El reconocimiento de derechos humanos no está sujeto a la popularidad de diputados y es inconstitucional no modificar el marco legal vigente, sostienen.
En carta dirigida a representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en México, un grupo de más de 500 personas -académicos, juristas, empresarios y defensores de derechos- reprochan al Congreso de Yucatán haber pospuesto la discusión del matrimonio igualitario y piden a los destinatarios posicionarse sobre el tema.
Entre los destinatarios figuran Jan Jarab, representantes en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Flávia Piovesan, relatora sobre los derechos de las personas LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“En los últimos días -dice la carta-, el tema del matrimonio igualitario ha estado una vez más en el Congreso de Yucatán. Sin embargo, las y los diputados han pospuesto la discusión del tema “por cuestiones de calendario”. Esta decisión se ha producido en paralelo a las declaraciones de los coordinadores parlamentarios de las dos bancadas más numerosas en el Congreso de Yucatán sobre los criterios que seguirán para determinar el sentido de su voto”.
Los firmantes citan a Felipe Cervera Hernández, coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, quien dijo recientemente que el sentido de su voto será en función de “lo que quieren nuestros electores y la mayoría de los ciudadanos”.
Por su parte -añaden-, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Rosa Adriana Díaz Lizama, ha declarado que es relevante considerar que 99% de las voces que ha escuchado se oponen al matrimonio igualitario y el papel del Congreso “no se trata sólo de respetar los derechos humanos, sino de respetar los derechos de terceros”.
En la parte final del documento, los firmantes solicitan su posicionamiento sobre este tema y señalan: “Nuestro único objetivo es hacer ver a quienes integran el Congreso de Yucatán que el reconocimiento de los derechos humanos no está sujeto a su popularidad, que no modificar el marco legal vigente para reconocer plenamente el matrimonio igualitario es inconstitucional y que un Congreso que se niega a reconocer este derecho contribuye a perpetuar la discriminación y la opresión.
A continuación, la carta íntegra: