El Gobierno de España ha anunciado que presentará el día 29 su plan de respuesta a la crisis económica generada por la guerra. La tardanza en la presentación de medidas de urgencia está justificada por la necesidad de acompasarlas con los acuerdos en el marco de la Unión Europea, así como con la valoración de los efectos económicos de una situación incierta que depende más de la geopolítica que de la propia dinámica de los mercados. Entre los elementos del plan de actuación figura la tentativa de promover un pacto de rentas, todavía no maduro en opinión de los agentes sociales, así como medidas para reducir la factura energética de empresas y hogares, la rebaja de impuestos de los combustibles y la desvinculación del precio de la energía eléctrica del precio del gas natural.
El diseño de estas medidas debe ser muy cuidadoso. La experiencia señala que una bajada de impuestos en sectores con una oferta muy rígida a corto plazo, como es el caso del sector energético, consigue unos efectos limitados. No toda la reducción impositiva termina reflejándose en los precios que paga el consumidor, sino que una parte acaba engrosando los beneficios empresariales. Su impacto negativo en términos de cumplimiento de los objetivos de cambio climático comprometidos también resulta reseñable. No obstante, el Gobierno tiene poco margen de actuación si su objetivo es aliviar de manera rápida la subida de precios, ya que poner en marcha otros mecanismos llevaría un tiempo que esta crisis sobrevenida no concede. En otras palabras, tendrá que sacrificar la eficiencia de sus políticas en aras de un impacto más inmediato.
Junto con el pacto de rentas y la reducción de impuestos, la tercera iniciativa se centrará en la reforma del mercado eléctrico, desvinculando el precio de la electricidad del precio del gas. Las medidas que se tomen serán siempre transitorias y sujetas al régimen de autorizaciones que apruebe la Unión Europea, que apuesta por establecer impuestos extraordinarios sobre los beneficios caídos del cielo, que son aquellos generados cuando todas las tecnologías se remuneran al precio de la más cara, antes de reformar totalmente el sistema marginalista que rige el mercado eléctrico de la Unión. Con todo, esta reforma transitoria puede llegar dentro de unas semanas o incluso meses, tiempo durante el cual la ciudadanía y las empresas seguirán enfrentándose a altos precios energéticos.
Todas estas limitaciones invitan a activar complementariamente un paquete de apoyo dirigido a los sectores más expuestos a los precios de la energía, tales como los hogares con menos recursos y los sectores productivos más dañados por el precio de petróleo, gas y electricidad. La situación fiscal de España y la nueva política del Banco Central Europeo no permiten grandes iniciativas, pero en un más que probable escenario en el que la situación se enquiste y las anteriores medidas no surtan el efecto deseado a medio plazo, el Gobierno se verá obligado a actuar también en este ámbito.
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