LIMA, Perú – El Gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.
“Se ha aprobado declarar el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas”, dijo el ministro de Defensa, Alberto Otárola en una declaración a la prensa.
El Gobierno decretó esta medida tras las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país en los que, por ahora, se han confirmado siete víctimas mortales de protestantes y más de un centenar de policías heridos.
“Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno”, dijo el ministro en el patio del Palacio de Gobierno en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros.
Explicó que en unas horas se oficializará en una edición especial del diario oficial El Peruano la norma por la que se decreta por 30 días el estado de emergencia a nivel nacional, lo que significa que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
“Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión”, indicó Otárola.
Señaló que esta medida ha sido motivada “para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos”, dijo al añadir que es necesario proteger las infraestructuras estratégicas para asegurar el bienestar y paz de ciudadanos.
Dijo que existe la posibilidad de también decretar toque de queda pero que tienen que definir el marco legal de la norma.
PROPUESTA DE ADELANTO DE ELECCIONES A DICEMBRE DE 2023
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este miércoles que planteó que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de la propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país.
Boluarte remarcó que “legalmente los tiempos calzarían” para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche del martes con el Consejo de Estado se hicieron “reajustes” que indican que los comicios podrían ser en diciembre próximo.
“Haciendo reajustes esto se puede adelantar a diciembre de 2023, antes de esa fecha técnicamente, legalmente, no calzaría; en consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución”, enfatizó la presidenta.
Agregó que, como jefa de Estado, tiene “que ser responsable y decir que estos tiempos no dependen” de ella, “sino del Congreso y del ente electoral, que va a llevar a cabo el adelanto de elecciones”.
En menos de 12 horas, Perú vivió la disolución de su congreso, destitución de su presidente y juramente de su nueva mandataria.
Ante las protestas y manifestaciones violentas que se han desataron en el país desde el pasado fin de semana, que hasta el momento han dejado siete muertos y más de un centenar de policías heridos, Boluarte enfatizó que “los ciudadanos de bien” no pueden “comportarse ni poner en riesgo la vida y la salud de nuestros compatriotas”.
“Llamo al Perú en general a mantener la calma, este Gobierno de Dina Boluarte desde el comienzo ha dicho que va a ser dialogante”, remarcó antes de aclarar que no se puede “dialogar si de por medio hay violencia”.
La gobernante reiteró que los ministros “se van a desplazar a los lugares de tensión” en el país, con la intención de “conversar de manera fraterna, tranquila” con las organizaciones y manifestantes que participan en las protestas.
“Mantengamos la calma, el Perú no puede desbordarse en sangre, ya esa experiencia la hemos vivido en los (años) ochentas, en los noventas, no queremos volver a esa historia dolorosa que nos ha marcado la vida y el rostro de miles y miles de peruanos”, invocó.
EL PLANTEAMIENTO DE BOLUARTE
Boluarte había anunciado este martes que iba a reunirse con la Comisión de Constitución del Congreso para buscar “acortar los plazos” para la celebración de elecciones generales en su país.
La jefa de Estado, que asumió el cargo el pasado miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, sostuvo que el suyo es “un Gobierno de transición”, que preside con el objetivo de “llamar a la calma” en su país, ante la grave agitación social y política.
Ante los pedidos que hace un sector de la ciudadanía para que se cierre el Congreso, Boluarte recordó que Castillo fue destituido y enviado a prisión precisamente por intentar aplicar una medida de ese tipo.
Señaló que, por todos esos motivos, “no entiende” por qué un sector de los peruanos, a los que llamó “hermanos”, se “están levantando en contra de este Gobierno” que preside.
El embajador de Perú en Estados Unidos, Oswaldo de Rivero, anticipa el apoyo de Washington al gobierno de Dina Boluarte; mientras Pedro Castillo solicita asilo político en México.
El Gobierno de Perú formalizó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo.
En el proyecto se detalla que ese plazo “deberá servir también para aprobar, de ser el caso, las reformas constitucionales referidas al régimen político peruano” y remarca que “urge realizar cambios democráticos y constitucionales en el Congreso, obedeciendo fundamentalmente el sentimiento de la ciudadanía”.
Al anunciar esta propuesta, durante la madrugada de este lunes, Boluarte dijo que tomó la decisión de no terminar su mandato en julio de 2026 al interpretar “de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio” del Gobierno.
La presidenta asumió su cargo en reemplazo de Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.
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