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‘Plan B’ de la reforma electoral suma nuevas impugnaciones: SCJN

'Plan B' de la reforma electoral suma nuevas impugnaciones: SCJN

Las impugnaciones contra las reformas electorales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador se siguen incrementando, por lo que este 4 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido 164 controversias constitucionales y 14 acciones de inconstitucionalidad contra el llamado “Plan B”.

Además, hasta el momento se han presentado 91 recursos de reclamación contra la admisión de las controversias constitucionales y otras cuatro reclamaciones contra las suspensiones otorgadas en las acciones de inconstitucionalidad contra los Decretos 1 y 2 de la reforma electoral.

Mediante un comunicado, el Máximo Tribunal del país explicó que hasta este 4 de abril, la Suprema Corte admitió a trámite 132 controversias constitucionales de las 164 que se han presentado en contra del llamado “Plan B” de la reforma electoral.

Las impugnaciones se han promovido en contra del primer decreto que abarca los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, normas contempladas en el denominado Decreto 1 de la reforma electoral.

Además, se han presentado nuevas impugnaciones contra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, respectivamente, normas contempladas en el Decreto 2 del “Plan B”.

Por lo anterior, la Suprema Corte detalló que contra el Decreto 1 de la reforma electoral, se presentaron 161 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad, de las cuales ya se admitieron 131 controversias y seis acciones de inconstitucionalidad.

En este marco, el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, dio trámite a las controversias constitucionales promovidas por municipios de distintos estados el país, así como por poderes legislativos estatales, alcaldes y gobernadores.

Por lo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad, la Corte explicó que contra el Decreto 1 se han presentado ocho acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos que integran la coalición “Va por México”, es decir, PRI, PAN y PRD; así como por Movimiento Ciudadano (MC); el llamado Bloque de Contención del Senado de la República; por diputados del Congreso de la Unión y por el partido político local Hagamos, aunque está última fue desechada.

En la admisión de las siete acciones de inconstitucionalidad restantes, el ministro Pérez Dayán concedió la suspensión del decreto referido para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, es decir, en el Estado de México y en Coahuila.

El argumento para otorgar las suspensiones es que la citada reforma se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; además de que contiene “modificaciones legales fundamentales” y su aplicación podría causar “afectaciones irreparables al sistema democrático”.

Respecto al Decreto 2 sobre la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, el ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD).

Se encuentran pendientes de admisión nuevas impugnaciones presentadas por el PRI y el PAN contra el Decreto 2.

Es preciso señalar que, en el caso del Decreto 1, tanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad se encuentran en la fase de admisión de demandas, recabando las respuestas y argumentos de todas las partes.

En el caso del Decreto 2, el plazo para recepción de acciones de inconstitucionalidad venció este día, mientras que la fecha límite para recibir controversias constitucionales expira el próximo 20 de abril.


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