“El compromiso fundamental lopezobradorista de ‘abatir la corrupción’ se ha derrumbado junto con la credibilidad del líder carismático”, escribe Héctor Tajonar.
Por Héctor Tajonar
La exoneración del general Salvador Cienfuegos a sólo dos meses de su extradición a México, sin juicio alguno y tras una investigación tan apresurada como dudosa, es una de las decisiones más reveladoras y preocupantes tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a las graves consecuencias que tendrá en México, así como en la relación con el gobierno de los Estados Unidos presidido por Joe Biden.
En cuanto al deterioro de la relación bilateral, pareciera que el mandatario mexicano estuviese construyendo una estrategia de confrontación, no de cooperación, con el gobierno del presidente Biden, especialmente en el ámbito del combate al narcotráfico y el crimen organizado. Ello podría derivar en una tensión creciente, contraria al interés de ambos países en un tema tan delicado de la agenda bilateral.
Envuelto en la bandera de la soberanía nacional y con nulo tacto diplomático, López Obrador respondió a la buena voluntad mostrada por el gobierno estadounidense al permitir el regreso a México del general Cienfuegos con una coz jurídica (la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional) y un insulto frontal a la DEA. Es previsible una radicalización de la retórica presidencial para culpar a los Estados Unidos del crecimiento del narcocrimen, la violencia y la inseguridad en el país.
El agravio del presidente mexicano no quedará sin respuesta. Por lo pronto, las autoridades estadounidenses ya declararon que reabrirán el proceso contra el general Cienfuegos. Además, no olvidemos que la vicepresidenta entrante, Kamela Harris, fue Fiscal de California. Por tanto, no será indiferente al soez desplante del mandatario mexicano contra la institucionalidad democrática de su país y el Departamento de Justicia del que fue representante destacada.
La impunidad del ex secretario de la Defensa impuesta por López Obrador a través de una Fiscalía dominada por el Ejecutivo, en respuesta a la presión ejercida por los altos mandos del Ejército, exhibe a un gobierno sometido a la fuerza castrense en un proceso de militarización ascendente, regresivo y con un alto riesgo de corrupción a gran escala, sin excluir la consolidación de un narcoestado. Así de grave.
En su intento por ocultar el sojuzgamiento al poder militar, López Obrador declaró que la DEA fabricó la acusación contra el general Cienfuegos y que los elementos de prueba presentados carecen de valor probatorio para procesar al ex secretario de la Defensa. Acto seguido, ordenó la publicación del expediente confidencial del caso enviado por el gobierno de Estados Unidos, violando el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambas naciones.
Entrevistado por Carmen Aristegui, Mike Vigil, ex director de Operaciones de la DEA, calificó de ridículas y mentiras totales las aseveraciones del presidente mexicano: “Las pruebas contra el general Cienfuegos son contundentes”, no ejercer acción penal contra él es proteger y darle impunidad a un oficial corrupto. Vigil dijo no estar sorprendido por la exoneración del general. “Si no lo iban a procesar, ¿por qué no dejaron al general Salvador Cienfuegos aquí en los Estados Unidos?, ¿tenían temor de lo que iba a declarar?”. En efecto, la presión de la cofradía militar se hizo para defender al exsecretario así como a otros oficiales presuntamente implicados en los delitos de conspiración internacional por narcotráfico y lavado de dinero.
Recordemos que varios generales cercanos a Cienfuegos ocupan altos cargos en la actual Secretaría de la Defensa, entre ellos: el subsecretario, André Foullón; el Jefe del Estado Mayor de Sedena, Homero Mendoza; Alejandro Saavedra, encargado del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (fue jefe de la 35 Zona Militar en Chilpancingo cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa); José Luis Sánchez León, director de la Industria Militar (era el responsable operativo de la zona en la que se dieron las ejecuciones de civiles en Tlatlaya durante la gestión de Cienfuegos); así como el actual secretario de la Defensa, general Cresencio Sandoval, Comandante de la Cuarta Región Militar con sede en Nuevo León durante la administración anterior (Reforma, 17-X-2020).
“Todos los que resulten involucrados en este asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en este gobierno en la Sedena, van a ser suspendidos, retirados y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”, declaró el presidente López Obrador el 16 de octubre pasado. Al día siguiente, ese compromiso quedó borrado.
La promesa de realizar una revisión profunda para acabar con la corrupción y penetración del crimen organizado dentro de las fuerzas armadas sufrió una súbita transformación hacia el penoso sometimiento presidencial ante el poder militar que ha culminado con la exoneración del general Cienfuegos. La 4T y su Fiscalía “autónoma” se han convertido en campeonas de la impunidad castrense y cómplices por omisión de los delitos que se le imputaron al ex secretario de la Defensa en Estados Unidos.
El compromiso fundamental lopezobradorista de “abatir la corrupción” se ha derrumbado junto con la credibilidad del líder carismático que propugnó regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles y terminó entregándoles no sólo la responsabilidad de seguridad pública del país, sino también la administración de las aduanas y la responsabilidad importantes obras de infraestructura que debieran ser realizadas por civiles, como lo mandata la Constitución. Bajo el manto de la opacidad característica de las fuerzas armadas -tan apreciada por el López Obrador- dichas actividades se constituyen en espacios de corrupción potencial a gran escala.
Si a ello se agrega la pretensión presidencial de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), junto con otros organismos autónomos, para manejar el presupuesto federal y seguir otorgando más del 80 por ciento de los contratos gubernamentales mediante adjudicación directa, sin límite ni vigilancia de ninguna especie, el combate a la corrupción podría convertirse en una trágica simulación.
En cuanto a la corrupción vinculada al narcotráfico y el crimen organizado, el panorama es aun más oscuro debido a la violencia, inseguridad social y muerte derivadas de la acción delictiva de los cárteles de la droga. Con la impunidad otorgada al general Cienfuegos y sus presuntos cómplices se pierde la oportunidad histórica que tuvo el presidente López Obrador de investigar y frenar la creciente penetración del narcocrimen en las altas esferas de las Fuerzas Armadas -así como en las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno- que, como lo ha dicho el propio mandatario, han convertido a México en un narcoestado.
En lugar de acometer ese complejo desafío con valentía y patriotismo, el caudillo populista prefirió aliarse y someterse a una milicia corrompida para lucrar política -¿y financieramente?- de ese contubernio. La liberación de Ovidio Guzmán y la exoneración de Salvador Cienfuegos serán dos símbolos ominosos e indelebles de la frustrada “cuarta transformación”.