Meses después de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara el fin de la separación generalizada de niños migrantes de sus padres, la medida sigue siendo un asunto polémico en las cortes y en la frontera al afirmar los detractores que el gobierno comenzó a separar a las familias de inmigrantes desde 2017 y que la práctica continúa hasta la fecha.
En San Diego, California, un juez federal indicó el jueves que está sopesando una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) para responsabilizar al gobierno por la posible separación de miles de niños adicionales después de que un informe revelara que la implementación de dichas prácticas se remonta a julio de 2017.
El juez Dana Sabraw, quien el 26 de junio de 2018 ordenó al gobierno poner fin a la separación de familias y reunir con sus padres a 2.700 niños que estaban bajo custodia federal en ese momento, dijo que esa fecha ya es arbitraria ahora tras el informe del inspector general, que reveló que la política de separación de familias empezó como un programa piloto en El Paso en 2017.
Sabraw dijo que el público tiene derecho a saber qué hizo el gobierno y el alcance de sus acciones. Y preguntó: ¿por qué el caso no habría de “incluir a todos los que supuestamente fueron separados de forma ilegal, por qué ligarlo a una fecha arbitraria del 26 de junio de 2018?”
Dijo que podría haber miles de padres e hijos más que fueron separados.
“Simplemente no lo sabemos”, declaró Sabraw. “No había registros. Esa es la dura realidad”.
Scott Stewart, abogado del Departamento de Justicia, se opuso diciendo que añadir a las demás familias sería una “carga significativa” para el gobierno y “llevaría el caso hasta otra galaxia” después de que las autoridades han “hecho todo lo posible por corregir este error”.
El juez dijo que pronto emitirá su fallo.
En tanto, el Texas Civil Rights Project difundió el jueves un informe en el que indica que el gobierno sigue separando a familias de migrantes. En el texto se enlistan 272 separaciones en una sola corte de Texas desde junio pasado, cuando Trump emitió, en medio de la indignación pública, el decreto de poner fin a la práctica de separación de familias.
La gran mayoría de los casos afectan a niños que cruzan la frontera desde México con familiares que no son sus padres, tales como abuelos, tíos y hermanos adultos.
En 38 de los casos se trataba de un padre o guardián legal, la mayoría de los cuales tenían antecedentes penales, según el grupo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sostuvo en un comunicado que el grupo incluía incorrectamente casos de otros familiares porque la Ley de Seguridad Nacional “no hace concesiones para personas que no sean un padre o guardián legal”. La CBP incluye a la Patrulla Fronteriza, que detiene a las personas que ingresan a Estados Unidos sin autorización.
“Lo que está pasando es que el gobierno realiza las separaciones unilateralmente sin un proceso que las cuestione y sin que un experto en bienestar infantil las supervise”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
Uno de los temores, dijeron Gelernt y otros, gira en torno a la suerte de los niños entregados a familiares en acuerdos que nunca fueron formalizados.
En un caso descubierto por el Texas Civil Rights Project, un niño guatemalteco de 11 años fue separado de su tío, que era su guardián, porque su padre no tenía participación en su vida y su madre había muerto de cáncer, dijo Efren Olivares, abogado del proyecto.
“Son situaciones muy difíciles, sobre todo porque la posición del gobierno es que no tiene la responsabilidad de reunirlos porque no es el guardián legal”, afirmó.
Desde mediados del año pasado los abogados del proyecto concurren casi a diario al tribunal en McAllen a hablar con adultos acusados de entrar sin autorización a Estados Unidos y preguntarles si han traído niños. McAllen se encuentra en el Valle del Río Grande en el sur de Texas, el sitio más concurrido para los cruces clandestinos de la frontera.
Las autoridades de inmigración dicen que la ley contra el tráfico de personas los obliga a procesar a los niños que llegan sin un padre o guardián legal como “menor no acompañado”, aunque los acompañe un adulto que no sea lo uno ni lo otro.
“A falta de verificación de que un adulto es el padre o guardián legal de un menor, la CBP seguirá dando prioridad a la seguridad del menor y cumpliendo con las disposiciones de ley”, dijo el organismo.
Los menores centroamericanos no acompañados generalmente son enviados a instalaciones del gobierno, mientras que los adultos podrían ser detenidos y procesados por ingreso ilegal al país. Las autoridades también pueden separar a los niños de sus padres si consideran que es lo más conveniente para el menor, sobre todo cuando el padre tiene antecedentes penales.
Gelernt dijo que el gobierno debería ocuparse de determinar si el pariente adulto tiene al niño a su cargo.
“No se puede dar por sentado de que uno simplemente se lleve al niño si el adulto no es el padre biológico o adoptivo”, dijo el abogado.
Legisladores federales visitaron el martes una instalación de emergencia para niños migrantes en Homestead, Florida, ampliada desde que el Departamento de Salud cerró una instalación en Tornillo, Texas, bajo presión de la opinión pública.
La representante demócrata Debbie Mucarsel-Powell dijo que habló con una niña detenida nueve meses antes al ser separada de su tía. Había 1.575 niños en el lugar la semana pasada.
Otra representante demócrata, Donna Shalala, dijo que la definición oficial de “menor no acompañado” era demasiado estrecha y provocaba separaciones innecesarias.
“Si uno no llega con un padre sino con una tía, tío, primo o hermano, lo clasifican como no acompañado”, dijo Shalala, ex secretaria de Salud y Servicios Humanos. “Debemos ser mucho más rápidos en reunir a estos niños con sus familiares”.
El gobierno dijo en diciembre que separó a 81 niños migrantes en la frontera desde el decreto de junio. Según datos del gobierno, 197 adultos y 139 menores fueron separados entre el 19 de abril y el 30 de septiembre porque no eran familiares de los mayores, aunque se tratase de abuelos u otros parientes que no pudieron demostrarlo.
El inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo el mes pasado que 118 niños fueron separados de sus padres entre el 1 de julio y el 7 de noviembre.