El penal de Goros II, conocido como El Castillo, en Sinaloa, tenía una calificación de 5.25 sobre 10 en una evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizada en 2025, que documentó deficiencias de seguridad, custodia y prevención de hechos violentos, señaló la analista Lisa Sánchez.
Durante su participación en Aristegui en Vivo, Sánchez retomó el diagnóstico del centro penitenciario tras las riñas registradas el jueves y viernes, en una de las cuales murió un niño de dos años que se encontraba de visita con su familia.
La analista sostuvo que las autoridades deben esclarecer el origen de los enfrentamientos, determinar si están relacionados con la crisis de violencia que vive Sinaloa desde hace más de dos años y explicar cómo ingresaron armas de fuego al penal.
¿Cómo puede ser que la autoridad no mantenga el control de este centro penitenciario?
Además cuestionó que el problema no se limita a la respuesta de las autoridades después de los hechos, sino a su capacidad para garantizar la seguridad y prevenir incidentes de manera cotidiana.
De acuerdo con Sánchez, la evaluación de la CNDH identificó deficiencias en la separación de personas procesadas y sentenciadas, así como en la clasificación de internos según su perfil de peligrosidad.
También reportó insuficiencia de personal de seguridad y custodia, problemas de capacitación, fallas en la atención médica y en la alimentación, además de carencias en los mecanismos para prevenir y atender hechos violentos y recibir denuncias por violaciones a derechos humanos.
Dijo que aunque el centro no estaba clasificado como sobrepoblado, la evaluación reportó alrededor de mil 200 internos frente a una capacidad instalada aproximada de mil 800 personas.
Sánchez precisó que el antecedente plantea dudas sobre las medidas adoptadas para corregir las fallas detectadas antes de los recientes enfrentamientos.
La analista pidió que las investigaciones expliquen también los movimientos de personas y mercancías dentro del penal, la posible existencia de redes de extorsión, cobro de privilegios y otras actividades ilícitas, así como una eventual participación o complicidad de personal penitenciario.
Estas posibilidades, afirmó, deben ser esclarecidas por las autoridades.
Sánchez vinculó el caso con la situación de violencia que enfrenta Sinaloa, donde, de acuerdo con las cifras que citó durante la mesa, se acumulan más de 4 mil homicidios y más de 5 mil personas desaparecidas o privadas ilegalmente de la libertad, además de más de 12 mil negocios cerrados.
Advirtió que la política de seguridad no puede centrarse únicamente en las detenciones y el despliegue de fuerzas policiales, sino que debe considerar la gobernabilidad de los centros penitenciarios, las condiciones de reclusión y la reinserción social.
Como parte de ese análisis, mencionó un estudio de Data Cívica sobre prisión preventiva oficiosa, según el cual las determinaciones de esta medida cautelar en el ámbito estatal aumentaron 81 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de poco más de 10 mil a cerca de 19 mil.
En el mismo periodo, las medidas de prisión preventiva justificada se mantuvieron por encima de las 30 mil.
Sánchez señaló que cuatro de cada diez personas privadas de la libertad en México permanecen sin sentencia condenatoria y cuestionó que la prisión preventiva oficiosa se prolongue más allá del límite de un año previsto constitucionalmente.
Citó casos en los que las personas han pasado años en prisión sin sentencia, una situación que, afirmó, obliga a revisar la estrategia de seguridad también desde la perspectiva de los derechos humanos.
La analista consideró que los hechos en El Castillo deben motivar una revisión de las condiciones estructurales del sistema penitenciario y de las responsabilidades de las autoridades, más allá de los operativos desplegados después de los enfrentamientos.
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