Amnistía Internacional junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dirigieron una carta abierta a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para “dignificar, reconocer y conmemorar la resistencia organizada de mujeres y abrir un espacio público que abrace y acoja las distintas luchas por los derechos humanos”.
Las organizaciones piden que “el espacio que hoy ocupa la Glorieta de las Mujeres que Luchan debe ser considerado como acción protegida bajo las reglas del derecho internacional de los derechos humanos”, ya que ha significado una “contribución a la expansión y fortalecimiento del espacio cívico”.
Foto: Cuartoscuro
Amnistía Internacional y la CMDPDH hacen tres exigencias específicas: 1) reconocer el papel de las mujeres en la historia reciente de México, 2) respetar la colocación y mantenimiento de la Antimonumenta de la mujer llamada “Justicia” y de la “Glorieta de las Mujeres que Luchan” y 3) renombrar la ex Glorieta de Colón como “Glorieta de las Mujeres que Luchan”.
En la carta las organizaciones hacen un recuento de la historia de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Reforma. De acuerdo a la carta, “este símbolo representa la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento y exigencia al respeto, garantía, protección y promoción de sus derechos”.
El gobierno de la Ciudad de México no ha reconocido la importancia de este monumento, que después de un año y medio de su establecimiento se ha convertido en un punto de encuentro para las marchas del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Sin embargo, sostienen que el Gobierno de la Ciudad de México tiene la oportunidad de “dignificar, reconocer y conmemorar la resistencia organizada de las mujeres que han convocado su dolor para abrir un espacio público que abrace y acoja las distintas luchas por los derechos humanos”.
El reconocimiento de este monumento sería un acto de restitución, reparación y dignificación hacía la impunidad, la inacción estatal y la indolencia para abrir espacios públicos que acogen las luchas por los derechos humanos.
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