú Libre -formación dirigida por el neurólogo marxista-leninista Vladimir Cerrón- que ha obtenido 37 escaños, la primera minoría en un parlamento de 130 miembros. Tras el endoso en la campaña de segunda vuelta de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, contará con los cinco votos de la bancada de Juntos por el Perú, y tres del Partido Morado, del exaspirante a la presidencia Julio Guzmán, quien también ha reconocido al profesor rural como el ganador.
Tres de los partidos de centro-derecha con representación en el Congreso, Acción Popular y Alianza para el Progreso -del excandidato César Acuña-, están fragmentados desde las elecciones de 2016 y no votan uniformemente. En este contexto, algunos respaldan la versión del “fraude” de Fujimori, y otros, como el gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, son aliados de Castillo.
Además, los voceros parlamentarios de Perú Libre trabajan en la formación de una mesa directiva multipartidaria en el Congreso, con el partido de Acuña y con Somos Perú, que este miércoles aceptó aliarse con ese fin. Adicionalmente, el profesor rural se ha reunido al menos un par de veces con el excandidato presidencial George Forsyth, cuyo padre -el diplomático jubilado Harold Forsyth- tiene una red de contactos en la élite limeña.
La versión de Fujimori y sus defensores sobre “irregularidades” en la elección es alimentada a diario con mensajes de texto entre sus seguidores y medios de comunicación, pero también se expresa en la calle a través de un grupo de choque fujimorista llamado La Resistencia.
Al final de la tarde del miércoles, la turba intentó retirar las vallas de protección de Palacio de Gobierno, se enfrentó a la policía, agredió a periodistas y apedreó y apaleó vehículos oficiales de dos ministros del actual presidente, Francisco Sagasti. La turba hizo eco de los dichos de Fujimori -y aliados- de que el presidente saliente ha tomado partido por Castillo al no pedir una auditoría de las elecciones.
Obligado a negociar
Castillo necesitará más apoyos para gobernar. La nueva bancada ultraderechista de Renovación Popular, de 13 miembros, es aliada de los 24 parlamentarios fujimoristas de Fuerza Popular. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ha dicho que su bancada planteará una comisión investigadora del “fraude” en las elecciones, y calificó el futuro gobierno de Castillo como “legal, pero ilegítimo”. El mismo tono usó la lideresa del fujimorismo el sábado en un plantón, desafiando al presidente electo. “Van a consumar el fraude en mesa y no vamos a aceptarlo: iremos a Palacio (de Gobierno) con el voto popular. Que me escuche bien el señor Castillo, este partido recién empieza”, clamó la hija del autócrata Alberto Fujimori.
La congresista electa por Cusco de Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo que las regiones -en oposición a la capital- respaldan a Castillo. “Aunque no hay un único rostro, hay actores regionales como las universidades, colegios profesionales, instituciones y los gobernadores que están a la espera del nivel de representación que el nuevo Gobierno les va a dar”, comentó.
La abogada Luque sostiene que ante la deslegitimación emprendida por el fujimorismo “se ha configurado el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad para garantizar una mejor defensa del futuro Gobierno”. Ella destaca que políticos y técnicos sin militancia partidaria -como el ex ministro de Economía Alonso Segura- están aproximándose a Castillo en el momento previo a la transferencia de gestión.
De todos modos, el analista político Mauricio Zavaleta ve complicado el futuro inmediato del mandatario electo porque no es miembro de ninguna élite y el poder económico y los medios de comunicación están en su contra. ”Los actores políticos en sí mismos son muy débiles: una candidata (Fujimori) entró a la segunda vuelta con el 13% de los votos, y todos son liliputienses políticos. Ni sumando a Verónika Mendoza pueden garantizar a Castillo cierta estabilidad en el parlamento”, opina el politólogo.
”Necesita voces como la de (Alonso) Segura para aconsejar la prudencia en un grupo de presión importante como el empresariado. Entonces, tiene un problema de coordinación gigante: muchos actores con expectativas contradictorias que, a su vez, influyen relativamente en su estabilidad como presidente”, añade Zavaleta.
Para agravar el escenario, el abogado de Fuerza Popular Julio Castiglioni anunció que apelará ante el tribunal electoral 15 actas en esta fase porque la ley se lo permite. Pese a que la cantidad de votos sobre la que quiere reclamar no modifica el resultado final, causará más retraso a la esperada transferencia de información entre el gobierno entrante y el saliente.
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