El Poder Judicial afirmó que el recorte de 714 millones de pesos que se planea para el presupuesto 2025 afectará la “continuidad operativa” de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
En comunicado, se afirmó que la Cámara de Diputados alista una asignación que es 12.06 por ciento menor para el máximo tribunal y de 17.45 por ciento para la Judicatura.
Se afirma que tal presupuesto “pone en riesgo el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores”.
La Corte se vería obligada a reducir el número de plazas por el previsible ajuste en su estructura o en las prestaciones consideradas en las condiciones generales de trabajo.
En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, el recorte presupuestal podría provocar el cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como la reducción de la plantilla laboral, lo que redundaría inmediatamente en una afectación al derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos.
También afirma que podría afectar la implementación de reformas, como la judicial, donde se espera el pago de cientos de liquidaciones, además de nuevos esquemas en materia laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos.
Aquí la postura completa:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) expresan su preocupación por el Proyecto de Presupuesto para 2025 en el que se plantea una reducción de 714,400,000 pesos; es decir, 12.06% menos que lo solicitado para la Corte; y de 13,117,200,000 pesos, 17.45% menos, para el Consejo de la Judicatura.
8 de cada 10 pesos solicitados corresponden al capítulo 1000 (sueldos, salarios y prestaciones) principalmente, por lo que una reducción como la que se está planteando afectará la continuidad operativa de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal; y además, pone en riesgo el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores.
La Corte se vería obligada a reducir el número de plazas por el previsible ajuste en su estructura o en las prestaciones consideradas en las condiciones generales de trabajo. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, el recorte presupuestal podría provocar el cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como la reducción de la plantilla laboral, lo que redundaría inmediatamente en una afectación al derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos.
Cabe recordar que en el Decreto de Reforma al Poder Judicial de septiembre de este año se asegura que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”, lo cual no ocurriría con un ajuste como el que se plantea.
Un recorte presupuestal de esta magnitud afectará la implementación de diversas reformas constitucionales en marcha —laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos— así como de la propia reforma judicial, pues los recursos solicitados incluyen previsiones necesarias para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
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