El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso el pasado julio.Emilio Naranjo / EFEPodemos afrontará a partir de septiembre un vía crucis en los tribunales. Un juzgado ha imputado al partido como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula, a los que ha citado a declarar en noviembre, tras recibir una denuncia por supuesta financiación irregular de un antiguo abogado de la formación. Un revés que se suma a la reactivación del caso Dina en la Audiencia Nacional, donde el mismo letrado comparecerá como testigo. Todo ello, con las tensiones en el Gobierno por la Monarquía y la moción de censura de Vox como telón de fondo.El último tramo de agosto vaticina un reinicio del curso tormentoso para Podemos, que tendrá que esforzarse para navegar en dos frentes a partir de septiembre: en el político y en el judicial. Apenas disipadas las últimas tensiones en el Gobierno a raíz de las discrepancias entre los socios de la coalición por la defensa de la Monarquía, el partido liderado por Pablo Iglesias se convirtió este lunes en la diana de la oposición tras conocerse que el magistrado Juan José Escalonilla, responsable del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, ha citado a declarar como imputados a varios de los miembros de su cúpula. Entre ellos, a Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de la formación, director de sus campañas en las dos últimas elecciones generales y hombre muy próximo al actual vicepresidente segundo del Ejecutivo. De hecho, forma parte de su gabinete.El magistrado ha abierto una causa penal tras recibir una denuncia por financiación ilegal de un antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente, que se ha erigido en la bestia negra del partido desde su despido, a finales de 2019. El letrado, que prestó declaración por videoconferencia el pasado 29 de julio, habla “de cobros bajo mano” y de sobresueldos de unos 1.000 euros en complementos no justificados, entre otras presuntas irregularidades. Así que el instructor, tras escucharlo y estudiar su escrito, ha puesto en marcha toda una batería de pruebas para tratar de dilucidar los hechos, contra las que Podemos ya ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de tumbar el caso.Según consta en dos autos a los que tuvo acceso EL PAÍS, Escalonilla ha pedido a la policía judicial, por ejemplo, que identifique quién solicitó 55.000 euros a la caja de solidaridad de Podemos, un movimiento que denuncia Calvente; y que analice los pagos a dos consultoras —Neurona (a cuyo administrador llama también como imputado) y ABD Europa LDA— que hicieron trabajos para el partido para las elecciones y a los que el Tribunal de Cuentas ya señaló en su último informe. También ha requerido al Registro Mercantil un informe sobre las sociedades en cuyos consejos de administración figure Juan Carlos Monedero, fundador de la formación y ahora ajeno a la cúpula; y a Podemos le ha instado a entregar toda la normativa interna que regula sus sueldos, así como facturas y tiques relacionados con el caso. Además, ha citado como testigo al arquitecto que proyectó la reforma de la sede del partido.Presiones al Gobierno Esas actuaciones son solo el prólogo. El instructor también ha fijado para septiembre, entre otras comparecencias de testigos, la de Mónica Carmona, una segunda abogada de Podemos despedida en diciembre de 2019. Y para el próximo 20 de noviembre, el plato fuerte: las declaraciones de Olmo; la gerente de Podemos, Rocío Esther Val; el tesorero, Daniel de Frutos; y una trabajadora, Andrea Dedoto. Los cuatro, como imputados en un caso donde se investigan delitos de malversación y administración desleal.“El juez está haciendo una investigación prospectiva”, cargó este lunes Podemos contra el instructor: “Se trata de una forma de investigar prohibida y sancionada en los Estados de derecho. Consiste en practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio. El objetivo de este tipo de investigaciones es hacer un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada”. El portavoz del partido en el Congreso, Pablo Echenique, acusó a Calvente de presentar una “denuncia falsa” y dar alas a una “campaña mediática de difamación”.Según explican fuentes de la cúpula, Podemos cree que la oposición aprovechará ahora su largo vía crucis judicial —los imputados no declararán hasta dentro de más de tres meses— para presionar al PSOE con la intención de que Pedro Sánchez expulse a su socio del Gobierno. En septiembre, además, se espera un tenso reinicio del curso político, con la moción de censura anunciada por Vox, formación que además se encuentra personada como acusación popular en la causa del juzgado 42 de Madrid. “Con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada. Porque su objetivo no es judicial, sino la difamación mediática”, apostilló Echenique.Aun así, los reveses judiciales contra Podemos no se quedan en la decisión de Escalonilla. La Audiencia Nacional reactivará el caso Dina en solo tres semanas con la citación el 2 de septiembre para declarar como testigo de Calvente, que también acusa a la cúpula de Podemos de haber urdido un “montaje” en esta causa para presentarse como víctima de las “cloacas del Estado” con objetivos electorales. Además, otro juzgado de Madrid archivó el pasado julio por falta de pruebas la denuncia presentada contra Calvente, que formó parte durante años del equipo legal de Podemos, por acoso sexual a una compañera y que se esgrimió para justificar su salida en 2019.Denuncia de “indefensión”Mientras tanto, Podemos ya presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid en el que solicita anular la declaración de José Manuel Calvente, así como las imputaciones derivadas de ella, por no poder acceder a la grabación de dicho testimonio. Según explica la formación en dicho documento, al que tuvo acceso este periódico, ha solicitado al juzgado el audio, pero este solo le reenvió 40 minutos de las más de tres horas que duró la cita con el magistrado, en la que los letrados de Podemos estuvieron presentes. La formación de izquierdas denuncia que esta situación le genera “indefensión” y le “obliga a ejercer a ciegas el derecho de defensa” de los investigados.
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Podemos acusa al juez de abrirle una “causa general” y trata de frenar el caso en la Audiencia Provincial
