Este miércoles se cumple una semana desde que Pedro Castillo dio un mensaje a la nación, minutos antes del mediodía, con la voz entrecortada y las manos temblorosas, que puso fin a su estancia en el Palacio presidencial. Un autogolpe de Estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de su gabinete ministerial, que se desinfló en tiempo récord. Un Gobierno de excepción y una disolución del Congreso de la República que no llegaron a consumarse y que acabaron con Castillo detenido y destronado, en un nuevo capítulo del rasgo más estable de la realidad peruana: la inestabilidad. Este miércoles, la Fiscalía se ha inclinado, como se esperaba, por pedir que el ya expresidente siga en prisión al pedir que se le impongan 18 meses de prisión preventiva. Castillo confiaba en quedar en libertad hoy mismo, aunque no solo ese escenario es cada vez más improbable, sino que el juez ordenó aplazar un día, hasta mañana jueves, la audiencia que determinará si permanece en prisión.
Aunque para diversos sectores de la sociedad civil la salida de Castillo representa nuevos aires para el país, siete días después Perú se asfixia entre la crisis de otro mandato que nació débil y una represión policial que ha acabado con la vida de seis personas que salieron a las calles a gritar su descontento. Cuatro horas después de que Pedro Castillo se pusiera la soga al cuello, la vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta del Perú, pero ni siquiera haber roto paradigmas le ha significado una tregua en su intento de gobernar.
El último fin de semana, apenas unos días después de colocarse la banda presidencial, Boluarte se vio obligada a anunciar adelanto de elecciones generales para abril de 2024, tras una seguidilla de protestas a lo largo y ancho del Perú. El Ejecutivo ya presentó un proyecto de ley al respecto. ¿Es el plazo más razonable para frenar la convulsión social? Más allá de que está establecido que se requieren 270 días de anticipación desde la convocatoria hasta la realización de un nuevo proceso electoral, muchos peruanos demandan más que anuncios para apaciguar las aguas.
Pedro Castillo, el maestro rural que presidió el Perú durante aproximadamente un año y medio, permanece en detención preliminar desde entonces por el presunto delito de rebelión y conspiración. Pasa sus días en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en un cuarto estrecho, muy cerca de donde cumple condena, en un espacio mucho más amplio, el expresidente Alberto Fujimori, quien dio un golpe de Estado que sí se hizo efectivo treinta años atrás, en abril de 1992.
Compatriotas: mañana miércoles 14 de diciembre se cumplen siete días de una injusta y abusiva detención. Siete días en donde el pueblo me ha demostrado su solidaridad y compromiso en defensa de nuestro gobierno y su futuro. Mañana a las 1:42 pm. Saldré en libertad. (1/2) pic.twitter.com/C1F0pgT4jl
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 13, 2022
Castillo, el presidente que casi nunca dejó su característico sombrero, fue detenido en la Prefectura de Lima por su propia escolta cuando se dirigía hacia la Embajada de México para pedir asilo político, según las declaraciones del canciller y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El martes la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la petición de apelación que había presentado su defensa y que solicitaba la anulación de la detención preliminar que vencía este miércoles minutos antes de las dos de la tarde. Las redes sociales del expresidente difundieron poco después las fotos de un mensaje manuscrito en el que el maestro rural se mostraba convencido de que quedaría en libertad y convocaba a sus seguidores a las puertas de la Dirección de Operaciones Especiales. “Mañana a las 1.42 pm saldré en libertad”, escribió en Twitter.
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La Fiscalía se inclinó, en cambio, por solicitar 18 meses de prisión preventiva. El objetivo de esta petición es proteger la investigación en curso y aportar pruebas. Sobre el político no solo pesan los presuntos delitos de rebelión y conspiración, sino también la acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de liderar una “organización criminal” desde dentro del Palacio de Gobierno con el propósito de amañar contratos valiéndose de su poder. Desde prisión, Castillo no ha sido autocrítico, sino más bien se ha victimizado: “No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la señora fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la señora Dina Boluarte [su sucesora].
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