Interior destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid por “pérdida de confianza” al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (…) con fines de conocimiento”. Así consta en el documento reservado sobre el cese que firmó el 24 de mayo la directora general del instituto armado, María Gámez. Fernando Grande-Marlaska atribuyó en su día el relevo a un “cambio de equipos” y la desvinculó del informe sobre el 8-M elaborado en su comandancia, pero este martes en el Senado relacionó el cese con la “filtración” del informe. La oposición pide su dimisión “inmediata”.
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El documento del cese, adelantado por El Confidencial, compromete la versión mantenida hasta ahora por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien había insistido en que la salida de Pérez de los Cobos se había debido a una mera reestructuración interna y al “nuevo impulso” que quería dar su ministerio a la Guardia Civil. En reiteradas comparecencias aseguró que la salida del coronel respondía “única y exclusivamente” a una “normal reconstitución de equipos”.
El ministro sí había hablado explícitamente de pérdida de confianza. Y lo que especifica el documento conocido este martes es que esa pérdida de confianza por parte de Marlaska y la directora de la Guardia Civil se produjo porque el coronel no les informó “del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil”. Esto es: no les informó de que agentes bajo su mando —en función de policía juicial— habían entregado un informe a la titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga las manifestaciones celebradas en Madrid durante la fase de expansión del coronavirus, incluida la marcha feminista del 8-M. En ese procedimiento está imputado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El informe de la Guardia Civil, que contenía numerosos errores e inexactitudes, fue presentado ante la juez el jueves 21 de mayo. Y el domingo 24 fue cesado Pérez de los Cobos.
Marlaska había negado insistentemente —y sigue negando— que quisiera conocer el contenido del informe. “Ni yo, ni nadie del ministerio, ni de la dirección general de la Guardia Civil ha interesado ni interesó a Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe”, había repetido durante estos días. Este martes, tras conocerse el documento, desde el ministerio se insistió en esta idea, ampliando las explicaciones: “Se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil por la cadena de mando”. Por la tarde, sin embargo, Grande-Marlaska atribuyó el cese a la filtración del informe, que calificó de “disfunción”.
El entorno de Pérez de los Cobos, por su parte, señaló en su momento que “horas antes de que la directora general le comunicara su cese” —ese domingo 24— recibió otras dos llamadas de sus superiores preguntando por el citado informe (“en qué estado se encontraba, “cómo estaba ese asunto” y “si había sido enviado ya al juez o no”).
Según Interior, el coronel Pérez de los Cobos sí había informado “a finales de marzo” de que la juez había encargado esta investigación a una de las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid. “Días más tarde”, afirman fuentes de Interior, “se informó también de que las actuaciones quedaban paralizadas por el estado de alarma”. Sin embargo, añaden las mismas fuentes, el mando de la Guardia Civil destituido no informó posteriormente a sus superiores de que las pesquisas “no pararon y se reanudaron”. Es ahí donde sitúa el Gobierno la falta de confianza aducida por el ministro. Según el entorno del coronel, Pérez de los Cobos argumentó que no podía dar información de una causa secreta “que no debía conocer por depender de un juez y de la Policía Judicial”.
Marlaska renovó su argumentario este martes en el Senado para defender las razones de la pérdida de confianza: el informe, según la versión del ministro, había sido filtrado “nada más ser entregado al juzgado”, el jueves 21 de mayo. Al día siguiente, El Confidencial también publicó que la Guardia Civil apuntaba al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias. “La directora de la Guardia Civil requirió que se le informara de qué pasaba con esa filtración”, dijo Marlaska; “una filtración es un delito de descubrimiento de secretos”, señaló el ministró.
Interior expuso este martes una instrucción de la Dirección Adjunta Operativa de abril de 2012 que obliga a los mandos de las comandancias a dar cuenta semanalmente de las operaciones “que vayan a entrar en fase explotación” (cuando, culminada una investigación, se procede a detenciones y registros) con “posibles implicaciones de cargos públicos”. En este caso estaba imputado el delegado del Gobierno de Madrid por un presunto delito de prevaricación, por permitir la manifestación del 8-M. Pero se trataba de una investigación judicial en fase de instrucción, aún no concluida.
El malestar en la Guardia Civil ha ido in crescendo en los últimos días. Al cese de coronel le siguió la dimisión del número dos del cuerpo, el Director Adjunto Operativo (DAO) Laurentino Ceña. Solo le quedaba una semana para jubilarse y mostraba de ese modo su “disconformidad” con la decisión ministerial. Posteriormente fue cesado el número tres, el general Fernando Santafé (Mando de Operaciones, MOP), “disconforme” con la propuesta del nuevo DAO, Pablo Salas.
En Interior insisten en que el documento reservado conocido este martes “acredita que la dirección de la Guardia Civil y el ministerio ni conocían las actuaciones ni tuvieron acceso al informe”. “Un informe que, sin embargo, fue objeto de filtraciones antes de que las partes personadas tuvieran acceso al mismo”, apostillan. “La confianza es un elemento nuclear en un cargo como el del coronel, para el que fue nombrado de forma discrecional, y para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación. Sin estos elementos, no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima”, cierran.
La oposición cargó contra el Ejecutivo al denunciar “injerencias” en el instituto armado y pidió el cese “inmediato” de Marlaska. Varias asociaciones de jueces criticaron con dureza a Marlaska. El Gobierno respaldó al ministro: “La pérdida de confianza abarca muchos aspectos distintos”, dijo la ministra portavoz, María Jesús Montero. Y apostilló: “Intromisión, ninguna”.
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