La vacuna de AstraZeneca ya tiene destinatarios. La comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, integrado por técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, ha decidido este martes que se pinche a trabajadores esenciales, entre los que se incluyen: fuerzas y cuerpos de seguridad (policías nacionales, autonómicas y locales, y Guardia Civil); personal de emergencias (como bomberos o protección civil, además de funcionarios de prisiones); fuerzas armadas; docentes, personal de educación infantil, necesidades educativas especiales, y profesores de primaria y secundaria.
Son las modificaciones que se han hecho al plan de vacunación en vigor hasta ahora, ya que tras la primera fase (residencias, personal sanitario y grandes dependientes) era el turno de los mayores de 80 años, a quienes no se inyectará el fármaco de AstraZeneca por no haber probado su eficacia en ellos. La comisión de Salud Pública ya acotó la semana pasada que el fármaco iría destinado a personas de entre 18 y 55 años, pero todavía no se había pronunciado sobre los grupos concretos a los que iría destinados. Ante esta inconcreción y con las dosis llegando a las comunidades, algunas, como Cataluña, ya habían anunciado que comenzarían a vacunar a estos colectivos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha advertido este martes de que el proceso será igual en toda España y que los grupos los determinaría el comité de Salud Pública.
El remedio de AstraZeneca también irá destinado a sanitarios que no estén en primera línea, tal y como anunció hace unos días el ministerio ante la llegada de dosis el pasado fin de semana. Lo que no había hecho era concretar quiénes eran estos profesionales. En la reunión de este martes se ha acotado a, entre otros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y de centros de día.
Para todos estos grupos irán destinadas las 1,8 millones de dosis que España espera recibir en febrero, a falta de confirmar el número de los próximos meses. Este proceso se realizará en paralelo a la fase 1, que va concluyendo entre residencias y sanitarios, y está comenzando ya entre grandes dependientes en algunas comunidades. Antes de que estos acaben, también se iniciará la vacunación entre mayores de 80 años. Cada grupo se va solapando con el anterior para que el proceso sea fluido. Cuándo comiencen los ancianos dependerá de cada comunidad autónoma. Galicia, por ejemplo, ya ha anunciado que lo hará desde el 22 de febrero.
En la decisión final sobre las vacunas de AstraZeneca los expertos han descartado pinchar esta vacuna a enfermos vulnerables menores de 55 años, tal y como venían reclamando algunas sociedades médicas. El problema, como señala José Luis Barranco, de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, es que la vacuna tampoco se probó en personas con algunas de las patologías que las hacen más susceptibles a contraer la enfermedad más severa.
El grupo más numeroso de los incluidos es el de los docentes, unos 760.000 entre infantil, primaria y secundaria, según cálculos sindicales. Son más que fuerzas de seguridad (unos 240.000), militares (unos 120.000), funcionarios de prisiones (unos 23.000) y bomberos (unos 20.000) juntos. Aunque se daba por descontado que estos últimos quedarían entre el personal esencial que recibiría la vacuna, no estaba tan claro qué sucedería con los profesores, ya que cuando se congeló la economía en el primer estado de alarma, no fueron una actividad esencial: las clases presenciales estaban congeladas.
Varios sindicatos de profesores habían reclamado en las últimas semanas que los docentes fueran incluidos entre los grupos prioritarios a vacunar. “Las autoridades sanitarias tienen que tomar las decisiones con criterios epidemiológicos, nosotros no lo vamos a cuestionar. Lo que sí pensamos es que si queremos mantener los centros educativos abiertos, y no hace falta insistir en la importancia que ello tiene para el alumnado, sobre todo para el más vulnerable, y tener una presencialidad segura, vacunar a los profesores ayudará”, afirma Francisco García, secretario general de Enseñanza de CC OO.
En lo que va de curso, los centros educativos han resultado más resistentes al virus de lo que la mayoría de expertos esperaba. El porcentaje de aulas confinadas, el único indicador homogéneo que ofrecen todas las autonomías, osciló en el primer trimestre del curso entre el 0,7% y el 2% del total. Después de las vacaciones de Navidad, las cuarentenas crecieron rápidamente, pero el aumento empezó a ceder la semana pasada y el viernes la porción de aulas confinadas se situó en el 1,4%.
Simón insistió el lunes en que los alumnos, sobre todo los adolescentes, se contagian menos cuando están en los centros educativos que fuera de ellos, gracias al cumplimiento de los protocolos de uso de mascarilla y distancia interpersonal, así como a la vigilancia a la que están sometidos durante la jornada escolar. Ese bajo nivel de infecciones dentro de colegios e institutos explica que el Gobierno y las comunidades autónomas hayan estado de acuerdo hasta ahora en mantenerlos abiertos mientas otros países que también se resistían a cerrarlos, como Alemania, el Reino Unido y Portugal, acababan haciéndolo.
“Me parece que los profesores están menos expuestos que otros grupos, por el tipo de personas con que se relacionan, los niños, que son menos infecciosos”, afirma el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat. “Pero es cierto que han asumido un rol muy importante, gracias a ellos podemos mantener las escuelas abiertas y darles una cierta seguridad, subiéndolos un par de puestos en la lista de prioridades, no me parece una mala decisión. Siempre y cuando los ancianos y los enfermos vayan antes. Y los docentes, cuando su edad lo permita, reciban la vacuna que la población mayor no puede recibir”, añade Bassat, investigador del instituto de Salud Global de Barcelona.
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