El gobierno peruano promulgó una ley que considera indemnizar a las víctimas de violencia sexual, entre quienes se encuentran las miles de personas que fueron esterilizadas forzosamente por el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90 del siglo pasado.
El gobierno peruano promulgó una ley que incluye a las víctimas de esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el Plan Integral de Reparaciones (PIR), por lo que éstas podrán ser indemnizadas.
En concreto, se modificaron los artículos 3 y 6 de la Ley del PIR, que tiene como finalidad reparar y compensar las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, y se reconoce como beneficiarias a las víctimas “de violencia sexual en sus diversas formas”, con lo que se otorga el derecho de reparación de estas mujeres a quienes se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, tal y como recoge el medio peruano Wayla.
La excongresista y activista indígena Tania Pariona fue la precursora de esta modificación en la Ley del PIR y celebró esta “buena noticia” a través de una publicación en su perfil de Facebook.
Aproximadamente 2 mil 73 mujeres denunciaron ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento. Al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes aún mil 307 denuncias.
Precisamente, La Justicia peruana fijó para el próximo primero de marzo la audiencia contra el expresidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en estos hechos durante sus diez años en Casa de Pizarro.
La autoridades no solo acusan a Fujimori sino también a los antiguos ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
Todos ellos están acusados de forzar a casi 350 mil mujeres y 25 mil hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país (Europa Press)