La Cámara baja del Parlamento polaco, el Sejm, ha dado el primer paso hacia el desbloqueo de los 35.400 millones de euros del plan de recuperación nacional por la pandemia. La Comisión Europea no ha comenzado aún a transferir a Varsovia estos fondos por el deterioro del Estado de derecho impulsado por el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS). A unos 10 meses de las elecciones parlamentarias, con la inflación disparada y unas perspectivas económicas inciertas, un Ejecutivo necesitado de dinero europeo ha decidido profundizar en las reformas judiciales acordadas con Bruselas para garantizar la independencia de los jueces y modificar el sistema sancionador de los magistrados.
Después de tres días intensos de sesiones parlamentarias, el Sejm ha dado luz verde al texto propuesto por el PiS con el rechazo de los partidos de la derecha, especialmente llamativo, en el caso de Solidarna Polska (Polonia Unidad), su socio de coalición. La oposición ha echado una mano para que la propuesta saliera adelante, con una abstención mayoritaria pese a que el texto no ha incorporado sus enmiendas. “Es un compromiso difícil. Pero queremos poner fin a la disputa con Occidente. El verdadero enemigo está en el este”, ha manifestado el primer ministro, Mateusz Morawiecki (del PiS), tras la aprobación del proyecto de ley, según declaraciones recogidas por Gazeta Wyborcza.
En el mismo año en el que pretenden desalojar del poder al partido que dirige con mano de hierro Jaroslaw Kaczynski, la oposición no quiere ser señalada como responsable del bloqueo de la financiación europea. Sus líderes insistían en la idea de que harían todo lo posible para garantizar que estos fondos llegaran a Polonia. La reforma judicial tiene que pasar todavía por el Senado, donde la oposición tiene mayoría, antes de llegar a la mesa del presidente polaco, Andrzej Duda.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha supeditado las transferencias de fondos europeos a la implementación de lo acordado con Varsovia. “Los cambios tienen que ponerse en marcha”, ha dicho en una rueda de prensa en la ciudad sueca de Kiruna después de conocer la decisión del Parlamento. “Eso llevaría entonces al desembolso”, añadió. “Pero antes de nada, la implementación y la soluciones legales son cosa de Polonia”, insistió, informa María R. Sahuquillo.
Después de emprender en junio algunos cambios insuficientes para acceder a los fondos —como el cierre de la polémica sala disciplinaria de los jueces en el Tribunal Supremo—, el proyecto legislativo traslada ahora los casos disciplinarios contra los jueces al Tribunal Supremo Administrativo, al que se le presupone más independencia. Desde octubre de 2021, Polonia está obligada a pagar una multa diaria de un millón de euros a Bruselas a cuenta de las actividades de esa sala disciplinaria. Está por ver si la solución propuesta ahora por Varsovia de cambiar de tribunal convence a los líderes comunitarios.
La propuesta aprobada ahora por el Parlamento impide también que se emprendan acciones disciplinarias contra los jueces por sus sentencias o por cuestionar la independencia de los conocidos como neojueces. Estos magistrados son nombrados por órganos como el nuevo Consejo Nacional Judicial, considerado por las principales asociaciones de jueces como un órgano al servicio del Gobierno, como el Tribunal Constitucional.
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El Comité de Defensa de la Justicia (KOS, en sus siglas en polaco), una organización que reúne a asociaciones de jueces y abogados, considera que la propuesta legislativa “todavía es incompatible con la legislación europea y la Constitución polaca, y no contribuye a cumplir con los hitos” acordados con la Comisión, según un comunicado. El KOS considera que el texto no garantiza de forma efectiva que no se pueda cuestionar el nombramiento de jueces o la legitimidad de un organismo constitucional. También critica que se mantengan las llamadas “pruebas de imparcialidad de los jueces”, porque no permiten “una evaluación justa de las circunstancias de la designación de una persona como juez”. Las reformas propuestas son desde su punto de vista “puramente ilusorias” y no deben convertirse en ley “bajo ninguna circunstancia”.
Choques con Bruselas
La Comisión y el Gobierno del PiS tienen un largo historial de desencuentros a costa del Estado de derecho y el respeto a los valores fundamentales de la UE en asuntos como las personas migrantes, el colectivo LGTBI y los derechos reproductivos de las mujeres. La guerra de Rusia en Ucrania dio una suerte de giro a la relación, que quedó patente cuando Bruselas aprobó el plan de recuperación por la pandemia de Polonia el 1 de junio de 2022. La Comisión, que reconoce el papel del país en el envío de ayuda humanitaria y militar en Ucrania y la acogida de cientos de miles de refugiados, estableció una serie de condiciones, organizadas en hitos, antes de transferir los fondos. La independencia judicial y el sistema de sanciones a los jueces son algunas de ellas.
Una de las misiones que el PiS se fijó al llegar al poder en 2015 fue transformar la justicia mediante una reforma profunda para hacerla más eficaz, y renovar una judicatura que consideraba herencia del comunismo. Renunciar a esa bandera es difícil de tragar para algunos sectores de la derecha en el poder, que consideran la aceptación de las peticiones de Bruselas como una pérdida de soberanía. Pero sobre todo es inaceptable para Polonia Unida, la formación euroescéptica liderada por el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, autor de la reforma judicial. El ministro ha acusado esta semana a la Comisión Europea de emplear “los métodos de un grupo del crimen organizado”. Pese a que el socio de coalición cree que el PiS se ha rendido al “chantaje” de Bruselas y ha prometido hacer todo lo posible para que el proyecto de ley no se aplique, tanto Ziobro como Morawiecki aseguran que seguirán gobernando juntos.
La clase política tiene la mirada puesta en las elecciones previstas para octubre o noviembre. Con unas encuestas cada vez más desfavorables para el PiS, la inflación disparada en el 16,6% en diciembre y la crisis energética agravada por la guerra en el país vecino, el Gobierno necesita más que nunca los fondos europeos. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, consideró el borrador del proyecto de ley “un paso prometedor hacia el cumplimiento de los compromisos del plan de recuperación polaco”, según compartió en un tuit el 7 de enero. Un mensaje cauto antes de analizar el texto definitivo, que el ministro para asuntos de la UE, Szymon Szynkowski vel Sek, pidió a los parlamentarios no tocar para no salirse de lo acordado con Bruselas. El Gobierno espera que el texto cuente con el beneplácito de la Comisión, pero también se muestra cuidadosa.
Antes de llegar a la Comisión, el proyecto de ley tiene que recibir el visto bueno del presidente. El escepticismo que mostró Duda en diciembre sobre la constitucionalidad de algunos puntos del texto, cuando el Parlamento iba a abordar el proyecto, y que el PiS no tenía clara una mayoría parlamentaria, sacaron la iniciativa de la agenda de fin de año. Como presidente, Duda puede sancionar el proyecto, vetarlo o enviarlo al Tribunal Constitucional para que lo examine.
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