Los cuatro policías detenidos por el feminicidio de Victoria Salazar, mujer migrante que fue asesinada por la fuerza utilizada por los uniformados al detenerla en Tulum, podrían ser liberados, denunciaron las organizaciones que acompañan el caso.
Este martes, el juez de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, llevará a cabo una audiencia en la que se revisará la continuidad de la detención de las cuatro personas imputadas, advirtieron la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asylum Access México y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), quienes representan a la familia de Salazar.
La salvadoreña fue asesinada el 27 de marzo de 2021 en la vía pública por cuatro policías municipales en Tulum. La migrante contaba con una visa humanitaria por violencia de género desde 2018.
Después de que el video de su muerte se viralizara, los oficiales Miguel “C”, Juan “C”, Raúl “L” y Verónica “V” fueron acusados y vinculados a proceso por el delito de feminicidio. Actualmente se encuentran en prisión preventiva, pero aún no han sido sentenciados.
La FJEDD e IMUMI advirtieron que dejar en libertad a los elementos señalados representa un “riesgo para la continuidad del proceso”, además de ser una señal de impunidad. Asimismo, apuntaron, podría significar que “la justicia no llegará para Victoria y su familia”.
“Exigimos que se cumpla con el compromiso asumido, de que el caso no quede impune, garantizando el debido proceso y el derecho de la familia de Victoria a la verdad, justicia y reparación”, concluyeron en un comunicado.
El pasado 27 de marzo se cumplieron dos años del crimen. Sin embargo, aún no se ha dictado sentencia. Asimismo, aún sigue pendiente la reparación del daño y no se ha trabajado en el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se constató el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías, a pesar de que esta se emitió desde el 24 de agosto de 2021, apuntaron.
En contraste, organizaciones han denunciado dilación en el proceso y falta de perspectiva de género en el mismo.
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